¿Arancel a Hollywood por rodar en Almería? Por qué la última 'trumpada' necesita ingeniería fiscal

Hace una semana, Donald Trump lanzaba en Truth Social un mensaje que anticipaba una distopía fiscal para toda la industria del cine. El republicano anunciaba su intención de imponer un arancel del 100% a las películas extranjeras exhibidas en Estados Unidos.

Lo hizo con su estilo habitual: apelando al orgullo nacional, denunciando incentivos fiscales “hostiles” de otros países y proclamando que “la industria cinematográfica en América está MURIENDO”. Este chillido causó pánico entre los grandes agentes de Hollywood. El lunes, los valores en Bolsa de empresas como Netflix se desplomaron y la inquietud no tardó en cruzar fronteras, encendiendo las alarmas en los arquitectos legales que diseñan películas y series más allá de los guiones.

En los despachos españoles ya se percibe inquietud. “Estamos atentos a los movimientos de Estados Unidos. Europa ya está tomando medidas. El ministro de Cultura tratará este asunto en la próxima reunión del martes. Es importante tener en cuenta las definiciones que se hagan en EE. UU. sobre el arancel y las producciones audiovisuales”, explica Helena Suárez, socia de Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho Audiovisual de Ecija.

La abogada reconoce que sus clientes, entre los que figuran partícipes en películas premiadas en los Oscar y éxitos en plataformas, “se están moviendo a nivel asociativo, puesto que no hay medidas legales concretas a evaluar”.

“Aunque no hemos recibido consultas específicas sobre este tema en el mundo del cine, sí percibimos una creciente preocupación entre nuestros clientes ante los cambios regulatorios en EEUU”, advierten Patricia Miralles, socia y responsable del área Fiscal y Tributario de Lener Abogados, y Nuria Estévez, asociada del mismo despacho.

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Ambas expertas coinciden en que la amenaza de un arancel del 100% podría tener un impacto directo no solo en producciones internacionales, sino también en aquellas financiadas por estudios estadounidenses que deciden rodar fuera de su país, como ocurre con frecuencia en España. “Esta práctica es común para aprovechar incentivos fiscales y ventajas técnicas y logísticas. La introducción de un arancel de este tipo alteraría el equilibrio financiero de muchos proyectos”, explican.

No se trata, además, de ejemplos menores. En 2024, un tercio de los largometrajes de estudios de Hollywood filmaron parte de su metraje fuera del país, según datos de la Motion Picture Association. Las razones se dividen entre costes más bajos, personal especializado y, sobre todo, generosos incentivos fiscales.

España se ha convertido en uno de los destinos favoritos, casi una especie de paraíso fiscal para rodajes, con deducciones como las de las Islas Canarias, que alcanzan el 45% para producciones internacionales. Pero ahora, plataformas como Netflix, Amazon o Disney podrían verse forzadas a renegociar contratos, aplazar rodajes o incluso cancelar proyectos si el arancel avanza sin un marco legal claro.

Un escenario incierto

Es ahí donde el terreno se vuelve más pantanoso. Algunos expertos jurídicos —que prefieren no aparecer citados por la inquietud generada entre sus clientes— explican que, en teoría, “los aranceles se aplican a bienes físicos que cruzan una frontera. Pero en el caso del cine, estamos ante productos culturales intangibles que no entran físicamente en EEUU, sino que se distribuyen digitalmente o por exhibición en salas”. Esto obliga a reformular completamente el concepto de “importación”. ¿Se puede considerar como tal el acceso a una plataforma en streaming o un acuerdo de exhibición comercial? “Podrían definirse nuevos criterios jurídicos para que el mero acceso al contenido se entienda como entrada en el país”, apuntan.

La propia Suárez coincide en la dificultad técnica de la propuesta. “La situación es incierta. Hasta ahora, solo se ha emitido un tuit y no se han definido los detalles del arancel, lo que hace complejo responder a todas las cuestiones planteadas”, señala. Recuerda que parte del debate pasa por cómo califica EEUU este tipo de producciones. “Algunas opiniones sugieren que la producción audiovisual podría considerarse un servicio y no un bien, lo que haría inviable un arancel en los términos tradicionales”.

“Aunque en teoría los aranceles se aplican a bienes físicos, no sería extraño que en el desarrollo de esta medida se contemplaran fórmulas indirectas que permitieran gravar económicamente este tipo de contenidos. Pero ello dependerá de cómo se acaben concretando estas medidas en la normativa de EEUU”, coinciden desde Lener.

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La Spain Film Commission, por su parte, también se ha pronunciado. Su presidente, Juan Manuel Guimeráns, cree que los aranceles tendrían un “impacto” para el ecosistema audiovisual europeo, pero confía en la “capacidad competitiva de la industria española” y en una respuesta comunitaria si el plan sigue adelante. España, recuerda, no solo ofrece localizaciones atractivas, sino también seguridad jurídica, infraestructuras de primer nivel y una fiscalidad estable que ha convertido al país en una plaza estratégica para el audiovisual global.

Lo que está en juego no es solo el futuro de los rodajes, sino la viabilidad de un modelo de negocio. “Muchos proyectos, especialmente los independientes, basan su financiación en préstamos que anticipan ingresos futuros en mercados clave como el estadounidense”, señala la socia de Ecija.

La introducción de un arancel de esta magnitud podría hacer que algunas películas no se produzcan nunca. “Ya hemos visto en otros sectores cómo las empresas estudian cómo amortiguar restricciones o sobrecostes derivados de cambios normativos. En este caso, si, por ejemplo, se imponen penalizaciones a la producción extranjera, podrían diseñarse nuevas estructuras en las que aquella se ubique en una jurisdicción y otras partes de la actividad, como la comercialización o el rodaje, en otras”, afirman por su parte Miralles y Estévez.

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Las socias de Lener, además, ponen el foco en que España se ha convertido en un hub mundial de producción de cine al generar un entorno especialmente atractivo. “Resulta paradójico que, mientras se consideran medidas para gravar contenidos audiovisuales producidos fuera de EEUU, cada vez son más las figuras destacadas de la industria del cine estadounidense que deciden establecerse fuera del país, como ha sucedido con Richard Gere o Viggo Mortensen en España, que se ha convertido en un destino habitual no solo para rodajes, sino también para talento internacional que busca calidad de vida, conectividad con Europa y un marco fiscal razonable. Al final, queda claro que las decisiones sobre fiscalidad y movilidad internacional ya no se toman por separado”.

Sin detalles, todavía

Una semana después del anuncio, Trump no ha aportado detalles. La Casa Blanca ha dicho que “no se han tomado decisiones finales”, pero que se están explorando “todas las opciones” para cumplir con el mandato presidencial de “salvaguardar la seguridad nacional y económica del país mientras se hace Hollywood grande otra vez”. Entre las opciones que baraja el entorno del expresidente figura también la creación de incentivos fiscales federales para rodajes en suelo estadounidense, aunque el enfoque actual sigue siendo punitivo.

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Lo que empezó como una proclama nacionalista podría convertirse en un quebradero de cabeza técnico sin precedentes. Si no se diseña con precisión, el arancel corre el riesgo de ser ineficaz, de alimentar la burocracia y de convertirse en el mayor ataque indirecto contra una industria que, paradójicamente, ha sido una de las más rentables para EEUU en términos de balanza comercial.

Un caos sumado a Pilar II

Como si no fuera suficiente con la incertidumbre regulatoria del arancel, las producciones audiovisuales se enfrentan además a otro escollo fiscal con el impacto de Pilar II, la normativa de imposición mínima global.

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Isabel Hidalgo, socia de EY, alerta de que los incentivos fiscales existentes en España, como la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, pueden perder parte de su eficacia en este nuevo marco. "A efectos de Pilar 2, su efecto más directo es la minoración del tipo efectivo calculado conforme a las reglas de imposición mínima, pudiendo hacerlo caer por debajo del 15% si el importe de la deducción es suficientemente relevante", explica. "En tal caso, la consecuencia es clara: si por aplicar un crédito fiscal para actividades audiovisuales el tipo efectivo queda por debajo del 15% y se devenga un impuesto complementario, se estaría perdiendo -al menos en parte- el incentivo fiscal generado".

Además, Hidalgo añade que la configuración actual de estas deducciones no permite equipararlas a los incentivos que Pilar II considera reembolsables o transmisibles —que gozan de un tratamiento fiscal más favorable—, lo que deja a España en una posición menos competitiva. "Para preservar la potencia actual de la deducción como incentivo fiscal en aquellos grupos incluidos en el alcance del Pilar 2, sería necesario reconfigurar el crédito para encajarlo en alguna figura que recibe un tratamiento preferente a efectos del cálculo del Pilar 2", concluye.