El caso Celsa se repite en Murcia: la familia Griñó toma el control del Grupo Rator

El caso Celsa se repite en Murcia. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha acordado homologar el plan de reestructuración del Grupo Rator impulsado por el Grupo Griñó como inversor y los bancos acreedores Santander, Caixabank y March, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial. Rator es el holding de la familia Gil Buendía que controla Azor Ambiental, compañía de reciclaje de plomo.

La homologación del plan de reestructuración permite a Griñó, dedicado al tratamiento y valorización de residuos, tomar el control del Grupo Rator a través de una capitalización de deuda y sacar del accionariado a los dueños, la familia Gil Buendía. El caso guarda semejanzas con Celsa, aunque en esta ocasión los bancos han jugado un papel proactivo. En el procedimiento, Griñó ha estado asesorado por Gómez-Acebo & Pombo y Santander y Caixabank han contado con Cuatrecasas. KPMG ha sido el experto en reestructuración.

La solicitud de homologación del plan de reestructuración incluye un plan de viabilidad hasta 2030 en el que se detalla que Rator cuenta con un nivel de ventas consolidadas positivas en los últimos años, si bien los resultados son negativos por el elevado endeudamiento que arrastra. Ese plan, basado en las cuentas anuales de los últimos años, hace una estimación de las ventas hasta 2030 y apunta que la no aprobación de la reestructuración abocaría a la compañía a mantener las pérdidas. El juez, tras apuntar que los socios no han desacreditado el plan ni aportado pruebas que lo cuestionen, concluye que el plan de reestructuración será viable hasta 2030.

El plan cuenta con el apoyo total de los acreedores financieros, cuya deuda con la compañía ascendía a 48 millones de euros. Conforme al plan, las entidades bancarias cederán parte de su posición financiera a Griñó por una cantidad fija de 12 millones de euros y otra variable de hasta 5 millones de euros. Para garantizar las obligaciones derivadas de los contratos financieros se otorgaron una serie de garantías que han llevado a que casi todos los activos productivos de Rator estén gravados con hipotecas o prenda mobiliaria. La homologación del plan permite reducir en más de 80 millones la deuda del grupo.

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Los hasta ahora socios habían impugnado el plan alegando, entre otros motivos, que se había incluido a la filial Elacon (propietaria de las naves e instalaciones) en el grupo consolidado de forma incorrecta, que Rator no está en insolvencia actual ni inminente, que el valor de la compañía no es negativo, que el plan no garantiza la viabilidad en el medio y largo plazo y que no hay un trato paritario entre los acreedores afectados por el plan.

El juez, que rechaza todas las alegaciones, se muestra sorprendido de que Rator señale que no está en insolvencia cuando las sociedades afectadas del grupo solicitaron el concurso de acreedores días después de que se presentase la homologación del plan. A su juicio, no hay duda de que la solicitud de concurso es un reconocimiento de la insolvencia.

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Una vez más, los informes periciales han sido determinantes a la hora de inclinar la balanza a un lado o al otro. El informe presentado por los accionistas concluye que las compañías afectadas, restando la deuda financiera, tienen un valor positivo de 12,3 millones que les correspondería, por lo que no procede su expulsión del accionariado.

Por su parte, los acreedores han presentado otros informes firmados por Baker Tilly y KPMG que acreditan el valor negativo de la compañía. El de Baker Tilly apunta que las sociedades tienen un valor negativo de 37,07 millones de euros, y que Elacon tiene un valor de 4,7 millones de euros. El de KPMG concede un valor negativo de 28,29- 27,81 millones de euros en un escenario base y un valor negativo de 23,38-22,42 millones de euros en un escenario optimista, y que Elacon tiene un valor de 5,15 millones de euros.

Tras analizar todos los informes y las críticas que hacen de ellos los diferentes peritos, el juez concluye que el informe de los socios presenta errores en cuanto a ciertos datos que impiden darle credibilidad. Al mismo tiempo, considera que los informes de Baker Tilly y KPMG están mucho más detallados y beben de las fuentes adecuadas, por lo que resultan creíbles.

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Uno de los principales errores del informe de los socios, según señala el magistrado, es que no ha tenido en cuenta el pago de impuestos de Azor, lo que supone un importante fallo metodológico.

El juez concluye la sentencia con una advertencia a los socios para que colaboren en la ejecución del plan y recordando que, de no hacerlo, se exponen a la intervención de las fuerzas de orden público. Por último, cabe señalar que los acreedores presentaron en octubre una oferta a los socios que les permitía retener un 5% de la compañía, pero fue rechazada. Finalmente, los acreedores se quedarán la totalidad de la compañía en este nuevo caso Celsa.