El bufete del 'Spanish pickpocket' acusa a Hacienda de acoso a contribuyentes extranjeros

El bufete de abogados británico Amsterdam Partners ha elaborado un estudio en el que se acusa a Hacienda de abusos sistemáticos y violación de los derechos humanos por el trato que dispensa a los extranjeros que se trasladan a España y a los que se aplica la "Ley Beckham".

El informe de 88 páginas, que en inglés lleva como título "Spanish Tax Pickpockets", literalmente "Carteristas de Hacienda", ha sido elaborado por el socio del bufete Amsterdam Partners Robert Amsterdam y el exasesor en materia fiscal de los primeros ministros británicos Tony Blair y Gordon Brown Christopher Wales.

Entre otras acusaciones, el documento asegura que Hacienda presiona a los afectados para que paguen inmediatamente o acepten un acuerdo; además, señala a los inspectores de la Agencia Tributaria, que reciben incentivos financieros "a través de un esquema de bonificaciones que asciende a 1.200 millones de euros, que premia la recaudación de impuestos adicionales".

El despacho acusa a Hacienda de atacar "sistemáticamente" a los extranjeros que trasladaron su residencia a nuestro país bajo el programa de incentivos fiscales de la "Ley Beckham".

Se trata de un régimen fiscal especial que permite a los contribuyentes extranjeros que se trasladen a España pagar una cuota fija del IRPF independientemente de cuáles sean sus ingresos.

Según ha asegurado Robert Amsterdam en la presentación del informe, se ha creado "un clima de miedo e intimidación totalmente impropio de un país democrático", al haberse vulnerado derechos fundamentales de muchos contribuyentes extranjeros, que han visto arruinadas sus vidas "con total impunidad". Para defenderse del acoso de Hacienda, es preciso acudir a los tribunales y emplear "entre 5 y 8 años" en el pleito, ha dicho Amsterdam.

La administración elige a celebridades "como Shakira, o Messi", y les coloca en una situación insostenible, lo que supone también una medida de presión para los contribuyentes españoles; el abogado no ha querido concretar a cuántos clientes representa en España, "por precaución".

La administración elige a celebridades "como Shakira, o Messi", y les coloca en una situación insostenible

Todo esto perjudica "la democracia española" y pone en cuestión "una Constitución aún joven", ha dicho Amsterdam, que ha acusado a España de emplear los impuestos "como un arma política" y que lleva a muchos contribuyentes extranjeros a pasarse la vida intentando recuperar su patrimonio.

Amsterdam ha asegurado que España "no se puede permitir tratar así a los extranjeros", dada su absoluta dependencia del turismo en la economía, además de recordar que el país necesitará "millones de inmigrantes en los próximos años".

Christopher Wales, por su parte, ha recordado que es "socialdemócrata, no ultraliberal", así como su trabajo con los gobiernos laboristas de Blair y Brown, por lo que ha rechazado que se le pueda acusar de animadversión con el Gobierno de España.

Amsterdam ha asegurado que España "no se puede permitir tratar así a los extranjeros"

Se trata de garantizar la seguridad jurídica de todos, extranjeros y nacionales, ha indicado, además de afear que Hacienda no se guía por criterios técnicos sino más bien políticos.

Wales ha puesto en duda que "todos los contribuyentes tengan los mismos derechos en España", al estar "inermes" ante programas informáticos impersonales y actuaciones de Hacienda "prácticamente ininteligibles", de cientos de páginas que nadie es capaz de desentrañar.

Hacienda responde

Fuentes de la Agencia Tributaria han cargado contra lo que consideran una campaña de desprestigio de este bufete, que en los últimos meses ha publicado anuncios en la prensa internacional advirtiendo de "carteristas fiscales españoles" en las comprobaciones de la aplicación de la ley.

Ante las acusaciones de Amsterdam Partners, la Agencia Tributaria defiende que no hay una especial atención inspectora para este régimen fiscal, sino que su aplicación, al igual que la de todos los que implican un beneficio, está sometida a una comprobación, que puede dar lugar a un proceso de regularización y liquidación si se detecta algún incumplimiento.