Pérez-Llorca abre un frente legal por la protección de su emblemática sede

Pérez-Llorca tiene la que probablemente sea una de las sedes más emblemáticas de todos los bufetes de Madrid. Desde 2012, la firma tiene alquilado a Mutua Madrileña el Edificio Castelar, inmueble situado en el número 50 de Paseo de la Castellana. El actual cuartel general del bufete, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz y con una extensión de 6.434 metros cuadrados, se terminó de construir en 1983 sobre el solar del desaparecido palacio del vizconde de la Mata

Hace tres años, el Ayuntamiento de Madrid inició el expediente para regular el grado de protección del inmueble, que inicialmente iba a ser de nivel 1 integral, uno de los más altos posibles. Esta protección se concede a inmuebles de gran calidad que presentan importantes valores arquitectónicos y ambientales. El problema es que durante la tramitación del mismo se consideró que no era suficiente y en octubre de 2023 elevó un grado más la protección, hasta el nivel 1 singular. Se trata de la máxima protección de la que puede gozar un edificio que se considera una obra maestra de la arquitectura, en este caso de la ciudad de Madrid.

La decisión de Madrid de ampliar el catálogo de edificios protegidos para incluir la sede del bufete ha sido recurrida tanto por Pérez-Llorca como por Mutua, que en este caso van de la mano, aunque por ahora sin éxito. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado a finales de febrero los recursos contencioso-administrativos de ambas compañías y ha respaldado la decisión de la Comunidad de Madrid de otorgar al Edificio Castelar el grado máximo de protección, según la sentencia consultada por El Confidencial. La resolución no es firme y todavía está abierto el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque según las fuentes consultadas, Mutua no lo va a hacer.

El problema que genera a Pérez-Llorca y a Mutua que el Edificio Castelar tenga una protección tan elevada es que limita cualquier actualización o reforma que se quiera hacer, además de que supone mayores y más largos trámites administrativos que dificultan su gestión para lo que está destinado, según sostienen las mismas fuentes. El despacho y su casero defienden que el edificio no reúne los requisitos para ser catalogado con ese nivel de protección y no entiende que se pretenda aumentar su nivel de protección de repente. Desde que se acordó el grado de protección del nivel 1 integral hasta hoy el edificio no ha sufrido ninguna modificación, por lo que resulta arbitrario elevar ahora la protección.

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El origen del cambio del grado de protección del edificio está en un dictamen de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) de la Comunidad de Madrid emitido a finales de 2022 y posteriormente ratificado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. El informe de la CLPH propuso "la elevación de su catalogación a grado singular, ya que se considera más acorde con la incoación de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y los valores del edificio".

Apenas unos meses antes, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid había incoado un expediente para declarar el edificio como BIC en la categoría de monumento. En concreto, el expediente fue iniciado en octubre de 2022 y un año después, en noviembre de 2023, se anunció que había quedado caducado. El Colegio Oficial de Arquitectos (COAM) ha sido especialmente activo en los últimos tiempos a la hora de reclamar al Ejecutivo comunitario que declare que se trata de un BIC para proteger la fachada.

En el caso del expediente BIC, Pérez-Llorca defiende que los edificios catalogados como BIC no tienen que conllevar necesariamente el grado máximo de protección. De hecho, señala que hay otros edificios históricos de la capital que son BIC y que gozan de diferentes grados de protección sin necesariamente singulares. En el caso del Edificio Castelar, el bufete asegura que su protección actual es suficiente para preservar sus “valores intrínsecos” y que endurecerlo es “innecesario” y restringe la explotación del inmueble en el que la firma lleva más de una década como inquilino. Por ahora, Pérez-Llorca, Mutua y las autoridades de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento mantienen activas las conversaciones para encontrar una solución que permita casar su nivel de protección con el fin para el que fue diseñado el edificio, que es el de oficinas, según detallan las fuentes consultadas.

Preguntados por este procedimiento, tanto Pérez-Llorca como Mutua Madrileña han declinado hacer comentarios sobre esta información.