Una dimisión en la cúpula de la CIMA sacude las elecciones a la presidencia

Polvorín en la Corte Civil y Mercantil de Madrid (CIMA) en plena renovación de la presidencia. Un vocal de la Comisión de Gobierno de la corte, el órgano de gestión de la entidad, ha presentado su dimisión tras denunciar el torpedeo de la actual dirección a la presentación de una candidatura alternativa, según confirman fuentes del sector legal a El Confidencial.

En concreto, ha sido Juan Carlos Calvo Corbella quien ha dirigido una carta al presidente de la entidad, Juan Serrada, en la que le comunica su dimisión tras apuntar que tanto él como el secretario general han llamado a los asociados con la intención de comprometer su voto antes de que se convocaran las elecciones, las primeras que celebra la corte en los últimos años, y sin comunicar la existencia de una candidatura alternativa.

Y es que por primera vez en casi tres décadas, hay un candidato alternativo. Carlos González-Bueno, abogado del Estado, ha presentado su candidatura para disputar la presidencia de la entidad a Serrada, quien desde 2009 ha renovado su cargo mandato tras mandato al no haber existido nunca una candidatura competidora.

Por primera vez en casi tres décadas, hay un candidato alternativo

El actual mandato de Serrada —cada uno dura cuatro años— vence a comienzos de julio, por lo que las elecciones se celebrarán previsiblemente a lo largo del mes de junio. Por primera vez, los asociados de la corte, alrededor de 150, podrán elegir entre dos candidatos. La candidatura que encabeza González-Bueno está conformada, por ahora, por Luis Gayo del Pozo y Ernesto Benito, ambos también abogados del Estado.

Los estatutos de la CIMA señalan que la elección del presidente incumbe a la asamblea general y que podrán presentarse candidaturas "con ocho días hábiles de antelación" al de la elección, "siempre que vayan firmadas por veinte o más asociados, que sólo podrán suscribir una propuesta".

La CIMA, fundada en 1989, es una corte de arbitraje constituida como una entidad de carácter asociativo privado muy vinculada a la Abogacía del Estado, que ofrece el servicio de resolución arbitral de controversias en materia civil y mercantil.

El Confidencial intentó ayer, sin éxito, contactar con la CIMA para ampliar esta información.