Jordi Fábregas se une a Tomás Dagá y los dos fundadores abandonan Osborne Clarke

La etapa fundacional de Osborne Clarke en España toca a su fin. El despacho ha formalizado en el Registro Mercantil la salida como socios profesionales de Tomás Dagá y Jordi Fábregas, dos de los pilares que levantaron la firma británica en Barcelona. También se ha hecho efectiva la renuncia como socio de Daniel Riopérez, responsable de abrir la oficina de Madrid en 2012, aunque este último continuará vinculado como of counsel.

El adiós de Dagá, uno de los abogados más influyentes del entorno Grifols, era un secreto a voces después del anuncio de su jubilación adelantada por El Confidencial. Su baja como socio, registrada con fecha 4 de abril, se produce en medio del escrutinio sobre las operaciones vinculadas entre la farmacéutica catalana y su red de asesores y sociedades participadas, una nebulosa que le ha situado en el foco de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un día antes, el 3 de abril, también causó baja como socio profesional Jordi Fábregas, hasta ahora responsable financiero del bufete. Desde el despacho confirman que también se trata de una jubilación. Fábregas aparece implicado directamente en el complejo entramado societario de la familia Grifols: fue administrador de Scranton Enterprises, el hólding neerlandés que canaliza buena parte de las participaciones familiares, y actualmente es consejero de Marca Grifols, la sociedad que explota los derechos de la marca y cobra a la compañía un canon millonario anual.

En paralelo, Osborne Clarke ha reconfigurado su sociatura en Madrid con la salida de Daniel Riopérez, experto en fiscalidad y figura clave en el aterrizaje del despacho en la capital. Según fuentes del mercado, su retirada responde tanto a motivos personales —cercanía a la jubilación— como a un repliegue estratégico del equity, en un contexto en el que los lazos del despacho con Grifols son cada vez más incómodos. La farmacéutica está en negociaciones avanzadas con Brookfield para dar forma a una nueva opa, tras el fallido intento del fondo canadiense de tomar el control meses atrás.

Ha reconfigurado su sociatura con la salida de Daniel Riopérez, experto en fiscalidad y figura clave en el aterrizaje del despacho en Madrid

Consultado por este medio, Osborne Clarke se ha limitado a enmarcar estos movimientos como "un formalismo", en referencia a la inscripción de los acuerdos adoptados en la junta general de socios del pasado 2 de enero.

En esa misma junta se aprobó la promoción como nuevo socio de Enric Girona, abogado especializado en fiscalidad internacional, fusiones y adquisiciones, fiscalidad inmobiliaria y venture capital, que se incorporó a la firma en 2014. Según consta en el Registro, Girona figura desde 2022 como apoderado de Juvé & Camps, la emblemática bodega catalana participada por Scranton desde 2017.

En esa misma junta se aprobó la promoción como nuevo socio de Enric Girona, abogado especializado en fiscalidad internacional

Los cambios reflejan la voluntad del despacho de abrir una nueva etapa bajo el liderazgo de los socios directores Miguel Lorán y Jordi Casas, marcando distancias con la etapa anterior y sus vínculos más cuestionados.

Osborne Clarke cerró 2023 con un fuerte crecimiento: la firma ingresó 55,46 millones de euros, un 25% más que el año anterior, y obtuvo un beneficio neto de un millón. Un año impulsado, sin embargo, por su principal cliente. Según reconocen las propias cuentas depositadas en el Registro Mercantil, más de la mitad de la facturación del despacho provino de un único grupo empresarial. Las cifras sitúan a Grifols como origen de, al menos, 27,5 millones de euros en honorarios legales. Un cliente demasiado grande como para ignorarlo... o para incomodarlo.

Dagá sigue en el consejo de Grifols

La jubilación de Dagá del despacho que él mismo fundó no le desvincula del Consejo de Administración de Grifols, donde lleva presente desde abril del 2000. Actúa en calidad de "otro externo", una categoría especial que le permite estar en este órgano pese a haber excedido el periodo de doce años fijado como límite por el código de buen gobierno para ser considerado "independiente".

No se desvincula del Consejo de Administración de Grifols, donde lleva desde abril del 2000

Aunque su permanencia en el Consejo de Administración ha suscitado quejas entre algunos accionistas. Principalmente por parte de Mason Capital, Sachem Head y Flat Footed, que han exigido su salida en varias ocasiones, acusándole de conflicto de intereses. Estos fondos activistas también cuentan con un representante en el órgano de gobierno: Paul S. Herendeen, en calidad de dominical.

Tal y como adelantó El Confidencial en enero, Mason Capital pidió explicaciones a la CNMV sobre la relación de Dagá con Grifols y con el propio despacho. Le reclamó hacer públicos los honorarios abonados a Osborne Clarke por la farmacéutica en los últimos 15 años y las cantidades percibidas por el consejero en ese mismo periodo, entre otras exigencias a las que el regulador todavía no ha dado respuesta.

El socio fundador de Mason Capital, Kenneth M. Garschina, llegó a conceder una entrevista a Bloomberg News en la que insistía en que "quiere que se sustituya el consejo de administración de Grifols", refiriéndose al "veterano director y viejo amigo de la familia fundadora" Dagá, al que acusó de "conflicto de intereses y de actuar en el consejo como apoderado de la familia, propietaria de un tercio de la empresa".