Una red de 'chivatos' y abogados: así persigue CrossFit a los gimnasios que usan su marca sin permiso

FORGING ELITE FITNESS. En mayúsculas, en inglés y con aroma a eslogan militar. El lema de CrossFit no solo resume su filosofía de entrenamiento funcional extremo, convertido en religión por miles de fieles en mallas manchadas de magnesio. Es, también, una marca registrada. Una enseña que la compañía estadounidense defiende como si fuera un box sitiado: con uñas, dientes y, por supuesto, abogados.

CrossFit Inc., fundada en California en el año 2000 por Greg Glassman, un exgimnasta con ideas un tanto excéntricas sobre la preparación física, lleva más de dos décadas librando una guerra silenciosa –y persistente– contra los gimnasios que utilizan su nombre sin licencia. Las grandes cadenas no suelen jugársela y, o bien pagan la licencia de uso o no la utilizan. Así que los objetivos principales son los locales de barrio. Y como si fuera un WOD (Workout of the Day), lo que empieza con una advertencia suele acabar, si hace falta, con una batalla judicial.

“CrossFit defiende activamente su marca para evitar el aprovechamiento indebido de su prestigio y el engaño a los consumidores por parte de gimnasios no certificados”, explica Carlos Morán, socio de Elzaburu, el despacho que representa a la empresa en España desde 2015. El abogado señala que no se trata de dinero, sino de "proteger el concepto que hay detrás de la marca".

El precio de formar parte del club son 4.000 dólares anuales (alrededor de 3.500 euros), lo que permite obtener una licencia oficial para sumarse a una comunidad global que supera los 12.000 afiliados en todo el mundo, más de 600 de ellos en España, y, muy importante para atraer público, poder utilizar el reclamo de que lo que se practica en ese local es CrossFit. A eso hay que añadir que los entrenadores deben contar con certificados específicos, formarse en la metodología y seguir un código de conducta que, en teoría, les distingue del resto. Por eso, la compañía exige a sus socios que hagan diferentes cursos de certificaciones (existen hasta cuatro niveles), cuyo precio puede variar entre 750 y 1.500 euros.

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Pero en un mundo donde cualquier garaje puede convertirse en gimnasio y cualquier entrenamiento en cross algo, la vigilancia es clave. CrossFit ha montado su propio sistema de detección de infractores. Se trata de una red informal de informantes, normalmente, otros afiliados, que reportan, desde cualquier parte del planeta, a quienes usen la marca sin pasar por caja. En su web oficial hay incluso un formulario de denuncia para que cualquiera pueda alertar de prácticas sospechosas. El soplón del fitness, versión 2.0.

El protocolo está pulido: primero, una carta amistosa desde EEUU pidiendo retirar la marca de redes, pizarras o camisetas. Si no funciona, se pasa el testigo al equipo legal del país correspondiente. En España, ese papel lo juega Elzaburu que no duda en dar el paso judicial si el asunto no se resuelve de forma amistosa. “Lo ideal es cerrar estos conflictos con un acuerdo, pero si el uso de la marca persiste, no tenemos otra opción que acudir a los tribunales”, afirma Morán.

De Reebok al juzgado

La empresa ha cambiado de manos en 2020 tras la polémica salida de su fundador, Greg Glassman, forzada por una polémica por no apoyar expresamente al movimiento Black Lives Matter, que le costaron, entre otros, el contrato con Reebok. Desde entonces, el empresario Eric Roza, junto al fondo Berkshire Partners, pilota la nueva etapa, más profesionalizada, pero igual de celosa con los pilares fundacionales basados en entrenamiento funcional, comunidad y marca registrada.

Desde 2015, CrossFit ha iniciado 15 procedimientos judiciales en España, de los cuales seis se han resuelto con sentencias condenatorias contra los infractores. "No hemos perdido ninguna, aclara Morán". Actualmente, hay ocho demandas activas en distintos juzgados del país, aunque buena parte de los casos se resuelven con acuerdos extrajudiciales.

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Hasta 30.000 euros por infringir

La cuantía de las reclamaciones varía. “Lo máximo que hemos pedido han sido unos 30.000 euros”, asegura Morán. La cifra puede parecer modesta, pero refleja una realidad y es que la mayoría de los casos se resuelven antes de que el pleito se complique.

Eso sí, el entrenamiento —como concepto— no se puede patentar. CrossFit no puede evitar que un gimnasio copie sus rutinas, sus dinámicas o incluso el aspecto general de sus instalaciones. Lo que sí puede defender es el nombre, el logo y toda una estética que ha convertido su identidad en un músculo más. Por eso muchos centros recurren a versiones camufladas, a veces rozando el humor como XtremFit, CrossBattle o GarageWarriors. Hay algunos más sofisticados, como CrossTraining o TCross,

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La paradoja es evidente. Mientras el término CrossFit está blindado, su sistema de entrenamiento —alta intensidad, movimientos funcionales y resultados medibles— es de libre uso. Cualquiera puede hacer burpees, snatches o AMRAPs. Pero si quiere ponerle nombre, tiene que pagar.

Y ahí está la trampa. Para muchos usuarios, entrenar en un box con Cross en el nombre ya es garantía suficiente. Da igual que detrás no haya una licencia oficial, ni cursos de entre 750 y 1.500 euros, ni una comunidad con normas claras. A veces, lo importante es sudar y subirlo a Instagram.