Una Europa 'probusiness', pero sin cheque en blanco en Competencia

Dos años después de que Amazon anunciara la compra de iRobot, fabricante de las aspiradoras automáticas Roomba, el gigante dirigido por Jeff Bezos renunció a culminar la operación. En enero de 2024, la compañía estadounidense prefirió indemnizar con 94 millones de dólares a su socio en concepto de compensación antes que seguir batallando con los funcionarios de la Unión Europea, que no veían con buenos ojos una transacción que podía "disuadir a rivales y reducir la innovación", señalaba el informe comunitario sobre la operación.

No hubo veto formal, pero tampoco hizo falta: el efecto disuasorio funcionó. Como señala el informe Global Trends in Merger Control Enforcement 2025, elaborado por A&O Shearman, en 2024 las autoridades de competencia prohibieron 13 operaciones corporativas, y otras 26 acabaron siendo abandonadas por las partes ante el temor a un veto regulatorio. A pesar de que el número total de notificaciones de fusiones y adquisiciones ha caído en los últimos años, la frustración entre las empresas que intentan cerrar este tipo de acuerdos ha crecido un 30% desde 2021, según datos recogidos en varias jurisdicciones.

Lo más significativo es que, en dos de cada tres operaciones frustradas, fueron las propias compañías las que optaron por retirarse de la transacción ante las dudas planteadas por los reguladores, una proporción muy superior al 50% registrado en 2023. El dato confirma un cambio de actitud entre las partes: ante la perspectiva de enfrentarse a obstáculos antimonopolio complejos y prolongados, muchas firmas renuncian a pelear su caso hasta el final.

“Lo que reflejan las estadísticas podría ser solo la punta del iceberg. No incluye los casos en los que las partes han descartado operaciones en fases muy tempranas, incluso antes de notificarlas oficialmente, por temor a un rechazo. Para muchos reguladores, ese efecto disuasorio es, de hecho, una muestra de que su política de control está funcionando”, señala el propio informe.

La UE, a generar un entorno favorable

Es una paradoja que recorre buena parte del informe: los grandes reguladores no están vetando más, pero sí están asustando más. Y en ese juego de presión, la UE ha logrado bloquear sin bloquear. Cuatro operaciones fueron abandonadas tras objeciones informales de la Comisión Europea en 2024. Ninguna fue oficialmente prohibida. En paralelo, la nueva vicepresidente de la Comisión Europea, Teresa Ribera, publicita un discurso más abierto al crecimiento económico. “More focused, more targeted, more efficient”. La frase marca una frontera. Europa no renuncia al control, pero sí a la rigidez que ha llevado a frustrar operaciones como la de Amazon, de una cuantía multimillonaria.

“La vicepresidenta Ribera ha dejado claro que uno de sus objetivos es combinar dos enfoques: el enfoque del mercado interior y el de la competencia, trabajando, por tanto, por la competencia, como por campeones europeos que tengan muchas más capacidades en el mercado internacional. Según ha manifestado, si bien el objetivo básico de la normativa de control de concentraciones debe seguir siendo impedir la acumulación excesiva de poder de mercado, el control de concentraciones de la UE debe también evolucionar para reflejar nuevas necesidades y dinámicas, tales como la globalización, la digitalización, la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia”, explica Antonio Martínez, socio responsable de A&O Shearman en la oficina española y uno de los autores del informe.

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Esa tensión entre vigilancia y apertura atraviesa todo el documento, elaborado por A&O Shearman con datos de 26 jurisdicciones. La UE, hasta ahora muy ortodoxa en su interpretación del Reglamento de concentraciones, se asoma a una nueva etapa. El mandato político de Ribera, en línea con las recomendaciones del Informe Draghi y de Enrico Letta, apunta a revisar las guías horizontales y verticales con el objetivo de introducir factores como innovación, sostenibilidad o resiliencia en el análisis.

No obstante, aún queda trabajo por hacer en el entorno comunitario. La UE está adoptando una postura híbrida en los remedies, es decir, los compromisos a los que se someten las compañías para cumplir la normativa de competencia en las operaciones de M&A.

Tres casos pasaron a fase 2 y fueron aprobados con una combinación de compromisos estructurales y de comportamiento. En palabras del informe: "Los compromisos de comportamiento están de vuelta. En 2024, el 51% de los casos eran de comportamiento o mixtos".

Una sentencia que manda a la UE al diván

La doctrina Illumina/Grail está siendo estudiada tanto en las facultades de Derecho como en los departamentos de Competencia de los grandes despachos. Para entender el caso: la UE decidió intervenir en una operación en la que Illumina, gigante estadounidense de la secuenciación genética, intentó recomprar Grail, compañía que había escindido años antes y especializada en detección temprana de cáncer. La transacción, pese a no cumplir los umbrales de notificación comunitarios, hizo saltar las alarmas de los reguladores, que acabaron bloqueándola.

En septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de Illumina en su disputa contra la Comisión Europea por la adquisición de Grail. El TJUE determinó que la Comisión se excedió en su autoridad al invocar el artículo 22 del Reglamento de Fusiones para revisar la operación, a pesar de que esta no alcanzaba los umbrales de ingresos establecidos para el control de concentraciones en la UE.

Esto ha puesto a los legisladores comunitarios a trabajar, al entender que si la Comisión no puede utilizar su propio mecanismo para revisar operaciones pequeñas, sería más fácil regularlo desde los Estados miembros. Italia y Francia han desarrollado vías propias para revisar operaciones por debajo de umbrales, bajo la figura del call-in power, es decir, los propios países se dan autoridad para revisar operaciones de M&A que, pese a no estar bajo el umbral de notificación, sean de interés nacional.

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“De hecho, la Comisión Europea ya ha hecho uso de estas modificaciones a nivel nacional para aceptar un reenvío ‘por debajo de umbrales’ de la autoridad italiana de competencia (asunto Nvidia/Run:ai), decisión que se encuentra bajo revisión judicial del Tribunal General de la UE”, asegura Martínez.

Towercast y nuevas sendas legales

También se están abriendo nuevas sendas jurídicas que permiten a las autoridades revisar operaciones por vías distintas al control clásico de concentraciones. Una de las más comentadas es la doctrina Towercast, derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2023. En ella, el tribunal reconoció que los Estados miembros pueden llegar a examinar adquisiciones de empresas, incluso si estas no superan los umbrales de notificación, siempre que exista indicio de abuso de posición dominante, conforme al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Es decir, una operación que no debía ser notificada por volumen o facturación podría investigarse a posteriori si se considera que refuerza de forma indebida el poder de mercado de una empresa dominante.

Bélgica ya ha aplicado esta vía en al menos dos casos, y Francia estudia hacerlo. El problema, advierten fuentes jurídicas consultadas, es la pérdida de seguridad jurídica: “Si las reglas no son claras desde el inicio, se corre el riesgo de que una operación legalmente cerrada sea cuestionada meses o años después por otra vía legal”. Para las empresas, esto introduce una capa de incertidumbre inédita en el entorno europeo.

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“En el caso de España veo difícil que la sentencia Towercast vaya a tener un recorrido significativo debido a que —a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de Estados miembros de la UE— nuestra normativa prevé un umbral de notificación de cuota de mercado. De este modo, lo normal es pensar que las operaciones que lleve a cabo una empresa dominante (que, por definición, contará con una alta cuota de mercado) cumplirán el umbral de cuota de mercado y podrán ser objeto de control por la vía estándar de la notificación previa a la CNMC”, asegura el socio de A&O Shearman.

El informe también subraya un repunte relevante en las sanciones por infracciones procedimentales, especialmente en casos de gun jumping —el término con el que se conoce la ejecución anticipada de una fusión antes de contar con la autorización regulatoria—. En 2024, tanto Estados Unidos como China y la propia Comisión Europea impusieron multas significativas. En España, la CNMC sancionó con 13 millones de euros a una empresa que notificó una operación con información engañosa. El regulador español alegó que la compañía omitió datos clave sobre su presencia en otros mercados, lo que afectó al análisis competitivo. No fue un hecho aislado: “El número de decisiones sancionadoras aumentó un 40% respecto al año anterior”, destaca el estudio.

El arma de las subvenciones extranjeras

Al margen del régimen tradicional de concentraciones, la UE ha desplegado un nuevo instrumento de supervisión con efectos tangibles: el Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), en vigor desde mediados de 2023. Este marco exige a las empresas detallar todas las contribuciones financieras recibidas de terceros países, incluso si no son ayudas públicas en sentido estricto. La Comisión esperaba unas 30 notificaciones anuales, pero en 2024 recibió más de 90. La mitad de ellas afectaban a fondos de inversión. En al menos un caso, Bruselas ha impuesto ya condiciones por esta vía para limitar futuras inyecciones de capital.

EEUU y la llegada de Trump

En Estados Unidos, la transición entre administraciones marca una posible inflexión. Bajo el mandato de Joe Biden, sus autoridades de competencia fueron especialmente agresivas: prohibieron cinco operaciones y abandonaron ocho más. "Las agencias ganaron casi el 75% de los juicios en los que impugnaron operaciones", destaca el informe. Pero con la llegada de Trump, y la designación de nuevos responsables en Competencia (Andrew Ferguson y Gail Slater), se espera un giro hacia un enfoque más favorable al negocio, aunque sin eliminar del todo las impugnaciones, sobre todo en sectores sensibles como energía, transporte o tecnología.

La vigilancia sobre las grandes tecnológicas también se ha intensificado. Aunque solo el 9% de las operaciones tecnológicas fueron intervenidas, representaron más del 20% de las operaciones frustradas. Los reguladores observan con atención las asociaciones estratégicas en inteligencia artificial, como Microsoft/Inflection o Microsoft/OpenAI. "Las asociaciones de IA están en el punto de mira", advierte el informe. El reto es determinar si estos acuerdos deben o no considerarse concentraciones.

Mientras tanto, las autoridades buscan nuevas herramientas. El formulario HSR en EEUU, actualizado en 2025, exige ahora una carga de información mucho más elevada, incluyendo documentos internos, adquisiciones anteriores o relaciones laborales. En palabras del informe: "Lo que las partes comuniquen sobre una operación, tanto interna como externamente, puede condicionar el juicio sobre su efecto competitivo".

Una CNMC con el foco puesto en la Administración

El año de las fases 2 para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es una de las conclusiones que el departamento de Competencia en Madrid de A&O Shearman ha sacado en un pequeño informe en el que analiza la actuación del regulador español. El bufete anglosajón señala que han pasado a fase dos las opas por Ercros, la de BBVA y Sabadell y la adquisición de Ballenoil por Moeve (antes Cepsa). “Estos números son superiores a los de años anteriores, en los que la media de las segundas fases era de uno o dos casos”, apunta el documento.

Además, también destaca que, de las ocho operaciones de concentración autorizadas por la institución dirigida por Cani Fernández, en cinco la CNMC las autorizó con compromisos de comportamiento. “El dato parece confirmar una tendencia para analizar en los próximos años estos compromisos”, advierte el informe.

En un mensaje claramente disuasorio, Competencia ha incoado dos multas superiores al millón de euros por vulneración de la obligación de suspensión de operaciones notificables o por facilitar información incompleta al regulador.

De cara al próximo año, A&O Shearman espera que se confirme la escisión entre CNMC y la nueva Comisión Nacional de la Energía, lo que podría generar algunos problemas en los “plazos más largos de los expedientes de control” y el riesgo de “posiciones contradictorias entre los organismos”. También, según el despacho, es previsible que la CNMC siga invirtiendo para mejorar las funciones de BRAVA, la herramienta de inteligencia artificial de la institución que sirve para detectar conductas anticompetitivas en el entorno público.