Trump apunta a los bufetes que demandaron a los asaltantes del Capitolio y se aliaron con Clinton

Donald Trump sigue ajustando cuentas con quienes desafiaron su poder en su anterior paso por la Casa Blanca. Esta vez, dos de los mayores despachos de abogados de Estados Unidos han sido el objetivo de sus órdenes ejecutivas, instando a la Administración federal a "rescindir cualquier contrato" con ellos. Su 'pecado': demandar a los asaltantes del Capitolio y colaborar con Hillary Clinton.

El pasado 6 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva contra Perkins Coie, el trigésimo quinto despacho más grande de EEUU, con ingresos de 1.060 millones de euros y una plantilla de 1.124 abogados. El presidente acusó a la firma de mantener una "actividad deshonesta y peligrosa" que, según él, ha "afectado a este país durante décadas". La medida suspende todas las autorizaciones de seguridad de sus empleados y ordena revisar sus contratos con el Gobierno federal, argumentando que la firma no es digna de gestionar información sensible, ni de recibir fondos públicos.

Días después, la Casa Blanca emitió una nueva orden contra Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Paul Weiss), firma que ingresó más de 2.500 millones de euros en 2024, acusándolo de "socavar el proceso judicial" (en referencia al asalto al Capitolio), y contribuir a la "destrucción de los principios estadounidenses fundamentales". Firmada el 14 de marzo, la medida también suspende sus autorizaciones de seguridad y permite rescindir cualquier contrato gubernamental, alegando que el despacho ha actuado contra los intereses nacionales.

Contra rivales políticos

Tanto Perkins Coie como Paul Weiss han estado vinculados de alguna forma con el Partido Demócrata. En la orden ejecutiva contra Paul Weiss, Trump señala que un socio del despacho, Robert Mueller, presentó una demanda contra presuntos implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en representación del fiscal general del Distrito de Columbia.

El documento también arremete contra la contratación del, según Trump, "abogado antiético" Mark Pomerantz en 2022. Pomerantz, exfiscal en Manhattan, investigó a Trump por fraude electoral antes de reincorporarse a Paul Weiss, supuestamente "con el único fin de fabricar una campaña contra mí". Según la orden presidencial, Pomerantz "indujo a los testigos de forma poco ética para implicarme".

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La medida no solo cuestiona la idoneidad del despacho para recibir fondos públicos, sino que impone restricciones directas a sus empleados. La Administración Trump ordena suspender cualquier autorización de seguridad de los abogados de Paul Weiss "en espera de una revisión sobre su consistencia con el interés nacional". Estas credenciales permiten a ciertos profesionales acceder a información clasificada del Gobierno de EEUU, esencial en asuntos de seguridad nacional y contrataciones gubernamentales.

Además, la orden prohíbe a los empleados del despacho el acceso a edificios gubernamentales si representan una "amenaza a la seguridad nacional" y limita su contratación en agencias federales, salvo autorización expresa.

Una demanda contra Trump

En el caso de Perkins Coie, Trump lo ha acusado de "actividad deshonesta y peligrosa" con un impacto negativo "durante décadas". Este bufete, especialista en litigios, desató la ira del presidente al representar a Hillary Clinton en su campaña presidencial de 2016, lo que incluyó la financiación del controvertido 'dossier Steele sobre presuntos vínculos de Trump con la inteligencia rusa.

La orden recuerda que, en 2016, Perkins Coie "contrató a Fusion GPS, que luego fabricó un 'expediente' falso diseñado para robar una elección". También acusa al bufete de promover cambios en la legislación electoral con el respaldo de "donantes activistas, incluido George Soros", buscando la revocación de normas "necesarias y promulgadas democráticamente", como las que exigen identificación del votante.

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Perkins Coie no tardó en responder. El 11 de marzo, apenas cinco días después de la orden, presentó una demanda contra la Administración Trump, denunciando represalias ilegales. El despacho sostiene que la orden ejecutiva es un abuso de poder dirigido a castigar a un bufete por representar a clientes vinculados al Partido Demócrata, y la califica de "persecución política" sin base legal.

Al día siguiente, el 12 de marzo, la jueza federal Beryl Howell, de Washington, emitió una resolución de emergencia bloqueando temporalmente partes clave de la orden presidencial. En su fallo, advierte que la medida de la Casa Blanca sienta un "peligroso precedente", al sugerir que el Gobierno puede castigar a abogados por representar a ciertos clientes o adoptar posturas contrarias a la administración.

Batalla contra el DEI

La ofensiva de Trump contra estos despachos no es casual. Su campaña insiste en la necesidad de "depurar" el sistema judicial de lo que considera actores politizados. Su Administración ya ha comenzado a despojar de influencia a ciertos bufetes que, según su criterio, han actuado con sesgo ideológico. Se espera que Paul Weiss responda con una demanda, como ya hizo Perkins Coie. Sin embargo, el desenlace legal es incierto.

Más allá de los litigios, la cruzada de Trump contra los grandes despachos de abogados tiene un denominador común: su batalla contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Ambas órdenes ejecutivas acusan a Perkins Coie y Paul Weiss de aplicar "cuotas porcentuales" en contratación y promociones, estableciendo criterios "en función de la raza y el sexo". La administración considera que esto constituye una "discriminación flagrante" contraria a la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Trump justifica sus medidas asegurando que las firmas que promueven estas prácticas "no deben tener acceso a los secretos de nuestra nación ni gestionar fondos federales". Además, ha ordenado a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo investigar si los grandes despachos reservan determinados puestos a "razas preferidas" o aplican criterios que podrían vulnerar la legislación vigente.