Tecnológicas y contratación pública: el punto de mira de los despachos en Competencia para 2025

Brava se ha convertido en la estrella de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de una herramienta de inteligencia artificial diseñada por los propios técnicos del organismo dirigido por Cani Fernández, que se ha convertido en un aliado fundamental para detectar prácticas anticompetitivas en la contratación pública, un ámbito que, hasta hace poco, era un auténtico "coladero".

La lucha contra este tipo de fraude ha calado en los departamentos de Competencia de los despachos de abogados, tal y como destacan varios expertos consultados por El Confidencial en este informe sobre las principales tendencias y previsiones para las grandes áreas de práctica en los despachos de abogados en 2025.

“En lo que respecta a la CNMC, entendemos que se seguirán destinando recursos para la detección de conductas anticompetitivas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, es previsible que se centre en la persecución de este tipo de prácticas relacionadas con el reparto de licitaciones públicas”, señala Antonio Martínez, socio responsable de Competencia en A&O Shearman.

En la misma línea se pronuncia Álvaro Iza, socio director de Freshfields y responsable de Competencia en el bufete de origen anglosajón. “Se espera una mayor aplicación de la normativa de Competencia, con un foco particular en el ámbito digital, los casos de abuso de posición dominante y los acuerdos entre empresas en el ámbito de la contratación pública”.

“Por un lado, la implementación del Reglamento de Mercados Digitales (DMA) está llevando a una mayor supervisión de los modelos de negocio de las empresas tecnológicas. Asimismo, en España, la CNMC ha señalado su disposición a intervenir en casos de abusos explotativos, como precios excesivos o condiciones comerciales injustas, lo que podría traducirse en un incremento de investigaciones y sanciones en este ámbito. De la misma forma, se espera que la CNMC siga poniendo el foco en los acuerdos anticompetitivos que afectan a la contratación pública”, añade Iza.

Crecimiento del área de Competencia en los despachos

Nueve de cada diez despachos consideran que será necesario reforzar su plantilla en el área de Competencia el próximo año. Del mismo modo, el 80% de las diez firmas encuestadas cree que la facturación obtenida por este departamento crecerá.

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A. Galisteo

El aumento de la demanda en los equipos de Competencia responde a una tendencia clara: tanto las autoridades como la producción normativa han intensificado los controles. “Se han multiplicado los instrumentos: control de concentraciones, de inversiones extranjeras y control de subvenciones de terceros países. Cada vez hay más ‘controles’ que deben considerarse en el calendario de una operación. Además, la CNMC es más intervencionista que nunca: exigió remedies o abrió segunda fase en el 14% de las operaciones en 2024, y ya ha abierto dos segundas fases en 2025”, explica Íñigo Igartua, socio coordinador de Competencia de Gómez-Acebo & Pombo.

Sobre el tipo de operaciones que están en el foco, Igartua lo tiene claro: “Como hasta ahora, aquellas de gran impacto para el consumidor en general. Está por ver qué papel asumirá la CNMC en sus nuevas funciones como Coordinador de Servicios Digitales en España para la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA)”.

El sector digital, en el punto de mira

Booking ostenta el dudoso honor de haber recibido la mayor sanción impuesta por la CNMC en su historia: una multa de 413 millones, actualmente suspendida por la Audiencia Nacional. Esta decisión es un aviso para las grandes tecnológicas sobre el control que la institución dirigida por Cani Fernández ejercerá sobre estos players del mercado.

“Entre los asuntos más recurrentes destacan los abusos explotativos en el ámbito digital, una intensa actividad en torno a acuerdos de naturaleza horizontal y segundas fases de análisis de concentraciones”, explica Juan Jiménez-Laiglesia, socio de Pérez-Llorca.

El socio también destaca los sectores que estarán más vigilados en 2025: “Entre los regulados, creo que energía y telecomunicaciones, con posibles consolidaciones en la comercialización minorista de productos energéticos. Además, estimo que habrá mucha actividad en torno a productos farmacéuticos. Asimismo, las empresas españolas explorarán oportunidades en el ámbito geográfico europeo, derivadas del proceso de simplificación regulatoria”.

En este punto destaca, además, la evolución en el aumento del importe de las sanciones. "Somos partidarios de que las multas tengan un valor disuasorio, siempre que se asegure la necesaria proporcionalidad con el tipo de infracción cometida y los posibles beneficios obtenidos por las empresas. En todo caso, como hemos dicho, el riesgo principal para las empresas ha dejado de ser la sanción de las autoridades y ahora son las reclamaciones de daños", explica Diego Crespo Lasso, socio de Competencia y Derecho de la UE de Marimón Abogados.

La clave del Informe Draghi

Esta simplificación regulatoria tiene dos frentes. Por un lado, el mandato de Teresa Ribera en la Comisión Europea busca simplificar varios aspectos del ADN comunitario, marcado por la hiperregulación. Por otro, el Informe Draghi ofrece una última oportunidad a las compañías europeas para crear campeones regionales capaces de competir con sus homólogos estadounidenses y asiáticos.

“El control o supervisión de las operaciones se flexibilizará por efecto del Informe Draghi”, sostiene Miguel Odriozola, socio de Competencia en Clifford Chance. “La tendencia será el respaldo de los Estados a la creación de ‘superempresas’ nacionales”, añade Gonzalo Grandes, socio director de Ejaso.

Sin embargo, este nuevo enfoque convivirá con un mayor control de las operaciones de concentración por parte de las autoridades de Competencia. “Se están revisando operaciones incluso por debajo de los umbrales establecidos de notificación, lo que se compaginará con un enfoque más amplio que tenga en cuenta factores como la innovación, la política industrial o la transición energética. Veremos si finalmente se modifican las directrices de la Comisión Europea para el análisis de concentraciones entre competidores”, señala Paloma Martínez-Lage, socia responsable de Competencia en Baker McKenzie.

El declive del sistema de clemencia

El sistema de clemencia, que permitía a los informantes de un cártel evitar multas, está en desuso por varias razones, siendo el auge de las reclamaciones de daños la más relevante. “Parece lógico debido a la falta de protección del clemente en las aplicaciones privadas”, explica Crisanto Pérez-Abad, socio responsable del Departamento de Competencia & EU de Eversheds Sutherland.

Esto ha llevado a la CNMC a intensificar otras vías de actuación. “Se incrementará la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en concentraciones pasadas, como se ha visto con las sanciones en Telefónica-DTS y Naviera Armas-Trasmediterránea”, añade Pérez-Abad.

En cuanto a los expedientes sancionadores, se espera que los casos de abuso de posición de dominio sigan ganando protagonismo frente a los horizontales, que han disminuido debido al menor atractivo del programa de clemencia.

Prohibiciones de contratación y reclamaciones

Otro de los grandes debates en Competencia este año será el papel de la CNMC en la imposición de prohibiciones de contratación. “Es probable que la CNMC continúe fijando el alcance y la prohibición de contratar con las Administraciones para las empresas sancionadas por prácticas colusorias, en lugar de derivarlo a Hacienda”, apunta Joaquín Hervada, socio de Competencia en DLA Piper.

En la misma línea, Yolanda Martinez, socia de Competencia y Derecho de la UE de Marimón comenta que "la CNMC ya ha anunciado que va a empezar a fijar ella misma el alcance y duración de la prohibición de contratar en los expedientes incoados a partir de junio de 2023, así que empezaremos a verlo en breve. Deberemos estar atentos también en todo caso a las casaciones pendientes ante el Supremo sobre este tema".

Además, las Administraciones afectadas por cárteles podrían comenzar a reclamar daños con mayor frecuencia. “A medida que la CNMC sanciona más infracciones en mercados de licitaciones públicas y estas resoluciones se consolidan en los tribunales, es de esperar que las Administraciones públicas inicien acciones de reclamación de daños y perjuicios”, señala Martínez-Lage.

Por último, en 2025 se espera que la Audiencia Nacional resuelva la disputa sobre el secreto profesional de los abogados in-house. “Somos pioneros en este tema y creemos que los abogados in-house deberían recibir el mismo trato que los externos, garantizando así el reconocimiento del secreto profesional”, defienden desde DLA Piper.