Los fondos se acercan a los bufetes: la última frontera del Private Equity

El apetito inversor de los fondos de inversión por los despachos ha pasado de reconocerse entre bambalinas a hacerlo en foros públicos. Sin ir más lejos, el pasado lunes, José Vicente Morote, socio director de Andersen, reconoció, en la presentación de resultados de la firma, el interés de estos por entrar en el capital del bufete. “No nos interesa”, señalaba el letrado, que, sin embargo, sí lo apuntaba como una tendencia del sector “en los próximos dos años”.

No hubo que esperar tanto para asistir a una operación similar. Waterland Private Equity, fondo de Países Bajos, adquirió una participación minoritaria en el capital de Auren. El presidente de la firma de servicios profesionales, Mario Alonso, se había dejado querer días atrás, en la presentación de un informe de innovación y tendencias de la editorial Aranzadi LA LEY. “Los fondos pueden ser facilitadores de músculo financiero traducido en la obtención de recursos necesarios para acometer nuevos proyectos”, reconocía.

El mensaje culminó con una operación en la que el fondo neerlandés, asesorado por White & Case en la rama legal y Alvarez & Marsal en la due diligence financiera, ayudará a la firma capitaneada por Alonso a duplicar su equipo y su facturación en los próximos tres años, según señaló Auren.

Aunque en la última semana el vínculo entre bufetes y fondos de private equity ha estado bajo la lupa de analistas, consultores y periodistas, no son operaciones que pillen por sorpresa a los protagonistas. A finales del pasado diciembre, Sagardoy dio entrada en su capital a la firma suiza de capital privado Ufenau. Un año antes, Ecija también abrió su capital social al fondo de private equity español Alia Capital.

No obstante, si se observa la actividad de otros sectores y su práctica simbiosis con el capital privado, de momento, la relación entre bufetes y private equity es algo “casi residual”, asegura Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de BlackSwan. “La pregunta es si hay realmente un interés de los despachos en dejar entrar a los fondos en su capital”, se cuestiona el experto.

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Y es que la entrada de Auren, con parte de la inversión destinada a potenciar el desarrollo de tecnología —muy útil en los servicios de consultoría—, no tiene nada que ver con el posicionamiento que adopta un fondo en un despacho al uso, donde está menos claro a qué destinar el capital. “Puede haber intereses dispares”, explica Pérez de la Manga. “Los socios quieren una rentabilidad sostenible a largo plazo, tener el control de la firma, elegir con quién trabajar (tanto con otros socios como con clientes) y decidir su especialización, con un cuidado extremo de su reputación profesional. Las ventajas del partnership, que consisten en trabajar con quien consideras un ‘par’ y en la materia que te gusta, pueden verse alteradas”.

Una transformación inevitable, pero con riesgos

“Aquí el activo principal no es una metodología y una marca común, sino abogados cuya reputación es el imán de los clientes. Y ese activo cada noche se va a su casa y regresa (o no) a la mañana siguiente”, aclara Lidia Zommer, socia directora de la consultora Mirada 360.

No obstante, la tendencia a que las firmas adopten un formato más empresarial es una realidad necesaria para su crecimiento. “El entorno tan competitivo, la necesidad de inversiones en tecnología y el crecimiento inorgánico a base de integraciones es caro, y un fondo puede servir para mejorar la posición competitiva de una firma. Por eso, la inversión de un fondo es muy interesante”, explica Eugenia Navarro, socia y consultora de Legal Operations Institute Studies (LOIS).

Por ello, este tipo de operaciones es más habitual en firmas de servicios legales estandarizados, como los ALSP. De hecho, la propia Ambar, la filial española de Axiom, cuenta en su matriz con capital de un gigante del private equity como Permira. “Los despachos con un trabajo más commodity (procesos estandarizables) tienen un atractivo especial para los fondos que buscan rentabilidad a escala. Son firmas que han conseguido transformar el servicio jurídico en algo predecible, replicable y optimizable, con estructuras de costes controladas y sin dependencia extrema de socios estrella”, aclara Zommer.

Desde el punto de vista de los inversores, uno de los principales riesgos es la dependencia del talento clave. “Si no son servicios estandarizados, estos negocios dependen de los socios. Todo el riesgo se concentra en que los socios sigan en la firma, trabajen con la misma intensidad y conserven sus relaciones y clientes”, explica el socio de BlackSwan.

Tensiones entre socios y fondos

Más allá de la estructura de gobierno, la convivencia entre socios ejercientes e inversores genera dudas. “A pesar del atractivo en términos de rentabilidad que pueda tener el sector legal, creo que los fondos todavía ven demasiados escollos en la forma de operar de las firmas jurídicas: fundadas, formadas y gestionadas por abogados. El éxito del negocio legal dependerá más de algo tan difícil de gestionar como las aspiraciones y el talento de sus miembros, cuanto más especializado sea el servicio que presten. Y, probablemente, estas son las firmas más rentables”, asegura Mercedes Asorey, directora de Asomar Comunicación.

Uno de los argumentos a favor de la entrada de fondos es que pueden ayudar a captar y retener talento. Sin embargo, Navarro matiza que “en la toma de decisiones y en el nombramiento de socios, los criterios de rentabilidad serán los que se impongan. Cuando interviene un fondo, los criterios de gestión subjetivos del partnership quedan en segundo plano”. Por su parte, Asorey no cree que la entrada de capital sea el factor determinante en la retención de talento, sino la forma en que se gestione. “Algunos asociados ya no anhelan ser socios de una firma y tienen otras aspiraciones vitales y profesionales”, explica.

El impacto en la rentabilidad y los honorarios

Desde el punto de vista financiero, la entrada de private equity puede modificar la estrategia de rentabilidad de los despachos. “Un fondo no llega para hacer amigos, llega para rentabilizar la inversión. Su entrada en un despacho inevitablemente impactará la fijación de precios y el modelo de honorarios, con una tendencia clara hacia tarifas más altas, estructuras de precios más predecibles y un enfoque en clientes de mayor margen”, apunta Zommer.

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En este sentido, Navarro sostiene que “sin lugar a dudas, la entrada de fondos impone una mayor presión por rentabilidad a corto plazo”. Sobre la fijación de honorarios, Asorey señala que la influencia de los fondos se notará en la gestión operativa y de recursos más que en un incremento directo de tarifas. “Quizás un private equity que entra en una firma jurídica tendrá más que decir en temas operativos y de gestión de recursos en el corto plazo”, puntualiza.

La experta, no obstante, advierte de la prudencia con la que los fondos están entrando en este sector. “En los últimos años hemos visto cómo algunos private equity han invertido en firmas legales, y es probable que esto sea una tendencia imparable tanto en España como en otros países donde lo permita la regulación. Sin embargo, también vemos que los fondos invierten con prudencia en este sector”, explica.

Una sentencia que marca límites a la entrada del capital

Más allá de la conveniencia o no de la entrada de los fondos en el sector legal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha puesto ciertos límites al acceso del private equity en los despachos al dictaminar que los Estados miembros pueden prohibir la participación de inversores puramente económicos en sociedades de abogados.

Aunque la sentencia, del pasado mes de diciembre, reconoce que esta medida supone una restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales, el tribunal considera que está justificada por la necesidad de garantizar la independencia de los abogados y el cumplimiento de sus obligaciones profesionales y deontológicas.

En su resolución, el tribunal europeo concluye que las normas comunitarias no impiden que un Estado limite la entrada de inversores que no ejerzan la profesión, subrayando que la inexistencia de conflictos de interés es un requisito esencial para la abogacía.