Hernández-Lahoz (Aena): "La rebaja de alquileres en aeropuertos fue inconstitucional"

Aena vuelve a volar alto tras asomarse al precipicio en la pandemia. Tras registrar 126,8 millones de pérdidas en 2020, el gestor aeroportuario cerró el ejercicio pasado con una facturación récord de 1.934,2 millones y un tráfico en todos sus aeropuertos de 369,5 millones de pasajeros, un 8,5% más que en 2022. La guinda la pone la cotización del grupo, que este año cumple 10 años en Bolsa con una revaloración de más del 200%.

Pablo Hernández-Lahoz Ortiz (Oviedo, 1977), director de Asuntos Legales y Corporativos de Aena, ha sido testigo de primera mano de la remontada del gestor aeroportuario. Abogado del Estado de profesión, Hernández-Lahoz aterrizó al frente de la asesoría jurídica del grupo a finales de 2021, apenas tres meses después de que el Congreso de los Diputados diese luz verde a la ley que obliga a Aena rebajar los alquileres a sus comercios afectados por la pandemia, una decisión que la compañía considera inconstitucional.

PREGUNTA. Llegó a la asesoría jurídica de Aena a finales de 2021, año en el que la compañía cerró con 60 millones de pérdidas derivadas de la pandemia. ¿Cómo se les da la vuelta a esos números desde el equipo legal?

RESPUESTA. En aquel momento teníamos problemas derivados de la pandemia. Además de la fijación de tasas en el ámbito regulatorio, en ese momento ya teníamos el problema de la litigación comercial derivado de la disposición séptima de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres [que permite a los locales comerciales de los aeropuertos no pagar a Aena la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG)]. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que esa disposición tiene visos de inconstitucionalidad. Tenemos abiertos a día de hoy diferentes procedimientos judiciales, pero tenemos claro lo que defendemos y nuestra posición.

P. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que ordena que todos los pleitos de Aena con los establecimientos comerciales deben llevarse por la vía contencioso-administrativa, y no la civil, como se hacía hasta ahora.

R. Es una cuestión muy reciente y aún estamos fijando nuestra estrategia. En cualquier caso, nosotros defendemos la inconstitucionalidad de esa disposición. Hoy más que nunca creemos que nuestros argumentos son sólidos e iremos a la jurisdicción que sea necesaria para defender nuestra posición.

P. ¿Cómo está organizada la asesoría jurídica de Aena? ¿Hubo algún cambio tras su llegada?

R. Sí, hemos hecho algunos cambios. Aena es una sociedad muy interesante desde el punto de vista del asesoramiento jurídico. Es una sociedad mercantil estatal, donde se plantean cuestiones de Derecho Público muy particulares; es una sociedad cotizada, con todo lo que conlleva en materia de gobierno corporativo; y también es una sociedad que opera en un sector muy de nicho y regulado, como es el sector aeroportuario. Esto implica que es necesario un conocimiento muy especializado en el que a la vez hay un gran volumen de actividad.

El año pasado hemos despachado 4.100 consultas jurídicas y, a raíz de eso, hemos decidido reorganizar el equipo por materias: contratación administrativa, litigación, protección de datos… Hasta un total de ocho áreas. También hemos creado la figura del coordinador de esas áreas dentro de la asesoría jurídica.

P. ¿Qué criterios sigue Aena a la hora de externalizar asuntos? ¿Cuál es la estrategia?

R. La mayor parte del trabajo lo gestionamos internamente, pero nos apoyamos mucho en despachos de abogados externos y en la Abogacía del Estado. Lo que buscamos en los despachos externos es especialización y eficiencia.

Somos una sociedad muy particular, con parte pública y privada, así que necesitamos asesores que nos conozcan muy bien. El año pasado lanzamos una licitación dividida en 15 lotes, cada uno referido a una materia. Ahora contamos un pool de 11 despachos de primer nivel para apoyarnos en determinados asuntos.

P. La inteligencia artificial ha llegado para revolucionar el trabajo de los abogados. ¿Aena la ha introducido en su asesoría legal?

R. Este tema merece una reflexión profunda. Parece que ahora todo el mundo tiene que contratar herramientas de este tipo para el asesoramiento jurídico, pero si en algunas asesorías todavía trabajan con papel y boli, lo recomendable es empezar la casa por los cimientos. En el caso de Aena, hace dos años hicimos una reflexión interna sobre cómo mejorar nuestra manera de trabajar que derivó en el llamado Proyecto Atenea, un plan para transformar la secretaría general corporativa.

Una de las patas de ese proyecto es Clarity, una herramienta diseñada por nosotros que permite enviar consultas jurídicas como si fuesen correos electrónicos. Es un sistema muy fácil de usar y también permite extraer muchos datos y estadísticas: carga de trabajo de cada abogado, tiempos de respuesta o qué consultas son repetitivas. Esto último puede servir para, por ejemplo, crear un Q&A para enviar a las unidades de negocio que corresponda. Con esto reducimos consultas y ganamos eficiencia.

P. ¿Por qué Clarity?

R. Fue el nombre elegido tras un concurso de ideas entre todo el equipo. Clarity deriva de Clara Campoamor, una de las primeras abogadas de la historia de España.

P. ¿Ha habido mucha resistencia interna al cambio?

R. Los cambios, al principio, siempre generan cierto temor. Con el tiempo tengo que decir que el feedback recibido es muy positivo. Ahora mismo, por ejemplo, es posible ver en tiempo real en qué estado está la consulta presentada, lo que permite una mejor organización.

P. ¿Y les consta que los despachos que contratan usan la IA? ¿Os lo hacen saber?

R. Por ahora, lo que han hecho es poner a nuestra disposición sus herramientas. Si se han apoyado en esas herramientas, por ahora no nos lo han trasladado.

P. ¿Esperan una reducción de los honorarios por la IA?

R. Una vez que se generalice su uso y las herramientas estén maduras, lógicamente, si el número de horas a facturar es inferior gracias a la IA, tendrá un impacto. También es cierto que esas herramientas tienen un coste que tendrán que derivar esos costes de alguna manera. Hay muchas cuestiones que se mezclan, pero sin ninguna duda el número de horas va a reducirse y los despachos van a tener que ver cómo ajustarse.

P. Mencionaba que el año pasado han resuelto más de 4.000 consultas jurídicas. Además de los despachos, ¿usan ALSP (Alternative Legal Service Providers) como apoyo?

R. Me parece una solución muy acertada, tanto para picos de trabajo o para buscar una hiperespecialización. Nuestro problema es que, al ser una sociedad pública, no nos podemos mover mucho del tipo de contratación de despachos que ya hacemos.

P. ¿Cómo están estructurados los planes de carrera? Las asesorías jurídicas no se suelen ver como un lugar de desarrollo profesional.

R. Las asesorías tienen que estar pendientes de atraer talento. Los despachos, sin duda, son fuente de talento para las asesorías jurídicas. El 80% de los abogados de Aena han pasado previamente por despacho, es una gran escuela.

Las asesorías jurídicas ofrecen algunas cosas que a lo mejor son más difíciles de obtener en despachos de abogados, como la facilidad para conciliar. Todo ello sin dejar de estar en operaciones de primer nivel.

P. Antes de Aena pasó por varios ministerios como abogado del Estado. ¿Qué diferencia hay entre trabajar para la Administración y para Aena? Aunque es una sociedad pública, el 49% del capital es privado.

R. La principal diferencia de Aena con el resto del sector público es que es una sociedad cotizada, con todo lo que ello conlleva. Como abogado, en una empresa tu vínculo con las unidades de negocio es fundamental. El abogado participa en la elaboración de la estrategia corporativa desde el primer momento. En la administración, quizá, el abogado adopta un rol más pasivo. Se le somete a una serie de consultas jurídicas y emite un informe. En una empresa, el abogado tiene que resolver problemas y se espera de ti que te involucres con las unidades de negocio para solucionar problemas.

P. La fijación de tasas es uno de los grandes temas para Aena. ¿Qué tal es la relación con el CNMC?

R. Tenemos un sistema regulatorio muy robusto. La fijación de las tasas está muy clara, con los parámetros y fórmulas que hay que utilizar. A pesar de que pueda generar cuestiones interpretativas, mi impresión es que el sistema regulatorio está perfectamente definido más allá de controversias concretas.

P. ¿Cree que el regulador opera correctamente en este sentido?

R. La CNMC tiene una función supervisora y una posición que siempre ha sido bastante similar a la de Aena. Nosotros hoy tenemos un criterio, ellos tienen otro, y cuando hay divergencia de opiniones siempre está la posibilidad de presentar un recurso.

P. Imaginamos que el conflicto con Ryanair por el recorte de plazas preocupa a la compañía. ¿Cómo lo ven?

R. El presidente de Aena, Maurici Lucena, ya se ha pronunciado de forma contundente sobre este tema en las últimas semanas. [Lucena ha señalado en las últimas semanas que “el número de Ryanair es lamentable” y ha acusado a la aerolínea de “chantaje”].

P. Javier Illescas, director de la asesoría jurídica de Santander, nos comentó que la presión normativa ha aumentado en los últimos años. ¿Tiene la misma percepción?

R. El ordenamiento jurídico español siempre se ha caracterizado por una hiperregulación. La producción normativa es asombrosa. En mi etapa como secretario general técnico en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social teníamos novedades cada semana. Esa hiperregulación no ha cambiado mucho, pero sí es verdad que el ámbito comunitario nos genera una serie de obligaciones adicionales. Vinculado a esto, sí quiero hacer un apunte sobre el tema de la sostenibilidad, que creo que nos debe llevar a hacer una reflexión. La Directiva de sostenibilidad no se ha traspuesto y eso ha tensionado a las empresas del Ibex porque no sabíamos cómo reportar y verificar ese informe de sostenibilidad. No fue casi hasta Navidad, con las cuentas anuales a la vuelta de la esquina, cuando la CNMV y el ICAC aclararon por dónde había que ir. No se puede llegar al límite en un asunto tan importante como este.

P. ¿Qué impacto puede tener en este asunto las políticas del presidente norteamericano, Donald Trump?

R. La Unión Europea ha aprobado una normativa encaminada a la simplificación de las normas de sostenibilidad. Parece que Estados Unidos va por un camino distinto. Estamos en una situación de incertidumbre.