Orange también gana el juicio de las tasas a la CNMC y obliga a buscar financiación alternativa

Nuevo revés para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la contienda jurídica que mantiene con las empresas de telecomunicaciones por el pago de la Tasa General de Operadores (TGO). El regulador, que financia con este mecanismo parte de su actividad, ha visto cómo los tribunales vuelven a quitarle la razón, esta vez en favor de Orange, que forma parte del grupo Masorange desde su fusión con MásMóvil.

La Audiencia Nacional anula las liquidaciones correspondientes al ejercicio 2015 para la compañía. La tasa entonces fue repercutida a Jazztel y la propia Orange, que se fusionaron ese mismo año. En 2022, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) avaló el pago de las operadoras al Estado de 572.562 euros y 2.198.718 euros, respectivamente, por las TGO, unas cuantías que ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN ordena devolver, sumando los intereses de demora de las cantidades ya abonadas a cuenta de esta tasa.

La sentencia es una más de las que ya ha ido resolviendo esta sala de la AN. Es más, en este fallo, fechado el 17 de febrero, los jueces aclaran que "la fundamentación jurídica de esta sentencia se ha elaborado por la Sala sentenciadora tomando en consideración la existencia de una serie ya larga de recursos que versan sobre la liquidación en distintos ejercicios de la TGO girada a determinadas compañías del ramo de las telecomunicaciones".

El pasado diciembre, por ejemplo, la AN anuló la liquidación de 2,5 millones que el regulador de la competencia había aplicado a Vodafone en 2013. Unos meses antes, en junio de 2024, se conoció otro dictamen que obligaba también a la Administración a devolver a esa misma operadora algo más de 750.000 euros. También por esas fechas, se difundieron otras tres sentencias similares con las que Telefónica reingresó 4,9 millones por esta cuestión.

El pasado diciembre, la AN anuló la liquidación de 2,5 millones que el regulador de la competencia había aplicado a Vodafone en 2013

Estas sentencias no manifiestan la ilegalidad de la "tasa de los operadores", sino que apuntan a un cálculo excesivo por parte de la CNMC, por lo que tienen que seguir pagándola al finalizar cada ejercicio. Según lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones que ingresen más de 1 millón de euros tienen que pagar al regulador una cantidad anual, que en ningún caso puede exceder del 0,1% de sus ventas brutas.

La CNMC solo puede utilizar los fondos obtenidos para sufragar su actividad relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es decir, para pagar los sueldos del personal y los pagos corrientes necesarios para desarrollar las funciones de regulación, supervisión, resolución de litigios e imposición de sanciones. La ley estipula que el importe exigido anualmente no podrá exceder, en ningún caso, a los gastos que haya generado, ya que se trata de un ente público.

Estas sentencias no manifiestan la ilegalidad de la "tasa de los operadores", sino que apuntan a un cálculo excesivo por parte de la CNMC

Los cálculos los realiza el propio regulador y las operadoras decidieron acudir a los tribunales al entender que la cuantía exigida era excesiva. Basaron sus recursos en que no estaban justificados adecuadamente los gastos en los que había incurrido el organismo presidido por Cani Fernández, tratando de demostrar que las tasas que pagaron estaban infladas y que el regulador obtenía superávit con ellas. Por ejemplo, en las sentencias a favor de Telefónica se expuso que existía un exceso del 30%.

La victoria de Orange

El litigio que ha ganado Orange se enmarca en una serie de disputas legales previas, incluidas sus propias sentencias de marzo y abril de 2024, en las que ya se anulaban liquidaciones similares para los ejercicios 2015 y 2016, y en resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ellas se estableció que las tasas administrativas impuestas a las operadoras deben destinarse exclusivamente a cubrir los gastos derivados de la regulación, control y supervisión del mercado, sin que la Administración pueda obtener un superávit o utilizar estos fondos para otros fines.

La sala se encarga así literalmente de reproducir lo ya escrito en otras cuestiones, basando su fundamentación en que la CNMC no ha podido acreditar suficientemente la equivalencia entre el importe de la tasa liquidada y los costes efectivos de la actividad regulatoria. La justificación aportada en la Memoria de Gastos, según la sentencia, es insuficiente y no permite verificar si la totalidad del importe exigido a las operadoras se ajustaba estrictamente a los gastos reales incurridos en la supervisión del sector.

Basa su fundamentación en que la CNMC no ha podido acreditar la equivalencia entre el importe de la tasa liquidada y los costes efectivos

Así, por ejemplo, se refiere a las liquidaciones efectuadas en 2016 a Xtra Telecom "con argumentos cuyo denominador común radica en la ausencia de justificación y motivación razonable de la deuda liquidada", apunta la sentencia. Remarca, además, señalando la Memoria de Gastos utilizada por Competencia para justificar la cuantía de las tasas, "la pobreza de los documentos a los que se reenvía al lector".

La sentencia recoge argumentos de fallos anteriores en los que pone en cuestión la metodología utilizada por la CNMC para calcular la tasa, ya que no desglosa adecuadamente los costes financiables y no financiables. Asimismo, siempre haciéndose eco de lo estimado en casos anteriores, los jueces aclaran su sentido del fallo. "La estimación del recurso no tiene que ver con el importe de los gastos", sino con el hecho de que estos "superan ampliamente la cantidad de los ingresos".