La AN investiga una supuesta macroestafa 'fintech'de 20 millones

Nuevo episodio en la presunta macroestafa protagonizada por las sociedades Wenance y Abuntia. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra las compañías que, supuestamente, habrían defraudado en torno a 20 millones de euros. Ambas fintech ofrecían préstamos y financiación a personas que no acceden a los créditos bancarios. Este hito procesal marca el inicio de las investigaciones de la rama penal de un caso que cruza el Atlántico con estafados tanto en España como en Argentina.

La Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha considerado, a raíz de la querella presentada por Kepler-Karst, que los hechos denunciados tienen un impacto significativo en la economía nacional y en la seguridad del tráfico mercantil. La demanda va dirigida tanto a las propias mercantiles como a sus administradores y colaboradores.

Por parte de Wenance están demandados su CEO, Alejandro Muszak, también demandado por blanqueo de capitales en Argentina, y Federico González Estradé. Por parte de Abuntia, los responsables demandados son Pedro Viggiano y Felipe Piñeyro.

Además, se menciona por parte del tribunal que las mercantiles querelladas actuaban como entidades financieras sin estar registradas como tal en el Banco de España. Otro elemento clave para la admisión de la querella ha sido el elevado número de perjudicados, que representa a 392 personas físicas y jurídicas (aunque hay miles de afectados), tanto españolas, argentinas como de otros países.

Desde octubre de 2023 esperando

La resolución judicial allana el camino para que se inicie una investigación sobre cómo operó el grupo de compañías involucradas y sus administradores, así como conocer el destino de las inversiones de los cientos de afectados. La primera querella interpuesta por Kepler-Karst ante la Audiencia Nacional se produjo en octubre de 2023, logrando año y medio después que el tribunal se declarase competente para entender del asunto.

El auto de la AN muestra un aspecto novedoso en su resolución. Se trata de la aplicación por parte del tribunal de un nuevo criterio judicial basado en los principios del Convenio sobre el Cibercrimen, suscrito en Budapest el 23 de noviembre de 2001 y ratificado por España el 27 de septiembre de 2010. Este criterio establece que, en este tipo de delitos, la investigación esté a cargo de las autoridades judiciales del país donde se ha desarrollado la actividad delictiva, facilitando así el acceso a sistemas informáticos y demás elementos probatorios, garantizando una mayor eficacia investigativa.

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La decisión judicial representa un avance significativo para los afectados y abre la puerta a esclarecer las responsabilidades penales y civiles de los implicados en una de las presuntas macroestafas financieras más relevantes de los últimos años.

Hay que recordar que hace un año, el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid declaraba el concurso de Abuntia. Por ahora, Wenance Lending no ha sido declarada en concurso, pese a que está desde abril del pasado año en un proceso de reestructuración de su deuda. El proceso penal ahora en marcha puede aportar información valiosa para la vía mercantil del proceso. "Seguiremos impulsando todas las acciones legales necesarias para proteger a los afectados y asegurar que se haga justicia", afirma Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst.

Causa en Argentina

Hay que recordar que el pasado otoño la justicia argentina ya aceptó una querella contra el propio Muszak interpuesta también por Kepler-Karst. La trama se destapó en el procedimiento concursal de Abuntia en España, donde se encontraron pruebas de lavado de activos a través de una compleja red de transferencias internacionales, que involucraban movimientos de dinero desde España hacia sociedades en Argentina y Uruguay. La justicia argentina determinó que Muszak habría utilizado esta operativa para ocultar el origen de los fondos y sostener un esquema Ponzi que afectó a miles de inversores.

El concurso de acreedores de Abuntia, declarado en abril de 2024 por el juzgado de lo mercantil Nº4 de Madrid, reveló que la empresa había desviado fondos recaudados de inversores españoles hacia estructuras financieras en Argentina, a través de la sociedad Credipop Inversiones. La auditora ETL Global detectó que estos movimientos, presentados como compras de participaciones accionarias, en realidad correspondían a carteras de créditos personales que Muszak titulizaba y vendía fraudulentamente.