Elecciones históricas en el arbitraje: primer candidato alternativo para la CIMA desde 2009

Por primera vez en casi treinta años, un abogado ha presentado una candidatura alternativa a la presidencia de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). Se trata de Carlos González-Bueno, abogado del Estado y árbitro, que prepara su candidatura a la dirección de la corte para disputar la presidencia a Juan Serrada, en el cargo desde 2009.

Durante años, la Junta Directiva que encabeza Serrada ha renovado mandato tras mandato sus cargos al frente de la institución al no presentarse ninguna otra candidatura competidora. El actual mandato —cada uno dura cuatro años— vence a comienzos de julio, por lo que las elecciones se celebrarán previsiblemente a lo largo del mes de junio y, por primera vez, los asociados de la corte, alrededor de 150, podrán elegir entre dos candidatos.

La candidatura que encabeza González-Bueno está conformada, por ahora, por Luis Gayo del Pozo y Ernesto Benito, ambos también abogados del Estado. En conversación con este diario, el abogado considera que ha llegado el momento de abordar el relevo generacional de la corte y plantea medidas transversales como una adaptación al código de buenas prácticas arbitrajes del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje (CEIA), la principal asociación del sector; y una modernización completa de la corte que incluya la supresión de figuras que considera anacrónicas como el secretario de sala, las providencias o el acta al término de las audiencias.

La corte ha estado siempre muy vinculada a la abogacía del Estado, cuerpo al que el propio González-Bueno pertenece, pero defiende que la CIMA no debe ser endogámica y aboga por que la Comisión de Gobierno cuente con asociados que no necesariamente sean abogados del Estado. También apuesta por un refuerzo de la Secretaría con letrados encargados de la gestión de los expedientes y responsables de su administración y la creación de diferentes comisiones: nombramiento de árbitros, retribución, ética y asuntos internos (auditoría o compliance); escrutinio de laudos, normas de procedimiento y reglamento y una última dedicada a formación continuada y publicaciones. Además propone prohibir que los cargos directivos puedan ser nombrados árbitros por la CIMA, solo por las partes.

La corte ha estado siempre muy vinculada a la abogacía del Estado, pero defiende que la CIMA no debe ser endogámica

En cuanto a la labor de los árbitros, González-Bueno cree que es momento de renovar la lista de árbitros de la corte con criterios transparentes y objetivos y, por supuesto, incluir a profesionales que no sean abogados del Estado si acreditan los suficientes méritos. En su opinión, actualmente no hay criterios claros en el proceso de admisión al listado. Por último, González-Bueno apuesta por aumentar la transparencia de la corte dando publicidad a los árbitros nombrados con datos indicativos de los procedimientos (salvaguardando la confidencialidad de los mismos), y por una modulación de los honorarios atendiendo a criterios de eficiencia en la conducción del arbitraje.

La CIMA, fundada en 1989, es una corte de arbitraje constituida como una entidad de carácter asociativo privado que ofrece el servicio de resolución arbitral de controversias en materia civil y mercantil.