Los interinos españoles denuncian a la Comisión Europea por su "pasividad" ante el Gobierno

Los empleados públicos interinos en España han decidido llevar su batalla a las instituciones europeas. Este lunes, el colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad (EPA) presentará sendas denuncias formales ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, acusando a la Comisión Europea de "pasividad" y "negligencia" en la vigilancia de los incumplimientos del Gobierno español en materia de temporalidad.

"La Comisión Europea no ha hecho cumplir la directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada, pese a 25 años de incumplimientos y tres cartas de emplazamiento al Gobierno español", denuncia Conchi Rodríguez Fariña, presidenta de EPA. La normativa comunitaria obliga a los Estados a establecer mecanismos sancionadores para evitar el abuso de contratos temporales en la Administración, algo que, según este colectivo, España sigue sin garantizar.

La acción de los interinos llega en un momento clave, tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo que han cerrado la puerta a la conversión automática en fijos de los empleados temporales que han sufrido un abuso en la concatenación de contratos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal reafirmó su doctrina el pasado jueves al reiterar que este tipo de medida vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

"El abuso está reconocido, pero no hay sanción. La ley 20/21 establece indemnizaciones por despido, pero resulta insuficiente como trasposición de la directiva europea", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, el despacho especializado en derecho europeo que ha dirigido la queja de EPA ante la Comisión Europea. El TJUE, en varias sentencias del pasado año, abrió la puerta a la fijeza como forma de reparación para estos trabajadores, siempre que ello no contraviniera la normativa nacional. Sin embargo, el Supremo ha zanjado el debate afirmando que su aplicación sería contraria a la Constitución.

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Rodríguez Fariña considera que la actitud del alto tribunal supone un bloqueo inaceptable y que la Comisión Europea debería haber actuado con mayor contundencia. "El plazo de la última carta de emplazamiento expiró el 3 de diciembre y no sabemos qué ha respondido el Gobierno ni qué medidas ha tomado Bruselas", critica. "La Comisión tiene la responsabilidad de hacer cumplir las directivas comunitarias y garantizar la primacía del derecho europeo sobre las legislaciones nacionales", añade Navas.

Estrategia ante Europa

EPA y Navas & Cusí han diseñado una ofensiva legal en varias fases. Además de la denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo y el TEDH, elevarán una pregunta parlamentaria en la Eurocámara para que la Comisión explique su inacción y presionarán para que se abra un procedimiento de infracción contra España.

Según Navas, lo que debería ocurrir ahora es que Bruselas remita una carta motivada al Gobierno español anunciándole el inicio de un procedimiento de infracción y una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. "El pasado mes de diciembre agotamos la vía nacional que nos permite recurrir a Estrasburgo, porque además de incumplirse una directiva se está violando el derecho del ciudadano a ser protegido por sus instituciones", señala Rodríguez Fariña. "La Comisión Europea tiene la responsabilidad de hacer cumplir las directivas comunitarias y la primacía del derecho europeo", recuerda Navas.

"El Supremo insiste en que no es legal convertir en fijos sin oposición a los interinos"

El problema de los interinos no es nuevo. En 2021, el Gobierno aprobó la conocida como 'ley Iceta', con el objetivo de reducir la alta temporalidad en el sector público, que en algunos ámbitos había superado el 30%. La norma estableció un límite de tres años en el mismo puesto para los trabajadores temporales, tras el cual debían ser cesados con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Sin embargo, el TJUE ha considerado en dos sentencias de 2024 que este sistema, aunque va en la buena dirección, sigue sin ser suficiente para corregir el problema.

Los procesos extraordinarios de estabilización han permitido la consolidación de más de 330.000 plazas en la Administración durante los últimos tres años, según datos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat asegura que más del 90% de los interinos identificados como en fraude lograron una plaza fija, ya fuera por méritos o por examen. No obstante, algunas plataformas de interinos denuncian que cientos de trabajadores quedaron excluidos del proceso por criterios arbitrarios.

El Supremo cierra la puerta a la fijeza

El pronunciamiento del Tribunal Supremo llega en pleno debate sobre la reforma de la Ley de Función Pública que se negocia en el Congreso. El Ejecutivo y los grupos parlamentarios buscan fórmulas para ajustar la legislación a los requerimientos europeos, pero la sentencia del alto tribunal ha dejado claro qué no se puede hacer.

"El Supremo insiste en que no es legal convertir en fijos sin oposición a los interinos que han encadenado contratos temporales en fraude de ley", explica un jurista especializado en derecho administrativo. En los dos casos analizados la semana pasada, el tribunal rechazó la fijeza a pesar de reconocer el abuso. "Lo grave es que no plantea alternativas efectivas, dejando la responsabilidad en manos del legislador", añade.

Para EPA, esta situación no es sostenible. "Un abuso que el Supremo reconoce que debe de ser sancionado pero que deja sin sanción al no existir previsión legal en la ley 20/21. ¿No habría sido más razonable acogerse a la puerta abierta de la fijeza del TJUE?", se pregunta su presidenta. "Además, hay un informe de la que fuera presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que reconoce que la fijeza para resolver abuso de temporalidad no sería contrario a la Constitución como sostienen las recientes sentencias del Supremo", concluye Navas.