El proceso 'maldito' de la AEPD ensombrece el examen del Congreso a la cúpula

Después de cinco años, llegan a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados los nombres de quienes han sido propuestos como presidente y adjunto para dirigir la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Un proceso que varios de los que fueron o son aspirantes a alguno de los puestos de dirección del organismo regulador califican de "maldito".

A partir de las 14:00 de esta tarde, Lorenzo Cotino Hueso y Francisco Pérez Bes pueden acabar con este estigma si, con su comparecencia como candidatos propuestos por el Gobierno para ocupar, respectivamente, la presidencia y la adjuntía de la AEPD, son capaces de persuadir a los diputados que conforman la citada comisión.

Necesitan ser refrendados por una mayoría de tres quintos o, en un segundo intento, por mayoría absoluta. Al menos dos grupos parlamentarios distintos tendrán que llegar a un acuerdo para que este organismo, que afronta febrero descabezado tras la jubilación en enero de Mar España, recupere su estabilidad. No parece fácil. Ni los precedentes ni el ruido que envuelve a un proceso en el que, otra vez, los fantasmas de la impugnación vuelven a aparecer ayudan. Cabe recordar que esta votación debía haberse producido hace casi un mes, el 29 de enero, también en miércoles.

Entonces, Antonio Troncoso, candidato a la adjuntía, renunció a su nombramiento. En una carta enviada al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desvelada por El Confidencial, quien iba a ser número dos del organismo denunciaba falta de transparencia en el proceso. Troncoso señalaba que, desde su propuesta de nombramiento el 9 de diciembre hasta el lunes 27 de enero, dos días antes de la ratificación de su nombre en el Congreso, nadie del Gobierno le había transmitido sus intenciones.

TE PUEDE INTERESAR

La carta a Bolaños que dinamita la renovación de la cúpula de la AEPD por falta de transparencia

Alejandro Galisteo

La opacidad en el proceso es una de las cuestiones que más reacciones ha despertado entre los candidatos. Según ha podido saber este medio, desde que Troncoso renunciara a su cargo, al menos tres aspirantes han solicitado acceso al expediente de evaluación que recoge los méritos de cada uno de los candidatos, así como el contenido de la carta del propio excandidato a la adjuntía. Ninguno de ellos ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo.

La motivación de estos para conocer el expediente es que, en su carta a Bolaños, el propio Troncoso también advertía de la falta de méritos del candidato a la presidencia, Lorenzo Cotino. "En el caso de la Presidencia, he constatado que se propone para un puesto de dirección de un organismo público a un candidato que no tiene experiencia alguna en la dirección de organismos públicos".

El informe del Gobierno, según Troncoso, minimiza su experiencia y, en cambio, avala la de Cotino basándose en criterios que considera erróneos. "El informe contiene un error evidente al equiparar la dirección de organismos públicos –con la complejidad que implica la gestión de personal, las comparecencias parlamentarias, las negociaciones con los representantes de los trabajadores, etc.– con la gestión universitaria de proyectos de investigación o de contratos con las Administraciones Públicas".

Falta de paridad

En la misiva que hizo saltar por los aires la anterior votación, Troncoso también advertía de la falta de consenso político que generaba su propia candidatura. Desde ayer, algunas fuentes cercanas al proceso advertían de que el acuerdo entre las fuerzas políticas estaba lejano, incluso entre los miembros del Gobierno. No obstante, se apunta a que se estarían negociando posibles pactos.

Las mismas voces también critican que los aspirantes a la cúpula de la AEPD sean dos hombres, ya que, incluso tras la renuncia de Troncoso, se optó por promover a otro varón como segundo de Cotino. La paridad, pese a no ser una condición impuesta en la norma que regula esta institución, parecía darse por sentada, tal y como se intentó en el intento truncado de renovación en 2022.

¿Posible impugnación?

La semana pasada, en el marco del XVII Foro de la Privacidad, en los corrillos de los participantes, la carta a Bolaños y el futuro de la votación de hoy fueron protagonistas. Ahí se puso de manifiesto que la falta de transparencia en el proceso podría acabar con la renovación de la AEPD, una vez más, en el Supremo.

De hecho, fuentes cercanas a la renovación consideran probable que, de salir adelante y lograr Cotino y Pérez Bes el consenso político necesario, su nombramiento sea impugnado ante el Supremo, invocando falta de transparencia y ausencia de criterios objetivos en la evaluación.

El punto clave al que se aferran estas voces es el artículo 53 del Reglamento General de Protección de Datos, que señala que "los Estados miembros dispondrán que cada miembro de sus autoridades de control sea nombrado mediante un procedimiento transparente por su Parlamento, su Gobierno, su Jefe de Estado o un organismo independiente encargado del nombramiento en virtud del Derecho de los Estados miembros".

La falta de transparencia en el proceso podría acabar con la renovación de la AEPD, una vez más, en el Supremo

No obstante, expertos en derecho administrativo consultados mantienen posturas enfrentadas sobre el procedimiento que debe seguir el Gobierno en la designación de determinados cargos antes de someter su propuesta a la ratificación parlamentaria.

Por un lado, algunos juristas sostienen que la única obligación del Ejecutivo es publicar su propuesta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su validación por las Cortes. Según esta interpretación, una vez que las personas propuestas han sido formalmente nombradas, los candidatos que consideren vulnerados sus derechos pueden solicitar el expediente y, si lo estiman oportuno, recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, dado que se trata de un acto del Consejo de Ministros.

Sin embargo, otros expertos advierten de que este procedimiento deja en una situación de indefensión a los aspirantes no seleccionados. Desde esta perspectiva, antes de remitir la propuesta al Parlamento —y, por tanto, de trasladar la cuestión al ámbito político—, la Administración debería informar a los candidatos sobre el informe justificativo del comité de selección.

Un proceso truncado en el pasado

De no salir adelante la renovación de la dirección de la AEPD o si se tumbara en una fase posterior, este organismo viviría un déjà vu de lo ocurrido en 2022. Ese año, el Tribunal Supremo declaró nulo el acuerdo del Consejo de Ministros que, en febrero, había comunicado al Congreso la terna del Comité de Selección en la que se designaban los candidatos para presidir este organismo.

La clave está en que, en 2021, PSOE y PP habían acordado la renovación de una serie de cargos en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la propia AEPD. Como resultado de ese acuerdo, el nombre elegido para dirigir la AEPD fue el de Belén Cardona como presidenta y el de Borja Adsuara como adjunto. Ambos figuraban en el acuerdo del Consejo de Ministros, ahora anulado, entre los candidatos que habían superado la criba del Comité de Selección.

Ese mismo año, el Consejo de Ministros también aprobó el nuevo estatuto de la AEPD, que modificaba el proceso de designación de sus responsables. La Agencia, hasta entonces liderada por una Dirección General, pasaría a contar con una Presidencia y una Adjuntía, y los candidatos propuestos requerirían la aprobación de las Cortes. El pacto previo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias y el hecho de que, pese a la filtración de los nombres, el procedimiento de designación siguiera su curso —incluyendo entrevistas al resto de candidatos— llevaron al Supremo a señalar que el proceso se había iniciado "viciado de raíz".

Según fuentes del entorno de aquel proceso, este revés legal hizo que el propio Bolaños se planteara volver al procedimiento de nombramiento anterior, es decir, sin necesidad de ratificación por parte de las Cortes.