Los despachos prevén más reestructuraciones en 2025 y apuntan al sector 'mid-market'

Los despachos de abogados afrontan el tercer año de la nueva Ley Concursal con una valoración muy positiva de la normativa, aunque todavía con algunos interrogantes. Las firmas consideran que el nivel de actividad será superior al del año pasado y la mayoría prevé un incremento de la facturación en el ejercicio actual. En concreto, seis de cada diez bufetes encuestados prevén una mayor actividad, mientras que el 40% restante apunta a un volumen similar al de 2024.

En los últimos meses, los juzgados mercantiles y las audiencias provinciales han aclarado muchas de las dudas iniciales sobre la aplicación de la Ley, pero persiste cierta incertidumbre en aspectos cruciales como la formación de clases, la definición del perímetro afectado o el tratamiento de la financiación interina, entre otros. Aun así, la mayoría de firmas confía en que a lo largo de este año se disipen buena parte de esas incógnitas interpretativas.

Estas son algunas de las conclusiones de la segunda entrega de la serie realizada por El Confidencial Jurídico acerca de las tendencias y previsiones en las principales áreas de práctica de los despachos de abogados. En la primera entrega, las firmas vaticinaron un marcado repunte en el ámbito Laboral como consecuencia de los cambios regulatorios continuos.

Los diez despachos consultados valoran positivamente los tres primeros años de aplicación de la Ley Concursal, aunque coinciden en la necesidad de aclarar ciertos aspectos cuya aplicación no está nítida. “Me importa mucho seguir la evolución de los planes competidores, así como la posibilidad de obtener una segunda prórroga del [artículo] 585 cuando esté justificado y se esté cerca de un resultado que evite el concurso”, señala Javier Castresana, socio de Reestructuraciones e Insolvencias en A&O Shearman.

En la misma línea, Juan Oñate, socio de Reestructuraciones y Concursal de Pérez-Llorca, e Isabel Villa, socia de Bancario y Reestructuraciones de la firma, recalcan que “la experiencia muestra que en procesos especialmente complejos sería conveniente permitir más de una prórroga”. En relación con la falta de regulación de los planes competidores, señalan que “incentiva a anticiparse a la parte contraria, en lugar de fomentar una negociación global que minimice el sacrificio de los acreedores y garantice la viabilidad a medio y largo plazo”.

“Nuestra objeción sigue siendo que la norma no va acompañada del refuerzo de medios que necesitan jueces y magistrados para una aplicación ágil”, agregan Pedro de Rojas, socio del área de Reestructuraciones y Situaciones Especiales de Latham & Watkins, y Luis Sánchez, counsel de la misma práctica. “También sería deseable una mayor previsibilidad y homogeneidad en las resoluciones de las audiencias provinciales, al ser la última instancia en las impugnaciones, podrían surgir criterios divergentes en asuntos cruciales”.

Otros factores clave en 2025 serán los instrumentos de financiación aprobados por el Gobierno para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia. Concretamente, los créditos ICO, que según Íñigo Villoria, socio de Clifford Chance, y Felipe Font, counsel de la misma firma, asumirán todavía más relevancia y se convertirán en “elementos decisivos” en las reestructuraciones.

Pablo Simón, socio de la práctica Debt & Restructuring en BDO, afirma que “veremos un aumento de las reestructuraciones a medida que se acerque el fin del marco temporal de los instrumentos ICO-Covid, lo que hará que se preste más atención a los planes de viabilidad y a las estimaciones de deuda sostenible y generación de caja destinada a repagar la deuda. Ya no se considerará el valor de la garantía ICO como la única palanca para definir el importe a refinanciar”.

En cuanto al tamaño de las operaciones, la encuesta revela que serán de magnitud similar o menor que las del año anterior. “Es previsible que en 2025 el grueso de las sociedades reestructuradas pertenezca a pequeñas y medianas empresas”, sostiene Javier Yáñez, socio de Uría Menéndez. Una previsión que respalda Miguel Lamo de Espinosa, socio y director de Reestructuraciones y Situaciones Especiales de Gómez-Acebo & Pombo, quien anticipa “un incremento de reestructuraciones en el mid-market”.

Mayor control judicial

Las firmas concuerdan en que los jueces de lo mercantil están adoptando un control más detallado de los planes de reestructuración desde la primera instancia. “Tras un periodo inicial más laxo, los tribunales han comenzado a efectuar un escrutinio más profundo en la fase de homologación, negándose a homologar planes que no cumplan con los requisitos materiales o formales de la Ley Concursal”, apunta Yáñez, de Uría Menéndez.

Francisco Sainz-Trápaga, socio de Bancario y Reestructuraciones de Linklaters, valora “muy positivamente” este refuerzo en el control judicial “para evitar un uso abusivo de las herramientas preconcursales”. Desde su perspectiva, “la consolidación de los planes de reestructuración y la evolución de la jurisprudencia llevarán a medio plazo a una mayor seguridad jurídica y a una menor litigiosidad”.

Según David Mellado, socio responsable de Legal en PwC Tax & Legal, los jueces están examinando con más detenimiento aspectos como “la justificación de la viabilidad del plan de reestructuración a corto y medio plazo y el papel desempeñado por el experto en la reestructuración”, entre otros.

“Los juzgados mercantiles han endurecido sus controles sobre los planes de reestructuración, dejando atrás el control mínimo para derivarlo a las audiencias provinciales. Hoy ya no se limitan a verificar el cumplimiento de los requisitos formales; están rechazando homologaciones apoyados en criterios técnicos como la viabilidad, la formación de clases y las mayorías”, añade el socio de BDO. “Esta intervención de la judicatura para frenar planes oportunistas, alejados de la finalidad de la norma, ha hecho que los distintos actores sean más conscientes de los beneficios y la relevancia de alcanzar acuerdos que posibiliten planes consensuales”, considera Castresana, socio de A&O Shearman.

Ignacio Buil, socio coordinador del área de Restructuring de Cuatrecasas, confirma el cambio de tendencia en los juzgados de lo mercantil y anticipa “una interacción más cercana entre la regulación concursal y la societaria”, además de “segundas vueltas en determinadas reestructuraciones que podrían concluir con resultados distintos a los previstos inicialmente”, como sucedió en el caso de Transbiaga “y que intuimos en otros supuestos”.

La amenaza de los aranceles

En lo que respecta a los sectores que probablemente se verán más afectados este año, los expertos encuestados no se ponen de acuerdo, pero coinciden en señalar los posibles movimientos de Estados Unidos como un factor de inestabilidad. “Es evidente que los sectores expuestos al nuevo orden mundial que está emergiendo tras la llegada de la nueva Administración en EEUU estarán en el punto de mira”, explica Lamo de Espinosa, socio de Gómez-Acebo & Pombo. “La guerra comercial y la imposición de aranceles puede suponer un impacto directo sobre ciertos sectores de la economía nacional”. Buil, de Cuatrecasas, también menciona la política arancelaria como un elemento que podría forzar reestructuraciones en ciertas empresas.

Yáñez, socio de Uría, apunta que “habrá más reestructuraciones en sectores expuestos a las fluctuaciones de los precios de las materias primas o en industrias que sufren cambios disruptivos por la tecnología”. Destaca además la incertidumbre derivada de una posible guerra comercial, que afectaría a la exportación de determinados productos en nuestro país.