Holanda abre un filón a España para frenar las ejecuciones por las condenas renovables

Importante victoria para España en su guerra por los arbitrajes renovables. Un tribunal holandés ha dictado una sentencia en la que ordena a dos sociedades holandesas que ganaron un arbitraje a España por el recorte a las primas, AES Solar Energy Coöperatief y Ampere Equity Fund, a indemnizar a España si prospera la ejecución de los laudos en el extranjero, según explican fuentes conocedoras de la decisión a El Confidencial.

AES Solar Energy Coöperatief y Ampere Equity Fund vendieron los derechos de cobro del laudo al vehículo Blasket, valorados en alrededor de 26,5 millones, que tiene varios procedimientos abiertos de ejecución en Estados Unidos de estos laudos millonarios ganados a España.

Esta resolución llega meses después de que España, a través de la Abogacía del Estado y Simmons & Simmons España, solicitase a los tribunales de diferentes jurisdicciones europeas, donde están ubicados los demandantes, que dictasen órdenes cautelares para interrumpir la ejecución de los laudos porque son ayudas de Estado contrarias al derecho europeo.

El tribunal holandés señala, en la resolución, que el laudo constituye una ayuda de Estado ilegal mientras la Comisión Europea no diga lo contrario y que la ejecución del laudo por parte de Blasket (u otra entidad que tenga los derechos de cobro) sería contrario al derecho europeo hasta que la Comisión Europea se pronuncie. En caso de ejecución, AES y Ampere deberán indemnizar a España de forma proporcional a lo cobrado si finalmente se confirma que constituyen ayudas de Estado.

A la espera de Bruselas

Hasta la fecha, España suma condenas por más de 1.000 millones, pero todavía no ha abonado ninguna indemnización. El Estado defiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los arbitrajes intra-UE son ilegales, y cita los casos de Achmea y Komstroy, en los que se concluyó que este tipo de arbitrajes en los que se invoca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —del que España y otros países europeos ya se han desvinculado— son incompatibles con el derecho comunitario.

El Estado también señala que Bruselas le ha ordenado no pagar ningún arbitraje hasta que termine la investigación que tiene abierta para determinar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea.

El origen de la guerra arbitral

El origen de la oleada de arbitrajes entre España y multitud de inversores está en la reforma de 2013 para acabar con las primas a las energías renovables que había aprobado en 2007 el Gobierno.

Este cambio normativo, avalado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, supuso una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La alteración de las reglas de juego provocó un aluvión de arbitrajes que superan el medio centenar y, aunque hasta la fecha se ha saldado con numerosas condenas a España, el Estado también se ha anotado algunas victorias y la reducción considerable de muchas de las reclamaciones de los inversores.