La ciberseguridad es la mayor preocupación para casi la mitad de los abogados de empresa

Los abogados de empresa alertan de que los litigios derivados de la tecnología, la inteligencia artificial y la protección de datos serán la gran preocupación de las compañías este año. Es una de las principales conclusiones del informe anual Global Disputes Forecast 2025, elaborado por Baker McKenzie, tras entrevistar a 600 abogados in-house de diferentes multinacionales.

En concreto, el estudio concluye que los litigios por Ciberseguridad y Privacidad de datos suponen el mayor riesgo para las organizaciones (45%), seguido muy de cerca por los vinculados a la Inteligencia Artificial (IA) (44%), Laboral (32%), Comercial y contractual (25%) y Fiscal (25%).

El aumento y la mayor sofisticación de los ciberataques han llevado a que estos sean el principal quebradero de cabeza para los abogados internos de las compañías. Las investigaciones y el cumplimiento (incluidas las multas) preocupan al 70% de los responsables legales. El teletrabajo, la nube y los proveedores externos generan nuevas vulnerabilidades, y la cobertura de seguros insuficiente o los litigios sobre reclamaciones preocupan al 44%. Los problemas de cumplimiento en la cadena de suministro también son una inquietud para el 41%.

A la litigación por Ciberseguridad le sigue muy de cerca la vinculada con la IA desde tres ángulos diferentes: seguridad de los datos (60%), cuestiones éticas (59%) y propiedad intelectual (55%), todo ello en un contexto de dificultad a la hora de integrar la IA en el marco legal actual.

Preocupación por Laboral y Fiscal

La litigación laboral se mantiene en el podio de preocupaciones para las empresas ante los nuevos cambios regulatorios a nivel mundial. El mayor escrutinio de las autoridades de competencia (incluidos los acuerdos de no competencia) es la principal preocupación de los encuestados (45%), seguido de cerca por la igualdad salarial (40%) y las investigaciones en el lugar de trabajo por discriminación o acoso (40%), que también son preocupaciones clave.

“En materia laboral existen novedades y obligaciones desarrolladas normativamente, pero también a través de jurisprudencia propia (por lo que es recomendable estar informado de la evolución de los temas para preparar a la organización). Es importante hacer seguimiento del desarrollo jurisprudencial ya que algunas obligaciones se vienen implantando por vía jurisprudencial más que por desarrollo normativo”, explica Mireia Sabaté, socia responsable del área Laboral en Baker McKenzie Barcelona.

“Serán de especial trascendencia cuestiones relacionadas con el teletrabajo, desconexión digital, el tiempo de trabajo y flexibilidad, transparencia retributiva o incluso interpretaciones de tribunales sobre cláusulas de no competencia. Este, por ejemplo, se ha convertido en un tema controvertido desde que en 2024, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. tomó medidas (que se enfrentan a continuos desafíos legales) para imponer una prohibición nacional casi completa de los acuerdos de no competencia entre trabajadores y veremos cómo ello impacta en el resto de jurisdicciones”, apunta.

La abogada también pone de relieve el aumento de las investigaciones en el lugar de trabajo y apunta al refuerzo en la protección de los denunciantes como uno de los principales motivos. "Vemos muchas más investigaciones relacionadas con la discriminación, intimidación, abusos de poder y acoso. Esto se debe en parte a la evolución de la legislación, pero también por un cambio de actitud de las personas trabajadoras y terceros relacionados con la actividad empresarial. Hay más conciencia de la necesidad de que las compañías tengan unos buenos procesos de compliance, lo cual es positivo. Y cada vez más empresas reciben formación para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, y mitigar los riesgos. Es importante que las empresas establezcan políticas, protocolos y procesos internos de solución”.

Los conflictos fiscales preocupan a un 62% de los encuestados, principalmente por la movilidad global de los trabajadores (impulsada por la tecnología, el nomadismo digital y el trabajo remoto). Los impuestos indirectos (51%) y los precios de transferencia (51%) también son áreas clave de disputa, debido a la dinámica de las regulaciones de IVA/GST y al escrutinio de las autoridades fiscales. El litigio sigue siendo el mecanismo de resolución preferido (más del 90%), superando al arbitraje (72%).

“Desde mi perspectiva, los continuos cambios en la normativa fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, y la dependencia en su aplicación de cuestiones tremendamente fácticas y sujetas a interpretaciones divergentes, hace que sea crucial mantenerse al día con tales cambios, pero también con la evolución del negocio y su operativa, incluso con la movilidad de sus empleados en la medida que ello puede alterar la localización de determinadas funciones en la cadena de valor”, explica María Antonia Azpeitia, socia responsable del área Fiscal en Baker Mckenzie Madrid.

“Para las multinacionales, esto implica implementar sistemas de seguimiento robustos para los movimientos de empleados, comunicar claramente las reglas, asegurar la documentación y la presentación de informes adecuados, y buscar asesoramiento profesional y tecnológico para mitigar riesgos. La gestión de los impuestos (industriales, locales, regionales y globales) es compleja, especialmente con la dispar adopción de los Pilares Uno y Dos y la proliferación de impuestos específicos a nivel nacional no armonizados, añade. La litigación sigue y seguirá siendo el mecanismo de resolución preferido, aunque en los últimos años se perciben avances significativos en mecanismos alternativos de resolución de los mismos, esencialmente en lo que se refiere a controversias relativas a precios de transferencia”.

En busca de asesores

A la hora de afrontar cualquiera de estas situaciones de riesgo, es tan importante la prevención como la acción, y aquí hay problemas para estar preparado y encontrar el apoyo adecuado. La mayoría de los encuestados (60%) apunta que la mayor dificultad que tiene a la hora de litigar es seguir el ritmo de los cambios regulatorios. “La complejidad y frecuencia de los cambios normativos exigen que las organizaciones inviertan en la supervisión y actualización continuas de sus programas de cumplimiento, lo que puede requerir muchos recursos”, señala el estudio.

La segunda y tercera mayor dificultad que apuntan los encuestados (53%) son la de encontrar los asesores externos adecuados y la de contar con la financiación adecuada. Les siguen las vulnerabilidades en la cadena de suministro (50%) y la estructura interna de las compañías (45%) como otros de los problemas que gestionar.