Osborne Clarke admite que más de la mitad de su facturación procede de Grifols

Osborne Clarke se anota un crecimiento de doble dígito gracias a Grifols. El despacho de abogados registró en el ejercicio de 2023 una facturación de 55,46 millones de euros, alrededor de un 25% más con respecto al año pasado, y un beneficio de un millón de euros, según consta en las cuentas anuales de la firma consultadas por El Confidencial, recientemente depositadas en el Registro Mercantil.

El bufete admite en sus cuentas que durante ese año prestó servicios “con un grupo empresarial que representa más de la mitad del total de la facturación del ejercicio”, por lo que los honorarios abonados por Grifols a la firma serían de al menos 27,5 millones de euros.

El aumento de las ventas también ha conllevado una mayor remuneración para los socios del bufete, que se han repartido 31,27 millones de euros, casi el doble respecto a los 17,28 millones del año anterior. Al cierre del ejercicio, la firma contaba con 115 profesionales en plantilla.

En el punto de mira

El despacho de abogados está en el epicentro de la batalla entre Grifols y los fondos dueños del 14% del accionariado, entre los que se encuentran Mason Capital, Flat Footed y Sachem. Estos fondos cuestionan el papel jugado por Tomás Dagá, exsocio director del bufete, por su triple papel como consejero de la farmacéutica desde el año 2000, accionista y abogado de la firma de referencia de la compañía, acusada por Gotham de falsear sus números.

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Las firmas reclaman su cese, que Grifols desvele los honorarios abonados a Osborne Clarke y al abogado durante los últimos quince años, conocer el porcentaje de participación de Dagá en el despacho durante los últimos quince años y el porcentaje de participación del letrado en Scranton, el 'holding' patrimonial de la familia Grifols.

Hace meses, el 'proxy' Glass Lewis alertó de la estrecha vinculación entre el despacho y la farmacéutica y del perjuicio que podría suponer para los accionistas minoritarios que Dagá forme parte del consejo y, a la vez, presida el despacho de cabecera de la compañía. "Vemos esas relaciones como posibles fuentes de conflictos para los consejeros, ya que pueden verse forzados a contrapesar sus propios intereses con los de los accionistas cuando toman decisiones en el consejo. Además, la decisión de la compañía a la hora de elegir cuál es la mejor firma profesional puede verse comprometida al hacer negocios con la firma de servicios profesionales de los consejeros". Dagá, tal y como publicó Bloomberg, ya no forma parte del bufete desde el pasado 31 de diciembre.

Guerra judicial

La Audiencia Nacional investiga desde finales de noviembre a Gotham City por presuntamente lanzar al mercado información sesgada y engañosa sobre los números de Grifols para desestabilizar a la compañía, provocar una caída de la cotización y generar un beneficio a Gotham, que opera con posiciones cortas en la farmacéutica catalana. La denuncia fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito contra el mercado y los consumidores.

Operar con posiciones cortas, explica el juez José Luis Calama en una resolución, implica vender acciones de las que no se es propietario y que se han tomado en préstamo, para venderlas ventajosamente, debiendo posteriormente comprar a fin de devolver las acciones prestadas. La ganancia radica en la diferencia entre el precio de venta de la acciones y el de compra de las acciones (o recompra de lo vendido). Esta operativa, indica el auto, supuso para la matriz de Gotham (General Industrial Partners LP) una plusvalía superior a 9,4 millones de euros.

El 'proxy' Glass Lewis alertó de la estrecha vinculación con la farmacéutica y del perjuicio de Dagá forme parte del consejo

Grifols ya se ha personado en la causa con un inusual y fuerte despliegue de tres despachos de abogados (Uría Menéndez, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Martell Abogados); Gotham City cuenta con Daniel Jiménez, fundador y socio de SLJ, conocido por representar a los bonistas del Banco Popular en su acusación contra la antigua dirección de la entidad. También formará parte del equipo Manuel A. Romero, socio fundador de RRBS Legal y exabogado del Estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dagá, por su parte, se ha personado en su doble condición de consejero y accionista con Martell, uno de los bufetes de Grifols.