Dagá (Osborne Clarke) irrumpe en la batalla legal contra Gotham con los abogados de Grifols

Los lazos entre Osborne Clarke y Grifols se estrechan un poco más. Tomás Dagá, consejero de Grifols y exsocio director de Osborne Clarke, irrumpe en la batalla judicial entre Grifols y Gotham. El abogado, que se mantiene como socio del despacho, ha solicitado personarse en la causa que investiga la Audiencia Nacional en calidad de perjudicado en su doble condición de consejero de Grifols y accionista perjudicado por la caída del valor de las acciones de la compañía a título personal, según confirman fuentes del sector a El Confidencial. Lo ha hecho, además, con los mismos abogados que ha contratado Grifols.

En concreto, Dagá ha solicitado personarse con los penalistas Cristóbal Martell y María Saló, los mismos que asesoran a la farmacéutica junto a Uría Menéndez y CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Para preparar el caso no tendrán que desplazarse mucho: Osborne Clarke y Martell comparten sede en el número 477 de la Avenida Diagonal en Barcelona, el primero en la planta 20 y el segundo en la octava. La antigua cara visible de Osborne Clarke en España es consejero de la farmacéutica desde el año 2000 y, hasta el año pasado, también fue vicesecretario del consejo. Dagá está en la diana de los fondos accionistas, que controlan un 14% del capital, por su rol en la gestión de la compañía de hemoderivados.

Mason Capital, Flat Footed y Sachem son algunos de los fondos que han puesto en el punto de mira al abogado. Las tres firmas reclaman su cese, que Grifols desvele los honorarios abonados a Osborne Clarke y al abogado durante los últimos quince años, conocer el porcentaje de participación de Dagá en el despacho durante los últimos quince años y el porcentaje de participación del letrado en Scranton, el 'holding' patrimonial de la familia Grifols.

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El proxy Glass Lewis también alertó hace meses de la estrecha vinculación entre el bufete y la farmacéutica y del perjuicio que podría suponer para los accionistas minoritarios. “Vemos esas relaciones como posibles fuentes de conflictos para los consejeros”, ya que pueden verse forzados a contrapesar sus propios intereses con los de los accionistas cuando toman decisiones en el consejo. “Además, la decisión de la compañía a la hora de elegir cuál es la mejor firma profesional puede verse comprometida al hacer negocios con la firma de servicios profesionales de los consejeros”, señaló la firma.

El despacho Osborne Clarke es conocido en el sector como la asesoría jurídica de Grifols por ser su firma de referencia para todos sus asuntos relevantes. A comienzos de este año, el despacho acordó un relevo en la dirección con la elección de Miguel Lorán y Jordi Casas como socios codirectores en sustitución de Núria Martín, anterior socia directora entre 2017 y 2022 que, además, ocupaba cargos en la farmacéutica: fue vicesecretaria y más tarde secretaria del consejo de administración. Martín sucedió en el cargo al citado Dagá, fundador de la firma en España, que guarda una estrecha amistad con Raimon Grifols, exdirector general corporativo y vicepresidente del consejo de Grifols y, con anterioridad, socio de Osborne Clarke.