Grifols se arma con Uría, CMS y el bufete de Messi para su batalla con Gotham

Grifols saca la artillería pesada para afrontar el frente judicial abierto en España contra Gotham, el fondo que, a principios de enero, difundió información que desató el desplome en bolsa de la farmacéutica catalana. Este episodio marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que incluyó múltiples revisiones, explicaciones por parte de la compañía cotizada —con cambios en su cúpula directiva— y una opa frustrada por parte de Brookfield. Ahora, ambas partes se verán las caras en la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Gotham por difundir información "sesgada y engañosa" al mercado.

Según ha podido saber El Confidencial, Grifols se ha puesto en manos de tres despachos para afrontar este caso: Uría Menéndez, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Martell Abogados, según confirman varias fuentes del mercado a El Confidencial.

El letrado de Uría a cargo es el socio Jaime Alonso Gallo, socio desde 2013 y anteriormente abogado en la boutique penalista Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo. Este abogado cuenta con experiencia en casos mediáticos como Bankia o Villarejo y será clave en la estrategia contra Gotham, al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de difundir información sesgada y engañosa sobre Grifols.

Junto a Alonso trabajará Enrique Remón, socio de CMS y fiscal de carrera. Remón fue fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid y fiscal decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid desde 2016 hasta su incorporación a la firma.

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El trío de firmas asesoras lo completa Martell Abogados, con Cristóbal Martell al frente, reconocido abogado penalista acostumbrado a casos de alto voltaje mediático. Martell ha sido el abogado de Messi en su conflicto con Hacienda, también de la familia Pujol y, más recientemente, defendió al futbolista Dani Alves de la acusación de violación. En este caso está junto a la abogada María Saló.

De forma paralela, algunos consejeros de la farmacéutica estarían considerando presentarse como acusación particular y habrían iniciado contactos con otras firmas especializadas en derecho penal. Además, la comisión de auditoría de Grifols ya había contratado a Baker McKenzie para la elaboración de un informe independiente sobre la situación mercantil de la compañía, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades penales o civiles derivadas del informe publicado por el fondo bajista a principios de año.

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Gotham City también ha movido ficha para defenderse de las acusaciones de la justicia española. Según adelantó El Economista, contará con Daniel Jiménez, fundador y socio de SLJ, conocido por representar a los bonistas del Banco Popular en su acusación contra la antigua dirección de la entidad. También formará parte del equipo Manuel A. Romero, socio fundador de RRBS Legal y exabogado del Estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Grifols, parte perjudicada

Cuando la Audiencia Nacional inició la investigación contra Gotham, el juez José Luis Calama ofreció a Grifols la posibilidad de personarse en la causa como parte perjudicada. El proceso comenzó hace un mes, después de que el tribunal admitiese la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa al fondo bajista de haber emitido un informe "sesgado y engañoso" sobre la credibilidad financiera de la farmacéutica catalana, con objeto de inducir a sus inversores a vender las acciones.

Calama investiga si Gotham ha incumplido el Código Penal. Concretamente, el artículo 284.1.2º, que sanciona a quien difunda noticias engañosas "ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero". Juzga así el informe publicado por el fondo el pasado 9 de enero. Ese documento puso en duda la veracidad de la deuda de Grifols y le provocó una crisis bursátil que comenzó ese mismo día con una caída del 25%.

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La cuestión es que Gotham había aflorado el día de antes una participación bajista del 0,57% para venderla prácticamente en su totalidad solo un día después, aprovechando el desplome de la cotización. Calama estima que habría conseguido una plusvalía superior a los 9,4 millones de euros con esa operación, lo que le lleva a determinar que concurren los requisitos para investigar un posible delito contra el mercado y los consumidores.

Conviene explicar que tomar posiciones cortas implica apostar en contra de la compañía. La operativa es la siguiente: un inversor pide al mercado acciones prestadas para venderlas al precio vigente, con el objetivo de comprarlas después a un precio inferior y, al devolverlas, quedarse con la diferencia como ganancia. Es un movimiento arriesgado, ya que, si el precio sube, perderá dinero. Pero sucede justo lo contrario si se hunde la cotización, como sucedió en el caso de Grifols.

Gotham realizó esa operación a través de su matriz General Industrial Partners (GIP), que también está siendo investigada en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. Las sociedades acusadas ya han recibido una copia del auto de admisión de la denuncia presentada por Anticorrupción, además de la propia denuncia. En esa comunicación, el juez también les instó a nombrar un abogado y un procurador, advirtiéndoles de que, en caso de no hacerlo, procedería a designarlos de oficio.