Cuidado con la IA, abogado: la ‘pillada’ de un tribunal que ha dado un toque al sector

El uso de la inteligencia artificial en la abogacía ha abierto un debate ético y deontológico sobre cómo debe usarse y cuáles son sus límites. Cada vez son más los despachos de abogados que han integrado esta tecnología en su trabajo diario para buscar jurisprudencia, redactar cláusulas de contratos o traducir documentos. Los resultados son cada vez más precisos, pero requieren supervisión humana para evitar las llamadas alucinaciones (errores), que pueden llegar a provocar sanciones a los abogados, como estuvo a punto de ocurrir recientemente en Navarra.

El origen del caso está en un abogado que presentó una querella preparada con ayuda de un sistema de inteligencia artificial. En el escrito, el letrado incluyó por error un artículo del Código Penal de Colombia como si fuese del Código Penal español, algo que fue advertido por el propio tribunal. Tras inadmitir a trámite la querella en junio, el tribunal acordó abrir una pieza separada para determinar si hubo abuso de derecho o mala fe procesal por parte del abogado.

Fue el propio letrado quien, inmediatamente después, presentó un escrito ante el tribunal en el que pedía disculpas por el “error material grosero e involuntario”, solicitaba su subsanación y explicaba que, para preparar la querella, había contado con ayuda del sistema ChatGPT3, aunque su uso había sido “inadecuado” por parte de la firma en la que trabaja.

El tribunal explica que el uso descuidado de estas tecnologías “plantea importantes implicaciones deontológicas” y es “susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal”. A este respecto, los jueces recuerdan que en Estados Unidos, ya se sancionó con 5.000 dólares a un abogado por el uso indebido de ChatGPT en escritos procesales, “clarificando que no hay nada intrínsecamente incorrecto en que los abogados utilicen la inteligencia artificial como ayuda, pero añadiendo a continuación que las normas deontológicas de la abogacía imponen a los abogados una función de control para garantizar la exactitud de sus presentaciones”.

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En una resolución dictada tras el verano, la primera en España, el TSJ de Navarra acuerda archivar la pieza tras valorar la “singularidad” del caso, la falta de precedentes y la “inmediata reacción del letrado excusando el error cometido”. No obstante, este archivo es un aviso a navegantes: “Sirva la presente -quizá- de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.