El terremoto Grifols sacude las filas de Osborne Clarke
Fondos representantes del 14% del capital redoblan la presión para forzar la salida de Dagá del consejo y que se desvelen los honorarios que la farmacéutica ha pagado al despacho
Si Grifols se agita, las ondas sísmicas llegan a Osborne Clarke. El despacho de abogados internacional lleva meses en el punto de mira de los fondos accionistas de la farmacéutica por su estrecha relación con la compañía y el papel jugado por Tomás Dagá, socio fundador del bufete y consejero de Grifols desde el año 2000. Hasta hace un año fue también el vicesecretario del consejo y mantiene una estrecha amistad con Raimon Grifols, actual director general corporativo y vicepresidente del consejo de Grifols y, con anterioridad, socio de Osborne Clarke.
En concreto, los fondos que controlan el 14% del capital, entre los que está Mason Capital, señalan a Dagá como uno de los responsables de la gestión de la empresa en los últimos años y, además de pedir su salida, han reclamado conocer los honorarios pagados a Osborne Clarke durante los últimos 15 años, el porcentaje de este bufete que controla Dagá, la participación del abogado en Scranton a través de su sociedad Fatjo y los potenciales acuerdos entre este consejero o su despacho con Nomura y Proskauer Rose (este banco y bufete han sido asesores habituales del grupo en los últimos años).
Mason Capital, además, no está solo. El 'proxy' Glass Lewis alertó hace meses de la estrecha vinculación entre el despacho y la farmacéutica y del perjuicio que podría suponer para los accionistas minoritarios que Dagá forme parte del consejo y, a la vez, presida la firma de cabecera de la compañía. "Vemos esas relaciones como posibles fuentes de conflictos para los consejeros, ya que pueden verse forzados a contrapesar sus propios intereses con los de los accionistas cuando toman decisiones en el consejo. Además, la decisión de la compañía a la hora de elegir cuál es la mejor firma profesional puede verse comprometida al hacer negocios con la firma de servicios profesionales de los consejeros", señala la firma en uno de sus informes.
Osborne Clarke, que durante años ha mantenido un perfil bajo con una política de comunicación casi nula, es conocida en el sector como la asesoría jurídica de Grifols por ser su asesor de referencia para todos sus asuntos relevantes. El despacho registró en 2022 una facturación de 43,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, de los que se estima en el mercado que más de la mitad proceden de Grifols. No es raro que un cliente suponga un porcentaje relevante de la facturación de un despacho de abogados, pero sí es excepcional una relación tan estrecha como la que tienen la firma de hemoderivados y el bufete. En cifras, la firma ha asesorado en al menos 16 operaciones de fusiones y adquisiciones por valor de más de 8.500 millones de euros.
Los envites de los fondos mantienen en vilo a la plantilla, tal y como ha podido constatar El Confidencial en conversación con profesionales de la firma tras la retirada de la opa de Brookfield y la reciente entrada de los fondos en el consejo de administración. Una eventual ruptura con Dagá y el despacho podría obligar a la firma a reestructurarse o, como apuntan fuentes internas, a solicitar un préstamo intragrupo.
Cambios en el bufete
El despacho es consciente de que la estrecha vinculación con Grifols le ha pasado factura y ha empezado a mover ficha. A comienzos de este año, el despacho dio un giro significativo con la elección de Miguel Lorán y Jordi Casas como socios codirectores en sustitución de Núria Martín, anterior socia directora entre 2017 y 2022 que, además, ocupaba cargos en la farmacéutica: fue vicesecretaria y más tarde secretaria del consejo de administración. Martín sucedió en el cargo al citado Dagá, fundador de la firma en España. Las raíces de Grifols en Osborne Clarke son profundas y arrancarlas de golpe como pretenden los fondos supondría un enorme ‘shock’ interno.
Fuentes próximas al despacho niegan nerviosismo interno y apuntan que esta situación ha hecho que los socios hagan más piña
De forma paralela, el despacho está tratando de diversificar su cartera de clientes para rebajar su dependencia de Grifols. Según los datos de TTR, entre 2023 y 2024, la oficina española del bufete ha participado en operaciones relevantes como la adquisición de Alucan Entec por parte de la estadounidense Ball Corporation por 82 millones de euros, y la compra del edificio en la calle Velázquez 21 de Madrid por Inbest-GPF Real Estate Management Partners a Centurion Real Estate por 100 millones de euros. También participó en 2023 en la venta del club de fútbol Racing de Santander, controlado en aquel momento por Grupo Pitma al vehículo Sebman Sports International.
No obstante, en estos datos, Osborne Clarke también destaca por su elevado importe la venta del 20% de Shanghai RAAS Blood Products por parte de Grifols a Haier por 1.598 millones de euros. Además, hace apenas una semana su cliente de cabecera volvió a tirar del despacho en el cierre de la nueva refinanciación firmada por Grifols, que incluye una emisión de deuda de 1.300 millones de euros. Según comunicó la propia compañía farmacéutica, Osborne Clarke España fue el asesor legal, en este caso, junto a Proskauer Rose LLP. Por su parte, Milbank LLP fue el asesor legal de los bancos e inversores en la transacción.
Otras fuentes próximas al despacho niegan nerviosismo interno y apuntan que esta situación ha hecho que los socios hagan más piña que nunca. El Confidencial se puso en contacto con el despacho hace una semana, pero al cierre de esta información no había atendido a este medio y se limitó a enviar un comunicado interno a la plantilla alertando de la publicación de este artículo.
Si Grifols se agita, las ondas sísmicas llegan a Osborne Clarke. El despacho de abogados internacional lleva meses en el punto de mira de los fondos accionistas de la farmacéutica por su estrecha relación con la compañía y el papel jugado por Tomás Dagá, socio fundador del bufete y consejero de Grifols desde el año 2000. Hasta hace un año fue también el vicesecretario del consejo y mantiene una estrecha amistad con Raimon Grifols, actual director general corporativo y vicepresidente del consejo de Grifols y, con anterioridad, socio de Osborne Clarke.
En concreto, los fondos que controlan el 14% del capital, entre los que está Mason Capital, señalan a Dagá como uno de los responsables de la gestión de la empresa en los últimos años y, además de pedir su salida, han reclamado conocer los honorarios pagados a Osborne Clarke durante los últimos 15 años, el porcentaje de este bufete que controla Dagá, la participación del abogado en Scranton a través de su sociedad Fatjo y los potenciales acuerdos entre este consejero o su despacho con Nomura y Proskauer Rose (este banco y bufete han sido asesores habituales del grupo en los últimos años).
Mason Capital, además, no está solo. El 'proxy' Glass Lewis alertó hace meses de la estrecha vinculación entre el despacho y la farmacéutica y del perjuicio que podría suponer para los accionistas minoritarios que Dagá forme parte del consejo y, a la vez, presida la firma de cabecera de la compañía. "Vemos esas relaciones como posibles fuentes de conflictos para los consejeros, ya que pueden verse forzados a contrapesar sus propios intereses con los de los accionistas cuando toman decisiones en el consejo. Además, la decisión de la compañía a la hora de elegir cuál es la mejor firma profesional puede verse comprometida al hacer negocios con la firma de servicios profesionales de los consejeros", señala la firma en uno de sus informes.
Osborne Clarke, que durante años ha mantenido un perfil bajo con una política de comunicación casi nula, es conocida en el sector como la asesoría jurídica de Grifols por ser su asesor de referencia para todos sus asuntos relevantes. El despacho registró en 2022 una facturación de 43,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, de los que se estima en el mercado que más de la mitad proceden de Grifols. No es raro que un cliente suponga un porcentaje relevante de la facturación de un despacho de abogados, pero sí es excepcional una relación tan estrecha como la que tienen la firma de hemoderivados y el bufete. En cifras, la firma ha asesorado en al menos 16 operaciones de fusiones y adquisiciones por valor de más de 8.500 millones de euros.
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