El fiasco en la ley de acciones colectivas abre a España un frente en la Comisión Europea

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado a España ante la Comisión Europea por el retraso en la transposición de la Directiva 2020/1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, más conocida como la ley de acciones colectivas. La denuncia ya ha sido admitida a trámite.

La asociación, que cuenta con el apoyo de The European Consumer Organisation (BEUC), ha dado este paso semanas después de que el Gobierno decidiese excluir la aprobación de esta nueva ley en el marco de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El motivo, como ya publicó este diario, es la falta de consenso en algunos de los aspectos más controvertidos de la normativa.

"Este aplazamiento supone en la práctica que es materialmente imposible que se tramite y apruebe la transposición de la directiva en este año 2024 y que, salvo que se tomen medidas de urgencia, podría demorarse un año más", señala Asufin en la denuncia presentada el pasado miércoles.

España, junto a Francia, Estonia y Bulgaria, es los pocos países que a día de hoy no ha transpuesto la citada directiva. El plazo para hacerlo expiró en diciembre de 2022 y España afronta una sanción millonaria tras la denuncia presentada por Asufin, que solicita que el Ejecutivo comunitario inicie ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un procedimiento por incumplimiento.

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"Tenemos la esperanza de que la transposición se resuelva en dos meses. Una sanción no es lo deseable porque la terminarían pagando todos los contribuyentes", explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin, en conversación con este diario. "La aprobación de esta ley es muy importante para que los consumidores tengan las herramientas necesarias para que sean resarcidos económicamente por la vulneración de sus derechos".

Un precedente en España

Hace tres años, el TJUE condenó a España a pagar 15 millones de euros por no transponer a tiempo la directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales, así como 89.000 euros de multa diaria coercitiva hasta que se transponga.

La sentencia del TJUE es el último escalón del procedimiento de infracción, el sistema por el que la Comisión Europea se asegura de que los Estados miembros respetan el derecho comunitario. El primero de los pasos es enviar una carta de emplazamiento, ya sea cuando considera que un país está incumpliendo una directiva o no ha transpuesto la norma europea a tiempo, que es el caso de España.

"Una sanción no es lo deseable porque la terminarían pagando todos los contribuyentes"

La transposición tardía de directivas no es algo nuevo para el país. España colidera junto a Bulgaria la clasificación europea de países con más infracciones abiertas por transposición y/o aplicación incorrecta de las directivas y por transposición tardía, según los datos del Informe 2023 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión elaborado por la Comisión Europea.

En concreto, España suma 47 procedimientos abiertos por errores en la transposición y/o aplicación de directivas y otros 24 procedimientos por transponer directivas fuera de plazo.