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Baile de abogados VIP a las puertas del juicio millonario por Popular
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Baile de abogados VIP a las puertas del juicio millonario por Popular

PwC y sus dos socios procesados por la ampliación de capital de Popular refuerzan su defensa. Los bonistas, que ya contaban con SLJ, suman a un exClifford Chance

Foto: Imagen de archivo de una oficina de Banco Popular. (Jaceay)
Imagen de archivo de una oficina de Banco Popular. (Jaceay)
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El juicio por la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 se acerca, y las partes han sacado la artillería pesada a las puertas de que el juez instructor, José Luis Calama, dicte el auto de apertura de juicio oral tras recibir en las próximas semanas los escritos de acusación. Mientras tanto, acusaciones y acusados, que ya contaban con letrados de primer nivel, suman nuevos penalistas premium para un juicio en el que se prevén reclamaciones millonarias, según confirman fuentes del mercado consultadas por El Confidencial.

PwC, que junto a dos de sus socios, Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, se sentará en el banquillo por su papel como auditora de Popular en 2015 y 2016, ha optado hasta ahora por confiar su defensa a Cortés Abogados, pero ahora ha cambiado de estrategia. PwC se ha puesto en manos de Carlos Domínguez, socio de Business & Law; Barrio se ha puesto en manos de José Ángel González Franco y Rosa Seoane; y Sanz Olmeda ha fichado a José María Ayala de la Torre. Otras fuentes consultadas señalan que las tres nuevas incorporaciones son un refuerzo general para la defensa, que sigue siendo única y no se divide.

Los nuevos abogados de PwC y sus socios han participado en algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Domínguez fue el abogado de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en el caso Villarejo; y el despacho de González Franco, que también fue abogado de Iberdrola en el caso Villarejo, también defendió a eléctrica en el caso de la manipulación de la luz, donde fue absuelta.

Suma y sigue, porque los bonistas, entre los que se encuentran Anchorage, PIMCO y Algebris, también han incorporado otro primer espada del derecho penal. Carlos Zabala, exresponsable de penal de Clifford Chance y fundador de Estudio Jurídico Zabala, se ha sumado a Daniel Jiménez y Álvaro Martín Talavera, ambos de SLJ Abogados, en la ofensiva legal de los fondos, que a su vez cuentan con el apoyo de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que les representa desde Londres y Bruselas.

Foto: pwc-poliza-banco-popular-entrega-polizas

El resto de las partes mantienen a sus equipos jurídicos sin cambios. Ángel Ron, expresidente de Popular, está en manos de José Antonio Choclán; y Santander, que ha optado por su despacho de cabecera, Uría Menéndez, para un caso en el que afronta una posible responsabilidad civil, aunque no penal. Choclán es conocido en el mercado por haber cerrado pactos tan relevantes como el de Cristiano Ronaldo, aunque las fuentes jurídicas consultadas señalan que en el caso de Ron no se plantea ningún acuerdo, al confiar plenamente en la inocencia del financiero.

Juicio por estafa a inversores

El pasado mes de marzo, el juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, concluyó la instrucción del caso y propuso juzgar al expresidente Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.

La instrucción de Calama ha sido avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha rechazado los recursos de todos los investigados y ha confirmado que irán a juicio.

Ahora, las partes están pendientes de que tanto las acusaciones como el Ministerio Fiscal presenten sus escritos de acusación, como muy tarde, a lo largo de la primera quincena de octubre.

El juicio por la ampliación de capital de Banco Popular en 2016 se acerca, y las partes han sacado la artillería pesada a las puertas de que el juez instructor, José Luis Calama, dicte el auto de apertura de juicio oral tras recibir en las próximas semanas los escritos de acusación. Mientras tanto, acusaciones y acusados, que ya contaban con letrados de primer nivel, suman nuevos penalistas premium para un juicio en el que se prevén reclamaciones millonarias, según confirman fuentes del mercado consultadas por El Confidencial.

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