Más paro y menos inversión: así daña la economía la hiperactividad legislativa

Hace unos días, el ministerio de Trabajo y el de Igualdad protagonizaron una situación inédita al aprobar el mismo día una reforma del artículo de una misma ley. A través de la ley de empleo y la ley trans, respectivamente, modificaron uno de los preceptos de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) para darle un texto diferente. El problema reside en que, como ambas se publicaron y entraron en vigor a la vez, las dos versiones son válidas. El error todavía no ha sido subsanado, como así se muestra en el propio Boletín Oficial del Estado.

Aunque pueda parecer algo anecdótico, esta equivocación pone de manifiesto una tendencia preocupante que está ganando fuerza en España, y es la mala calidad creciente de las leyes que se aprueban cada año. Al volumen cada vez más ingente de normativas (ya sean de ámbito nacional, autonómico o local) se le suma una redacción cada vez más compleja que dificulta la comprensión e impide a los ciudadanos estar al día. Pero no solo eso: legislar mucho y mal tiene un daño colateral añadido, y es que daña la economía de nuestro país. En concreto, un aumento del 1% en la complejidad de la regulación provocaría una subida de la tasa de desempleo del 0,7%. Las empresas más pequeñas se ven especialmente perjudicadas por la hiperactividad normativa. En su caso, un incremento del 10% del volumen de normas les provoca una reducción de sus plantillas del 0,5%.

Estas son algunas de las conclusiones del informe Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España, un estudio pionero en nuestro país elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti, abogado y economista titulado en el Banco de España; Javier Quintana, economista también del Banco de España; Isabel Soler, del European University Institute, y Rok Spruk, profesor asociado en la Universidad de Liubliana (Eslovenia). Para realizar su análisis, los autores se apoyan en las 206.777 normas españolas aprobadas entre 1995 y 2020.

Una de las primeras conclusiones a las que llegan es que una mayor complejidad regulatoria "tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y el valor añadido. La intensidad de la mano de obra es notablemente menor y las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación". Asimismo, afirman que el impacto varía en función del tipo de empresa y el sector al que pertenece. De este modo, la industria sufre mucho más con el incremento de normativas. Concretamente, y según calculan los autores, "la magnitud del efecto es un 50% mayor que en el caso del sector servicios".

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En la misma línea, las organizaciones más pequeñas y jóvenes (de creación reciente) se ven más afectadas. Para estas compañías, un incremento del 10% de la legislación supone una caída del 0,5% del número de trabajadores, mientras que las de mayor tamaño o veteranas en el mercado no experimentan ningún impacto. "Al final, si el marco legal es más incierto o complejo, es más difícil que te lances a emprender. Además, las empresas pequeñas que están empezando suelen tener plantillas muy limitadas, no puedes pedirles que contraten a un abogado para repasar todas las obligaciones legales", aclara Mora-Sanguinetti en conversación con El Confidencial.

Del mismo modo, el letrado y economista del BdE explica que la abundancia regulatoria, especialmente cuando este se produce en el ámbito autonómico, también pone trabas al crecimiento empresarial. "Para una compañía pequeña o mediana, tener que aprenderse la normativa de cada Comunidad Autónoma es un gran esfuerzo. Muchas descartan expandirse por este motivo", lamenta. A nivel regional, el estudio señala que una mayor complejidad en la regulación "impide a las empresas entrar en el mercado y, como resultado, hay menos empresas. En concreto, un 10% adicional de nuevas normativas reduce la tasa de entrada en torno al 1,7%".

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De hecho, el paper va más allá y asegura que si Andalucía y Cataluña —las dos comunidades autónomas con mayor complejidad regulatoria— tuvieran el mismo volumen legislativo que Madrid o el País Vasco (las de menor complejidad), incrementarían su tasa de empleo en un 1,41% y el número de empresas en un 0,25%.

Más allá de este análisis concreto, Mora-Sanguinetti insiste en que la aprobación de nuevas leyes no es algo negativo per se para la economía. Al contrario: "la regulación es necesaria para el desarrollo económico, no hay sociedad que se haya expandido sin tener seguridad jurídica", subraya. Ahora bien, el problema surge cuando las normas dejan de ser guías y pasan a ser una maraña legislativa que confunde a ciudadanos y empresas. Es por ello que el abogado insta al legislador a seguir las indicaciones de la Unión Europea y realizar una reflexión previa para verificar si la norma que se va a promulgar es realmente es necesaria, oportuna o si ocupa una posición relevante en el mercado y en el ordenamiento jurídico.