¿Por qué los canarios van a juicio más que los riojanos?

Se dice que en España predomina la llamada cultura del litigio. Aquello de hablando se entiende la gente parece no terminar de calar en nuestro país, y muchos prefieren solucionar sus desavenencias, sean del tipo que sean, ante un juez. Conscientes de esta realidad, muchos sectores del ámbito de la justicia llevan desde hace años intentando impulsar un cambio legislativo que ayude a cambiar la mentalidad de la población, pero de momento los avances son más bien inexistentes: a lo largo de 2022, los juzgados y tribunales españoles recibieron algo más de seis millones y medio de asuntos, un 6,5% más que el año anterior.

Ahora bien, esa inclinación por acabar en los tribunales no es igual en toda la geografía nacional: algunas comunidades son mucho más propensas que otras a litigar. Es el caso de Canarias, que registra un total de 181 asuntos por cada 1.000 habitantes; la media más alta de toda España. Le sigue Andalucía, con una media de 149,6, mientras que La Rioja se posiciona como la comunidad autónoma con menos litigios, con una tasa de 101,7. Una cifra muy similar a la del País Vasco (105,3), que se coloca en segundo lugar de acuerdo los datos recogidos y publicados recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al año 2022. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Son los canarios, acaso, más propensos al conflicto? ¿O hay en el norte una menor confianza en el sistema judicial?

Muchos juristas y economistas han querido dar respuesta a esta realidad y coinciden al afirmar que se trata de una cuestión compleja que no depende de un único factor, sino de la confluencia de varios (como la complejidad normativa que exista en la región o la mayor presencia de abogados en el territorio, entre muchos otros). Sin embargo, hay un elemento que juega un papel especialmente relevante en todo este asunto, y es la composición sectorial de la economía. Así, las comunidades con un peso mayor de la industria suelen acumular menos litigios que las que basan su economía en el sector servicios o las actividades agrícolas.

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"En España hay provincias y regiones mucho más intensivas que otras en el sector servicios, como el turismo y otras actividades relacionadas, como las ventas minoristas o la hostelería. Es el caso de las provincias del sur y del oeste, con un mayor índice de litigiosidad. Frente a ellas, las provincias del norte y del este tienen economías con pesos algo más acentuados del sector industrial y manufacturero, sin perjuicio de ejemplos que se salen del patrón, como Barcelona, que es también muy dependiente del sector servicios", explica Juan S. Mora Sanguinetti, abogado y economista titulado en el Banco de España y uno de los profesionales que más ha estudiado sobre esta cuestión en nuestro país.

Tanto en diversos estudios como en su libro La factura de la injusticia (Tecnos), publicado el año pasado, Mora Sanguinetti indica que la relación entre la composición de la economía de la región y la cantidad de procesos judiciales que acumulan sus tribunales se explica, principalmente, por la "previsibilidad" de cada sector. En este sentido, considera que el mundo de la industria tiene a ser más predecible y pocas veces surge un problema completamente inesperado que genere conflictos a nivel legal, lo que se traduce en menos pleitos. "Es más sencillo firmar un contrato relativamente completo en la industria, recogiendo los imprevistos usuales a los que se enfrenta su actividad. En la agricultura es más difícil. Por ejemplo, de cara a un cultivo, ¿cabía esperar la extraordinaria ola de frío con la que empezó el año 2021?, ¿era posible recogerla adecuadamente en un contrato?", ilustra.

A más industria, menos litigios... y viceversa

Esta no es la única conclusión a la que ha llegado el abogado y economista fruto de sus investigaciones. En 2018, publicó un estudio junto con Rok Spruk, profesor asociado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Liubliana, en el que detalla que, de la misma manera que la economía afecta a la litigiosidad de un territorio, también existe una relación directa entre el atasco de los juzgados de una región y su proceso de industrialización.

Un aumento del 1% del atasco judicial provoca una bajada del 0,5% de la aportación que hace la industria al PIB provincial

Tras un análisis profundo, los autores concluyen que las CCAA con una tasa de congestión judicial por encima de la media española tienen más probabilidades de experimentar una "especialización intensiva" en servicios y sector agrícola, mientras que aquellas con un índice bajo y estable suelen mostrar una "mayor participación de la industria manufacturera en el PIB provincial". En la misma línea, ambos aseguran que, al bajar el atasco de los juzgados, las regiones tienden a desarrollar su industria y muestran una menor dependencia del sector servicios, y viceversa. En concreto, estiman que un aumento del 1% del atasco de los tribunales provoca una disminución de entre el 0,2 y el 0,6% de la aportación que hacen las actividades industrializadas al PIB provincial.

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"La ineficacia judicial desempeña un papel importante en la configuración de los patrones de especialización económica y puede ayudarnos a explicar parcialmente por qué algunas provincias, predominantemente en el sur de España, están atrapadas por bajos niveles de industrialización, actividades económicas generalizadas intensivas en servicios y una productividad lenta, y por qué algunas provincias, principalmente en el norte de España (País Vasco, Navarra, Aragón) tienen mayores niveles de industrialización y mejores resultados de productividad", aseguran.

¿A qué responde este efecto? Para explicarlo, Mora Sanguinetti y Spruk dividen las actividades económicas en dos bloques: sencillas y complejas. Las primeras —donde los autores enmarcan la construcción, la agricultura y sector servicios— requieren de relaciones contractuales más simples en las que prevalece el corto plazo, mientras que las segundas —industria manufacturera— implican relaciones a largo plazo e inversiones también prolongadas en el tiempo. Es decir, que, en las segundas, la inseguridad es mayor, por lo que se exige de un mejor funcionamiento de los tribunales para aportar certidumbre y seguridad y garantizar una resolución eficiente de las posibles disputas.