La reclamación de Cataluña contra el 'cártel del pañal' (526 M) abre la veda a nivel estatal

El cártel de pañales para adultos afronta un potencial alud de reclamaciones millonarias. La demanda interpuesta por CatSalut, que exige 526 millones de euros a dos de las compañías que inflaron precios entre 1996 y 2018, Hartmann y Essity —y por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya les sancionó en 2016, junto con otras seis empresas, con 126 millones de euros—, ha supuesto un punto de inflexión para otras comunidades autónomas, que ya estudian la posibilidad de acudir a los tribunales y pedir indemnizaciones por el sobrecoste que pagaron durante 18 años por estos productos.

"Algunas comunidades ya nos han contactado porque se lo están planteando", detalla Albert Poch, socio en el bufete Redi y abogado defensor de CatSalut. Las consultas, en todo caso, todavía están en una fase incipiente y muchas están a la espera de que se dicte la sentencia por la demanda del servicio de salud catalán, que actualmente se encuentra en manos del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona. Aunque la reclamación fue interpuesta y admitida a trámite en septiembre de 2022, el dictamen todavía podría demorarse más de un año.

En todo caso, un eventual fallo favorable podría desencadenar una avalancha de cuantiosas compensaciones por parte de todas las administraciones, que destinan gran parte de sus presupuestos a la compra de pañales para adultos. "Es la segunda partida más elevada después de los medicamentos", concreta el abogado.

La demanda del Servicio de Salud, adelantada este jueves por La Vanguardia, supone un hito relevante, ya que es la primera vez que una comunidad autónoma solicita una indemnización por un tema de infracción de la competencia. Mientras que este tipo de iniciativas son comunes entre los particulares, la Administración pública nunca había llevado una compañía ante los tribunales por este motivo. "No hay cultura de reclamar estos daños", lamenta el letrado.

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Esta ausencia de demandas ha llevado a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) a elaborar un informe para fomentar la compensación de los daños sufridos por el sector público a causa de prácticas anticompetitivas. En el estudio, el organismo destaca que, si bien las reclamaciones privadas han aumentado considerablemente en los últimos años, las administraciones públicas "siguen sin reclamar los perjuicios sufridos por estas prácticas anticompetitivas". En concreto, la CNMC cifra esos daños en 48.000 millones de euros al año, la mayoría centrados en el ámbito de la licitación de contratos públicos.

La Administración, principal perjudicada

La demanda de CatSalut hace referencia al cártel descubierto por la CNMC en 2016, cuando multó con 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos: Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages. Juntas, todas estas empresas alcanzaban una cuota de mercado del 95%. Además, la CNMC impuso sanciones a cuatro directivos de estas organizaciones y a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) por su participación directa en el cártel.

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En concreto, el modus operandi consistía en dos actitudes fraudulentas. Por un lado, obstaculizar las licitaciones públicas por las cuales las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados. Las empresas interponían recursos de forma reiterada para dificultar estas licitaciones y así conseguir que se vendieran a farmacias, donde conseguían más rentabilidad. Por otro lado, llegar a acuerdos para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. El mayor afectado fue, por tanto, el Servicio Nacional de Salud —y, en definitiva, todas las administraciones autonómicas de salud—.

Para el organismo regulador, la conducta del cártel resultó especialmente gravosa no solo por el tiempo en el que estuvo activo (18 años), sino por el hecho de que el pacto de precios se realizara con pañales para adultos, un artículo esencial para los más de 2,5 millones de personas que sufren de incontinencia urinaria grave y para el que se destina una de las partidas presupuestarias más grandes de los productos sanitarios del sistema de salud a nivel nacional. Es por ello que impuso una sanción de casi 129 millones de euros, que ya ha sido confirmada tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo en 2019.