La lentitud para resolver solicitudes de nacionalidad paraliza 25 millones de euros

Toque de atención al Gobierno por la lentitud para resolver las peticiones de nacionalidad española. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas —un grupo formado por 39 diputados y senadores encargados de controlar el órgano— urge al Ejecutivo a diseñar un plan que agilice la gestión de estos expedientes y permita a la Administración ponerse al día con los más de 283.000 expedientes que tiene pendientes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Justicia, en septiembre del año pasado. Y no es para menos: la tardanza a la hora de dar respuesta a estos procedimientos provoca una paralización de 24,7 millones de euros.

"Instamos al Gobierno a elaborar y aprobar un plan definitivo para la puesta al día en la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia y a arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar", reza el acuerdo, publicado en el BOE el pasado 5 de enero y firmado por Santos Cerdán y Jesús Manuel Alonso, presidente y secretario primero de la comisión, respectivamente (ambos, políticos del PSOE).

Este texto nace como respuesta al informe de fiscalización del Programa 113M, confeccionado por el Tribunal de Cuentas y titulado Registros vinculados con la fe pública, ejercicio 2017. En este estudio, el órgano hace un análisis de los costes asociados a la tramitación de estos expedientes y cifra en 24,7 millones de euros la cuantía paralizada a causa de la tardanza de la Administración a la hora de dar respuesta a las solicitudes. En concreto, este importe corresponde a las tasas devengadas entre 2015 y 2018; es decir, el importe que abona el interesado en el momento de hacer la petición, pero que no llega a las arcas del Estado hasta que no hay una resolución.

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Este no es el único impacto económico que analiza el tribunal. En la misma línea, añade que, entre 2015 y 2019, la Dirección General de Registros del Notariado —DGRN, el organismo encargado de gestionar estas solicitudes— gastó al menos 14,5 millones de euros en la tramitación de los expedientes, "de los cuales 9,5 millones correspondieron a las encomiendas de gestión con el Corpme, y cinco millones de euros a los contratos suscritos para la digitalización y metadatación". Asimismo, la tardanza en dar respuesta genera otro coste añadido, y son los litigios que pierde la Administración tras haber denegado expedientes por silencio administrativo, pero que más tarde son admitidos por la Justicia. Solo en 2017, la Administración abonó 661.000 euros en concepto de costas judiciales por estos litigios.

Colapso, ¿desde cuándo?

La lentitud en este tipo de procedimientos viene de largo. Según detalla el informe, la primera alerta roja sonó en 2005, año en que se empezaron a acumular un inusual número de peticiones en la mesa de DGRN. El culmen se produjo en 2010, con más de 297.000 expedientes pendientes de resolver solo en enero. Dos factores fueron, a juicio del Tribunal de Cuentas, los culpables de esta situación. En primer lugar, el incremento constante de las solicitudes presentadas. Así, mientras que a comienzos de siglo se presentaban de media 18.000 solicitudes, en 2005 superaban las 85.000. En 2022, en cambio, se registraron más de 120.000.

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En segundo lugar, la insuficiencia de los medios de la DGRN para hacer frente a la gestión. De hecho, ante la situación de colapso de la DGRN, Justicia elaboró en 2012 un plan intensivo que implicaba la digitalización de todos los expedientes pendientes. En la misma línea, desde la Administración se han aprobado diversos planes de choque con el objetivo de dotar de agilidad a estos procesos. La misma DGRN optó en 2018, incluso, por incentivar a un grupo de funcionarios del área de nacionalidad del ministerio para que tramitaran expedientes fuera de la jornada laboral, abonando incentivos. El resultado de todas estas iniciativas, sin embargo, ha sido siempre nulo.

"La escasísima resolución de expedientes evidencia que el abono de la tasa no ha tenido ningún efecto positivo"

Así lo constata el Tribunal de Cuentas, que lamenta el escaso efecto positivo de las medidas, especialmente en lo relativo a la fijación de una tasa de 100 euros para poder presentar la petición. Esta iniciativa fue aprobada en 2015, de nuevo con escaso éxito. "A la fecha de realización de los trabajos de campo (mayo de 2019), no había constancia de que a partir del establecimiento y cobro de la tasa se hubieran implementado medidas destinadas a la mejora de la gestión de los expedientes. La plantilla de la DGRN no había experimentado variaciones significativas. La escasísima resolución de expedientes del procedimiento nuevo evidencia, por el contrario, que el abono de la tasa no ha tenido ningún efecto positivo", asevera el informe.

Partidas y plan de acción

Para solucionar esta situación, el tribunal da una serie de recomendaciones al ministerio. Entre ellas, que adopte las "medidas necesarias tendentes a la inclusión en las leyes anuales de presupuestos de los créditos suficientes para hacer frente a los gastos de material de los registros civiles, evitando la inclusión de partidas con créditos destinados al pago de obligaciones de ejercicios anteriores". Asimismo, le insta a elaborar un plan para la puesta al día "que contemple los recursos materiales y personales necesarios, los objetivos y los plazos de cumplimiento".

Por otro lado, le aconseja adoptar iniciativas para superar las deficiencias de control interno puestas de manifiesto en el informe. "En particular, se estima necesario arbitrar un sistema que permita obtener información exacta del ámbito de expedientes de nacionalidad por residencia a gestionar, superando las limitaciones actuales derivadas fundamentalmente de su dispersión en distintas bases de datos", indican.