Eugenio Ribón: "Hay que buscar un retorno útil, pero reducir cuotas no es una opción"

Desde que anunció que se presentaba a las elecciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha sido señalado como el heredero natural de José María Alonso. Lejos de verlo como un handicap, el abogado considera que ser la candidatura continuista ofrece una gran ventaja. "Tenemos un gran conocimiento interno de la institución y de la gestión que se ha desarrollado", indica. Aunque califica la gestión del actual decano en funciones como positiva, Ribón admite que el Colegio todavía necesita trabajar en ofrecer a sus colegiados un retorno más útil de las cuotas. Una meta que, a su parecer, no se logra rebajando las contribuciones, como así lo proponen varios candidatos. "Son experimentos que no tienen un estudio presupuestario detrás", lamenta en conversación con El Confidencial.

PREGUNTA. Estamos en la recta final de estas elecciones. ¿Qué sensación tiene de sus opciones y cómo está viendo la campaña? ¿Se está poniendo el foco en los temas que considera relevantes?

RESPUESTA. La impresión que tenemos es francamente buena. Tenemos buen feedback de los compañeros, de los despachos y a nivel institucional, que es algo importante si queremos gestionar el Colegio. Respecto a la campaña, el diagnóstico es compartido por todos los candidatos. Todos sabemos que hay que luchar por la conciliación, contra los tratos irrespetuosos al abogado, fortalecer a los jóvenes, fomentar la transparencia… los mantras generales son comunes. La diferencia que estoy viendo es la tangibilidad de las medidas concretas. Hay algunas cosas que me parecen humo o son medidas irrealizables formuladas por parte de quien no conoce la realidad económica del colegio. Y echo una cosa en falta: que se aborde la situación de desmembración de las instituciones que estamos viviendo. Me refiero al Tribunal Constitucional y a la falta de renovación del CGPJ. Es cierto que no afecta a la cuota colegial, pero es lo suficientemente importante para que lo tomemos en serio.

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P. Su candidatura es la heredera de la que iba a encabezar José María Alonso. ¿En qué medida es eso una ventaja y en qué cuestiones cree que puede ser una desventaja?

R. La ventaja está en el conocimiento interno de la institución y en la gestión que se ha desarrollado. Se han recuperado casi seis millones de euros de IBM y se ha reconducido la Fundación Cortina, aunque aún queda mucho por hacer. Cuando llegamos, nos encontramos con que en la Fundación, que tiene un presupuesto de dos millones de euros, dirigía ayudas a directores de grandes despachos, altos cargos políticos, algún ex decano de países iberoamericanos... Eso se ha reconducido. Queremos potenciar la Fundación y enfocarla en los colectivos de la abogacía más vulnerables. También para solucionar la precariedad, que no solo está en las capas más jóvenes de la abogacía, sino también entre los mayores. Hay compañeros que, en el momento de la jubilación, reciben una pensión de 700 u 800 euros. Hemos tenido que salir en auxilio de compañeros para pagarles un seguro médico después de estar trabajando 50 o 60 años. Hemos pagado recibos de suministro doméstico. Hemos llevado cestas de alimentos en pandemia a gente que no tenía recursos. Ese colectivo también es muy precario.

"Cuando llegamos, nos encontramos con que la Fundación Cortina daba ayudas a directores de grandes despachos y altos cargos políticos"

P. ¿Cómo valora la gestión de José María Alonso?, ¿qué habría hecho usted diferente?

R. Yo creo que la gestión ha sido positiva. Se ha recuperado ese contrato de IBM, se ha ordenado la Fundación Cortina y se ha reestructurado el entramado laboral del propio ICAM, que va a suponer un ahorro de costes de diez millones de euros. Además, hay que realizar la valoración en el contexto histórico en el que nos hemos movido, que son dos años de pandemia con una crisis social y económica, como no se ha conocido desde posguerra. Y mientras esto sucedía, los abogados tuvimos que luchar para que nuestros servicios fuera declarado servicio de interés general. Se hicieron cerca de 6.000 salvoconductos para la abogacía. Sobre qué me queda como espina, señalaría el hecho de no haber aprobado los nuevos estatutos después de las más de 50 sesiones de trabajo que celebramos. Eso hubiera permitido implantar el voto telemático, que es una demanda del colectivo. Pero eso llegará en este próximo mandato, con independencia de cuál sea el candidato que gane.

P. Ha mencionado que habéis mejorado el entramado laboral del Colegio y has cifrado el ahorro en diez millones de euros. ¿A qué se refiere exactamente con esto?

R. Hemos realizado una laboralización de algunos compañeros que estaban en otras condiciones y hemos tenido que realizar una adecuación del convenio porque había una interpretación sobre los trienios que suponía un incremento de un 2,5% al colegiado, lo que se traduce en 10 millones de euros. Creo en este sentido que se puede avanzar en el ámbito interno del Colegio con medidas de estímulo y de conciliación para los empleados.

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P. Hay una crítica compartida incluso por los candidatos que salen de la Junta que dicen que ha faltado voluntad para implantar el correo electrónico. ¿Comparte esa interpretación?

R. No, no es falta de voluntad. Implantar el voto no es hacer un chas con los dedos. Por dos razones. En primer lugar, porque requiere de la modificación de los Estatutos por Asamblea General Extraordinaria. Y tras el covid, ha sido especialmente complejo hacer una asamblea en la que pueden participar tantos compañeros. Y luego hay otra cuestión, y es que una cosa es la aprobación estatutaria y otra la implantación tecnológica. El voto telemático plantea problemas como el proceso de autenticación, la trazabilidad del voto... No es fácil.

P. Uno de sus mensajes es que el ICAM no está para experimentos o proyectos personales. ¿A quién se refiere? ¿Quién de los otros candidatos cree Eugenio Ribón que es un experimento o que está embarcado en un proyecto personal?

R. Con lo de experimentos me refiero a los que proponen medidas que no tienen un estudio presupuestario serio. Me da igual que sea implantar una televisión o asegurar una vivienda digna para todos los colegiados. Esas medidas deben tener un reflejo presupuestario y un estudio de viabilidad económica. Cuando se habla de rebajar las cuotas, es necesario saber lo que verdaderamente se paga o las bajas de colegiados, que registramos mil cada mandato. También se debe conocer la carga laboral que tiene el Colegio, cuyo convenio colectivo fija una tasa de crecimiento del 6%. Si no controlas estos factores, lo que vamos a encontrar en cinco años es un Colegio en bancarrota. ¿Se puede rebajar la cuota? Perfectamente. Pero ¿a cambio de qué? Puedes eliminar el seguro de responsabilidad civil por el que se paga un tercio de la cuota, pero dejas a los colegiados desnudos frente a una reclamación. Te puedes cargar la Fundación Cortina, que son dos millones y medio de euros, pero dejas sin auxilio a los más vulnerables. Eso son experimentos. Sobre candidaturas presidencialistas o no, creo que hay perfiles que tienen una proyección hacia la transversalidad en las candidaturas y otros perfiles que muestran un mayor narcisismo.

"Hay perfiles que tienen una proyección hacia la transversalidad en las candidaturas y otros perfiles que muestran un mayor narcisismo"

P. Los candidatos que no salen de la junta los incluyen a usted, a Ospina y a Ochoa en la misma crítica: que no pueden hablar de cambio ni de renovación. ¿Comprende la crítica?

R. La entiendo desde el punto de vista de la mera censura electoral de un candidato adverso. Claro que hay cambios y hay innovación. Si no, nuestro eslogan sería Todo queda igual. Nosotros tenemos 106 medidas estudiadas, tangibles, posibles, así que hay una evolución. Esto no significa que lo que se haya hecho no sea correcto, sino que queda mucho por hacer. Y lo deseable es que, cuando nos vayamos nosotros dentro de cinco años, puedan venir otros compañeros y seguir avanzando.

P. En su programa, propone la creación de un portal de transparencia en el que se publiquen todas las contrataciones, incluyendo la identidad del adjudicatario, el objeto y la duración del contrato y el importe. ¿Es una manera de admitir que ha faltado transparencia en el Colegio?

R. No. Cuando llegamos al Colegio, no existía un sistema de contratación reglado. Por primera vez, esta Junta estableció una mesa de contratación cuyo sistema está basado en principios objetivos. También con esta Junta fue la primera vez que se publicaron las actas y todas las cuentas detalladas. Y todavía se pueden hacer más cosas. Podemos, por ejemplo, dar un paso más allá y delimitar aspectos sobre el objeto del contrato, sobre cómo ha sido el procedimiento de contratación o cuál ha sido la deliberación de la mesa. ¿Esto significa que se tengan que televisar las juntas de gobierno cuando estemos hablando de deontología? No, porque eso no es transparencia, sino romper el secreto de deliberaciones que se impone a un órgano de gobierno y en el que se están tratando temas de deontología de compañeros en los que tienen que preservarse el sigilo profesional. La transparencia es dar cuentas del resultado de tu gestión.

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P. Es cierto que, en aras de la transparencia, en la publicación de las actas se podría ser un poco más rápido.

R. Completamente. Una vez firmada el acta, debería estar publicada al día siguiente. Si no es una cuestión de Secretaría General, debería hacerse a través del Departamento de Comunicación con mayor agilidad. Otra de las medidas que llevamos, por ejemplo, es establecer un sistema por el que cualquier colegiado pueda tener una respuesta fundada a una petición que presente en un plazo máximo de siete días. Pero el tema de los plazos debe resolverse. Y si no hay medios suficientes en un departamento, tendrá que reforzarse y reestructurarse con los recursos escasos que tenga el colegio. Evidentemente.

P. ¿Qué le parece la propuesta de varios candidatos que plantean que hay que hacer una auditoria en el colegio en una búsqueda de gasto superfluo?

R. Antes de hablar, se debe conocer que se hacen dos auditorías en el Colegio. Hay un proceso de auditoría interna y otro de auditoría externa, en la que se va modificando cíclicamente al auditor externo para que no tenga asentamiento con el ICAM. Partamos de que conocemos el proceso. Por otro lado, es importante saber que se ha establecido una política de austeridad que va desde los desplazamientos de los empleados hasta los gastos de representantes. De hecho, cuando yo me he reunido con cualquier cargo, siempre invitaba y no pasaba ni un céntimo al colegio. Esta política de austeridad ha sido absoluta y, gracias a ella, el Colegio ha saneado considerablemente sus cuentas.

"El ICAM tiene una política de austeridad que va desde los desplazamientos de los empleados hasta los gastos de representantes"

P. Otros candidatos hablan de falta de transparencia o de criterios objetivos en la elección de cargos del colegio o de los presidentes de sección, o en la propia decisión de crear determinadas secciones. Usted ha presidido las secciones. ¿Qué criterios se seguían?, ¿se podría mejorar en la objetivación de estas decisiones?

R. Que haya críticas en un colectivo de 75.000 compañeros es normal, nunca va a llover a gusto de todos. Antes de que nosotros llegáramos, los presidentes de las secciones se designaban directamente desde la Junta de Gobierno sin proceso de concurrencia. Nosotros cambiamos el proceso y hemos creado una convocatoria pública abierta a la que se pueden presentar cualquiera de los 75.000 colegiados. Hay dos criterios, que son objetivos: el criterio curricular y el de desarrollo de un proyecto. El criterio curricular se establece mediante modelos normalizados, de tal manera que los candidatos rellenan años de experiencia, titulación, publicaciones, formación como docente, caso relevante sobre la materia... Con eso se trata de homogeneizar la selección de los candidatos. Y después un proyecto de desarrollo. Cuando llegan esas solicitudes, el departamento las anonimiza y se pasan a una mesa de selección.

P. Una de sus medidas estrella es la implantación de una cuota cero para que los colegiados puedan ver un retorno directo de las cuantías que abonan mensualmente. ¿Por qué lo ve necesario? ¿Considera que hasta ahora el Colegio estaba fallando en dar servicios útiles a sus abogados?

R. No, lo proponemos porque queremos intentar ofrecer más y porque somos una corporación de derecho público sin ánimo de lucro, por lo que no tenemos la expectativa de beneficios. Hay que buscar el retorno más útil al colegiado, y eso se puede plantear de diversas maneras. Reducir las cuotas no es una opción. Para empezar, porque la del Colegio de Madrid es la más económica de España. Segundo, porque dentro de esa cuantía, un tercio se va al seguro de responsabilidad civil, que es el que asegura al abogado que mantiene su casa o despacho si ocurre algún desliz profesional. Tercero, porque tienes esa caída de 1.000 colegiados no ejercientes cada cinco años. Y cuarto, porque hay una tasa de crecimiento del 6%. Entonces, ¿qué se puede hacer para dar un mejor servicio a mis compañeros sin poner en riesgo la sostenibilidad del Colegio? Con la cuota cero, porque se acaba revirtiendo la cuantía en beneficio del colegiado y puede suponer, incluso, un incremento de ingresos. También se puede ofrecer el espacio abogacía, que es otro coste fijo que tenemos en el Colegio. En la línea de todo esto, tenemos pensado crear un diploma de Estudios Avanzados que se va a instaurar en cada una de las secciones. Pongamos que el título universitario cuesta 400 euros. Pues si se aplica el descuento de 290 euros de la tarjeta monedero, lo que tengo que pagar son 100 euros, que es mucho más asequible.

P. ¿Qué le pareció que José María Alonso no se opusiera a la subida de cuotas del CGAE?

R. La subida en un momento como el que estamos viviendo es, cuanto menos, inoportuna. Eso con independencia de que hay que conocer también la realidad económica del CGAE a fondo, y también tiene que ser una medida absolutamente subsidiaria de cualquier otra posible para asegurar la sostenibilidad.

P. ¿Qué cree que puede hacer el Consejo de la Abogacía de cara a mejorar su nivel de transparencia? Sobre todo, de cara a explicar la situación financiera que llevan teniendo en los últimos años. ¿Se compromete a impulsar medidas de transparencia y buen gobierno en el CGAE si gana las elecciones?

R. Sin duda, tiene que haber un ejercicio muchísimo más acusado de transparencia. Es una demanda también de la abogacía. Las mismas medidas que nosotros queramos implantar en nuestra casa, deben trasladarse al Consejo. Y más cuando el Colegio de Madrid tiene un peso tan importante en el CGAE por razón del presupuesto que aporta. Hay que conjugar solidaridad con los que menos tienen, porque hay provincias que necesitan del apoyo de la red de la abogacía, con ser consciente del esfuerzo colegial que representa.

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P. Recientemente, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Ángela Cerrillos, le acusó de ser responsable de la ausencia de mujeres durante el 425 aniversario, ya que usted presidía el comité organizador. ¿Qué te pareció la controversia que se suscitó?

R. Me pareció algo intempestivo y desafortunado por parte de Ángela, que hay que reconocerle el mérito de ser una precursora en la lucha por la igualdad y una extraordinaria jurista, pero me parece intempestivo por el momento en el que lo sacó. Si tenía esa percepción, había otros momentos más oportunos. Y, desde luego, desafortunado también en su contenido, porque hay que conocer la realidad con la que se desarrolla ese 425 aniversario. Las listas para la confección de las mesas fueron conformadas por los representantes que mandaron las distintas instituciones que participaban. Es decir, que el Banco de España, el ministerio de Justicia... cada uno designó a un ponente dentro de sus cargos. Y hemos tratado de primar una participación equilibrada, hay una realidad, y es que sigue habiendo un déficit importante de mujeres en la cúspide. En el caso de las secciones también lo hemos visto muy claro. Cuando se presentaron las candidaturas para presidente, cerca del 80% estaban presentadas por hombres. Sin embargo, a la hora de seleccionar a los presidentes, ese 80-20. Estoy seguro de que eso, por fortuna, acabará equilibrándose. Pero las acusaciones me parecen desafortunadas e intempestivas.

"Tratamos de primar una participación equilibrada, pero sigue habiendo un déficit de mujeres en la cúspide"

P. De todos modos, ¿es verdad que existe un aviso de la Comisión de Igualdad al comité organizador, como así decía Cerrillos en su correo?

R. El 425 se sometió a toda la Junta de Gobierno, que es un órgano colegiado. Y desde ese momento, es la Junta de Gobierno la que tiene que decidir, con independencia que la representación viene muy condicionada por las instituciones que aportan sus propios ponentes. Yo no le puedo decir al ministerio de Justicia que no me traiga al secretario de Estado, sino a la directora general. Yo no me puedo inventar una expresidenta de Gobierno. Es lo que la realidad histórica nos ha dado. Ojalá en el 500 aniversario pueda haber tres presidentas de gobierno. Pero la realidad actual es la que es.

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P. Uno de los grandes problemas de la abogacía, especialmente los jóvenes, es la precariedad del mercado. De hecho, la mitad ejerce como falso autónomo. ¿Se involucrará el colegio en la lucha contra la precariedad? ¿De qué manera?

R. El Colegio se debe involucrar. Queremos una profesión digna, y la dignidad no solo parte del trato y de la consideración, sino que va inherente la retribución. Por eso, dentro de las medidas que llevamos, está el establecimiento del Estatuto del Becario. También proponemos que el ICAM se implique activamente en los derechos laborales de los jóvenes y promueva el establecimiento de un convenio que regule las retribuciones mínimas acordes a la dignidad de la profesión en aquellos casos de la abogacía que se trabaja por cuenta ajena.

P. Otro de los problemas muy presentes en la profesión son los relativos a la salud mental. Las tasas de ansiedad y estrés que sufre este colectivo, de hecho, son más altas entre estos profesionales. ¿Qué puede hacer el Colegio para mejorar el bienestar de sus colegiados?

R. Los datos son muy significativos. Ocho de cada diez abogados dicen que sufren estrés. El 80% de los abogados también duerme menos de diez horas diarias y nuestra profesión tiene una de las mayores tasas de adicción. Esto es muy significativo, hay que ponerlo sobre la mesa y luchar porque deje de ser un tabú. No solo es hacerlo público, sino también ofrecer soluciones. Estas medidas pasan, en primer lugar, por prestar ayuda psicológica, que creo que el Colegio es quien lo debe brindar. También hay que tener en cuenta que, en profesiones muy individualistas como es la abogacía, hay un doble miedo a la hora de confesar problemas de salud mental. Miedo, por un lado, a nuestro propio entorno económico, que puede tener un recelo a la hora de contratar a ese profesional. Y, por otro lado, miedo al rechazo social en los casos en los que conviva con otros compañeros de despacho. Es un tema para tomárselo muy en serio y por eso es uno de los ejes de nuestra candidatura.

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P. El turno de oficio es uno de los ejes de su programa. ¿Qué medidas plantea en este sentido? Pero medidas reales, que muchas veces se apela a decisiones que no dependen exclusivamente del colegio.

R. Efectivamente. Hay que distinguir entre las medidas que nosotros podemos aplicar desde el ICAM y las que queremos pedir a los Reyes Magos, que es otra cuestión distinta. Claro que el Colegio debe presionar por la mejora de los baremos, por la actualización del IPC. Pero eso está en manos del legislador. Dentro de nuestro campo, hay muchas posibilidades. Aparte de la formación gratuita, uno de los temas que me enoja profundamente es la designación de personas jurídicas. Nos estamos encontrando con que se pide la designación de abogado de oficio de un turno inexistente, lo que pone al abogado en una situación de tensión. Mandar a un compañero a la Audiencia Nacional a defender a una persona pública durante cinco meses es arruinarle el despacho o poner en riesgo su economía familiar. Ahí vamos a tener una seria confrontación si el Ministerio no avanza.

"Hay que distinguir entre las medidas que podemos aplicar desde el ICAM y las que queremos pedir a los Reyes Magos"

También está en nuestras manos la accesibilidad a los centros de detención. A nadie se le ocurre decirle al Samur que aparque tres calles más tarde del lugar donde tiene que prestar su servicio. Cuando un abogado está de guardia y debe llegar a un centro de atención a las 2 am, hay que facilitarle un aparcamiento. No es ninguna dádiva ni ninguna gracia que se le conceda en una situación de vasallaje feudal, sino que es de sentido común. Otra cuestión son los expedientes de deontología en turno de oficio. Deben ser instruidos y conocidos por compañeros que ejerzan en el turno, porque es una realidad muy diferente la del cliente particular. El cliente particular, cuando te pide que le lleves un procedimiento, te trae toda la documentación. Pero el del turno de oficio es un cliente que está, muchas veces, en situación de extrema vulnerabilidad. Puede ser vivir en la calle o no tener un correo electrónico para poder contactar con él. Conociendo esta realidad se puede entender si, por ejemplo, un abogado no ha presentado una demanda en plazo. Asimismo, hay que mejorar los Servicios de Orientación Jurídica, cuya financiación se ha duplicado. Todo eso sí está en nuestra mano.

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P. Hablemos sobre conciliación. Desde el colectivo hay muchas quejas sobre la negativa de algunos juzgados de suspender vistas por motivos médicos o similares, a pesar de que la ley reconoce este derecho a los letrados. ¿Cómo puede el Colegio proteger a los abogados teniendo en cuenta que no puede intervenir en las decisiones de los jueces?

R. En manos del colegio hay una cosa muy importante. El artículo 188 de la LEC prevé la suspensión en caso de enfermedad, maternidad o paternidad. Pero cuando un letrado está enfermo a las 08:05, tras haber pasado una noche de 40 grados de fiebre y tiene un juicio a las 09:30, la disquisición que se plantea es: o voy medio muerto o no voy y corro el riesgo de y una demanda por responsabilidad civil. Ahí el Colegio puede tener su propio servicio médico por videoconferencia. En estos casos, el Colegio puede certificar telemáticamente la indisposición o enfermedad del letrado y relevarlo de la comunicación con el juzgado. Cuando es el Colegio el que presenta el certificado, muy complejo le va a resultar al juez de turno denegar esta suspensión.

P. ¿Introducirá transparencia en materia de deontología? Llama la atención que no se puedan consultar los expedientes o saber qué abogados están sancionados.

R. Pues claro que sí. Es cierto que no se pueden publicar los datos, pero puede ser de interés saber cuáles son los criterios previsibles que seguirá el Colegio. El servicio de deontología tiene unas pautas establecidas y comunes, que se pueden publicar para que conocimiento del letrado o del cliente. Es muy pedagógico para los compañeros, porque gran parte de las infracciones de deontología, aunque parezca mentira, no son infracciones dolosas. La deontología debe estar para sancionar y reprochar las conductas dolosas y lesivas a la dignidad y la lealtad de la abogacía, pero no para sancionar problemas de responsabilidad civil. Dicho esto, creo que no podemos ser los tontos del tablero de juego de los operadores jurídicos. Lo que no puede ser es que haya 20.000 problemas en 20.000 órganos judiciales y que no exista ni un solo procedimiento sancionador frente a un juez, fiscal o un funcionario y que nosotros estemos tramitando 3.000 expedientes de deontología al año. No somos los peores de los operadores jurídicos. O jugamos con las mismas reglas o habrá que cambiar el tablero de juego.

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P. Para terminar, Eugenio, quién tenga dudas de a quién votar o quien tenga dudas de si ir a votar el día 20, dinos: ¿por qué debe elegir la candidatura que usted encabeza?

R. Lo que suceda en el Colegio de Abogados de Madrid y quién lo gestione importa. Al final, la imagen de la abogacía madrileña es la imagen que tenemos cada uno de nosotros como profesionales cuando nos presentamos delante de un cliente, una empresa o de una sociedad. El Colegio de Madrid, con todo el respeto hacia cualquier otra corporación, es el mayor colegio profesional de Europa y debe ser el centinela de los derechos sociales y de los derechos de todos los colegiados y de los ciudadanos. Por otro lado, creo que hay que confiar en una Junta que vaya a servir al colegiado y que no lo utilice ni como trampolín político, ni en beneficio propio. En nuestra candidatura todos venimos muy agradecidos a la vida jurídica, y es precisamente esa voluntad de devolver a la comunidad jurídica los beneficios que hemos recibido, lo que ha motivado a la formación de esta candidatura. En tercer lugar, creo que nuestra candidatura aglutina la pluralidad de las sensibilidades de la abogacía. Hay despachos grandes, pequeños, medianos. Hay académicos, autónomos, turno de oficio, jóvenes juristas... todos van a tener su reflejo. Y, sobre todo, les pido a los abogados que, cuando les vendan un programa, lo analicen con sentido común, que piensen si lo que se les está proponiendo es posible, es factible o es humo. Si depende del colegio o depende de terceros.