Ángeles Chinarro: "Somos la candidatura progresista, pero no somos podemitas"
La candidata de ALA critica la histórica falta de transparencia del Colegio e insiste en la necesidad de hacer públicos los contratos y eliminar gastos innecesarios
"Somos a quienes ves por los pasillos y con quienes charlas antes de celebrar los juicios. Somos quienes contemplamos con asombro los eventos organizados con boato y dispendio por quienes rigen el Colegio de la Abogacía de Madrid mientras sufrimos las carencias del mismo". De este modo se presenta la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), una entidad que se define abiertamente como progresista y lleva presentándose a las elecciones al ICAM desde 1993, aunque nunca ha reunido los votos necesarios para conquistar la junta de gobierno. Este año lo vuelve a hacer, esta vez de la mano de Ángeles Chinarro. En conversación con El Confidencial, la aspirante a decana hace una dura crítica al actual decano en funciones, José María Alonso, y califica su gestión al frente del ICAM de "personalista, presidencialista, déspota y soberbia". Asimismo, insiste en que el Colegio todavía tiene un largo camino que recorrer en materias como transparencia —"la transparencia y el ICAM actualmente son antónimos", asegura— o una buena gestión financiera. En este sentido, cree que hay varios gastos innecesarios que se podrían eliminar, como el coste de las comidas del decano con representantes de los grandes despachos.
PREGUNTA. Estamos en la recta final de la campaña. ¿Qué sensación tiene de sus opciones y cómo está viendo la campaña? ¿Se está poniendo el foco en los temas que considera relevantes?
RESPUESTA. La sensación por ahora es buena. Ya éramos conocidos entre la abogacía de a pie y nos estamos dando a conocer entre el resto, los que no nos conocían. Mi sensación es que la candidatura es bastante cercana. Respecto a otras candidaturas, mi sensación es que cuando terminemos el último debate, los otros candidatos van a terminar por exponer mi programa como suyo. En el debate de Confilegal, durante los primeros 10 minutos, era como si estuviera escuchándome a mí misma. Había cuestiones que expusieron como novedades que llevan en nuestro programa desde el principio. Nosotros creemos que podemos ganar, pero en el hipotético caso de que no sea así, tengo la confianza de que al menos nuestro programa se pueda llevar a efecto, porque la abogacía ganará.
P. Lo que no se le puede discutir a ALA es que es una asociación que trabaja a lo largo del año preocupándose por la realidad colegial. ¿Qué les da este trabajo, no solo durante el periodo electoral?
R. El hecho de conocer los datos, los detalles. Estoy escuchando muchas propuestas de cosas que ya existen porque hay algunos que no tienen ni la más remota idea de en qué consiste el Colegio, qué es lo que hay o cómo funciona. Se proponen cosas tales como reducir durante los primeros tres años el importe de la cuota, cuando actualmente esta bonificación no solo ya existe, sino que se extiende durante los cuatro primeros años, no tres. Es decir, que se hacen propuestas en negativo. Pero quien lo propone piensa que está haciendo algo espontáneo. La percepción que puede tener el colegiado que ve esos debates es que, al menos, en nuestra candidatura sabemos de qué estamos hablando. Hay un conocimiento de la dinámica colegial que no tiene el resto.
P. A cambio, ustedes no esconden su perfil ideológico. ¿Cree que esto los penaliza para los abogados que no tengan esa línea de pensamiento, aunque puedan compartir sus propuestas para el Colegio?
R. Nuestra candidatura es la única progresista. Somos una asociación que es políticamente independiente de cualquiera de los grupos que tienen representación parlamentaria. No estamos vinculados a ninguno de ellos, con independencia de que nos hayan tildado de izquierda podemita en algún medio que otro, pero sí que tenemos independencia. Otra cosa es que seamos apolíticos. Nos consideramos una candidatura progresista porque en nuestras filas tenemos abogados que votan tanto al PSOE como a Podemos o Más Madrid. Incluso hemos tenido gente que votaba en su día a Ciudadanos cuando existía como fuerza política con representación en la Comunidad de Madrid. Pero nuestro programa es completamente transversal. Aquí no se trata de gobernar el Colegio con un sesgo político, sino que es una lucha de David contra Goliat. Los pequeños y medianos despachos no están representados, ni ahora, ni el tiempo que yo llevo colegiada, que son 23 años. Se trata simplemente de que un abogado, con independencia de su ideología política, tiene el mismo problema que yo para llegar a fin de mes, las mismas trabas en el turno de oficio, las mismas barreras en los juzgados. Problemas que no pueden compartir a lo mejor los grandes despachos, a pesar de que nuestra idea es gobernarlos a todos. No queremos dar la espalda a los grandes, pero es cierto que representan una parte muy minoritaria de la abogacía que no está representada en nuestra candidatura.
Nos consideramos progresistas porque tenemos a abogados que votan al PSOE, Podemos o Más Madrid. Incluso a Ciudadanos
P. ¿Cómo valoran la gestión de José María Alonso?
R. Alonso ha llevado su gestión de una forma completamente personalista, presidencialista, déspota y soberbia. Es una persona que empatiza todo o nada con el prójimo, incluso con los mismos miembros de su junta. El trato que he tenido con él ha sido demasiado complicado, ha habido incluso faltas de educación. Puedo entender que estemos en las antípodas de la política, pero me imagino que él también quiere el bien para la abogacía y no quiere dañar al Colegio. A pesar de ello, creo que ha sacado partido personal durante los cinco años de mandato y ha convertido el ICAM en una pluralidad de chiringuitos de la que diferentes miembros de la junta han sacado un cierto rendimiento. Y él lo ha permitido.
P. ¿En qué materias considera que ha sacado partido personal?
R. En el tema de la Corte de Arbitraje internacional, por ejemplo. Ha conseguido que la página web del ICAM publicitara su intervención. También publicitó en la web otra intervención en la Corte Iberoamericana de Arbitraje como decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, cuando realmente era una intervención como José María Alonso, socio director del despacho José María Alonso. A mí me parece que utilizar medios institucionales para promocionar su despacho no es lo más apropiado.
P. ¿Encuentra diferencias entre las candidaturas que salen de la actual junta?, ¿ve matices o cree que todas son herederas de su mandato?
R. Hay tres opciones. La candidatura de Raúl Ochoa es, por así decirlo, la gran desconocida de esta contienda, porque no ha participado en ningún debate y entiende, además, que los debates no son necesarios. El compañero que tenga algún tipo de interés, que se lea su programa. Me parece que representa la personalidad de Alonso, tiene un talante muy similar. Hereda ese despotismo, esa soberbia, ese creerse superior, y ningunea a la abogacía.
Luego tenemos a Juango Ospina, que parece que ha estado calentando banquillo durante cinco años. Él dice que siempre ha estado ahí, pero siempre en minoría, que no podía hacer mucho y que siempre ha apoyado a ALA, cuando la realidad es que nuestras propuestas han sido rechazadas de forma unánime por la junta de gobierno. Nos está vendiendo la moto de que él no ha podido hacer gran cosa estando en minoría y por eso propone ahora grandes cambios, cuando la realidad es que ha votado siempre con la junta de forma unánime. No consta un voto salvado por Juan Gonzalo Ospina.
Y por último tenemos la candidatura de Ribón. Ayer en el debate reconoció por fin que es el heredero natural de José María Alonso, es el continuismo puro y duro. El hecho de que ni él ni los otros tres miembros de la junta que están en su candidatura hayan dimitido nos demuestra que existen ciertos sesgos por parte del Colegio como institución. Además, usan los mismos colores corporativos y la misma gama cromática que el ICAM, lo que conlleva confusión a los compañeros y compañeras que reciben las comunicaciones por parte de su candidatura, ya que parecen comunicaciones institucionales. Por otro lado, en su acto de presentación, participó Esther Montalvá, que es parte de la junta también, como maestra de ceremonias. Esto no es jugar limpio. Se presentó una denuncia a la Comisión Electoral, que dijo que, al no existir regulación, no era una práctica prohibida, aunque sí matizo que no era pulcro.
P. Ustedes en su programa llevan una batería muy importante de medidas para mejorar la participación y la transparencia. ¿Cree que hay interés real en introducir mecanismos que favorezcan la participación?, ¿cuál es el interés en que el Colegio no esté más abierto al colegiado?
R. Pues porque el que tiene el poder no quiere soltarlo. Nunca se sabe de qué lado puede caer la participación, así que por riesgo, mejor evitarla. Yo hablo con compañeros en los juzgados, porque a pesar de la campaña sigo trabajando, y me dicen "ah, ¿hay elecciones este año?, ¿quién se presenta?". No tienen ni idea. ¿Cómo puede ser que la propia abogacía no conozca ni siquiera que está inmersa en un proceso electoral? Esto es culpa del propio Colegio. Por otro lado, antes de que empezara la campaña electoral, nosotros propusimos a la junta de gobierno que estableciera delegaciones del centro de votación en las principales sedes judiciales de la Comunidad de Madrid para facilitar que la abogacía pudiera votar en ellas. No se aceptó, se rechazó unánimemente por la junta cuando todavía estaban Ospina, Ribón, Raúl Ochoa, Nacho Monedero y Lola Fernández Campillo. Me hace gracia que ahora prometan un Colegio participativo.
Siguiendo con los problemas de participación. Actualmente, en el Colegio, aparte de la junta de gobierno, existe una junta general a la que cualquier colegiado puede acudir y en la que se debaten y aprueban medidas. Antes, los participantes podían llevar un máximo de tres votos delegados [es decir, que los colegiados podían ceder su voto a las personas que acuden presencialmente a las juntas], pero tras la pandemia han establecido que sea ilimitado. ¿Qué ocurre? Que vas a hacer tus propuestas con tu voto individual, pero llega el decano con un cartelón de 350 o 700 votos delegados. A veces, esos votos pertenecen incluso a abogados inscritos como no ejercientes que trabajan como policías nacionales, funcionarios o procuradores. Es decir, que no son abogados, pero están votando cuestiones tales como mejoras en el turno de oficio. Y las propuestas se vienen abajo por el voto de colegiados no ejercientes. Es una vergüenza.
¿Cómo puede ser que la propia abogacía no sepa que está en elecciones? Eso es culpa del Colegio
P. Otra cuestión muy relevante para su candidatura es la igualdad. ¿Qué valoración se hace de las medidas realizadas en esta materia y en qué se debe mejorar?
R. Nosotros siempre hemos llevado propuestas de igualdad, desde hace años. Este es el primer año que el resto de candidaturas llevan medidas de igualdad, aunque a veces dejan mucho que desear. He estado revisando meticulosamente el resto de programas y a veces proponen cosas que ya existen, como la creación de una Comisión de Igualdad. Y luego está el caso de Beatriz Saura, que se ha posicionado como adalid del feminismo, pero dice que no es necesaria ni siquiera la creación de una comisión porque en su candidatura ya son más mujeres que hombres.
Sobre qué se debe mejorar, el Colegio aprobó un plan de igualdad en 2018. Ese plan no se materializa, porque el Colegio puentea constantemente a la Comisión de Igualdad. Por ejemplo, si nosotros montamos un curso, la comisión debe velar para que sea impartido por un número paritario de hombres y mujeres. Si el Colegio no le informa del curso, al final la comisión no tiene ningún tipo de control, sino que va a remolque. Por otro lado, durante tres años y medio se trabajó para reformar los estatutos del ICAM y adaptarlos al Estatuto General de la Abogacía. Se llegó a un documento de consenso que tenía, además, el lenguaje inclusivo como bandera. Se acordó someter el texto a la Comisión de Igualdad, pero la junta de gobierno lo mandó directamente a la RAE, que dijo que donde pone abogados se presumirá que son abogados y abogadas, que el lenguaje inclusivo no era necesario porque el masculino genérico abarca ambos sexos. Esto ha llevado a que nosotros presentemos una enmienda a la totalidad. Lo único que se ha modificado es el artículo de los estatutos referente a la denominación del Colegio para meter ya por fin Colegio de la Abogacía. Hay muchas cosas que no se han hecho y en las que hay que trabajar, debemos retomar ese plan de igualdad y llevarlo a la práctica, que no sea un adorno en un cajón.
P. ¿Qué le pareció la denuncia de la presidenta de la Comisión de Igualdad sobre el 425?
R. Lo del 425 fue una auténtica vergüenza, la mujer fue completamente ninguneada. Hace 60 años, a lo mejor no podías traer a tantas mujeres de renombre como para que fueran la mitad de la mesa, pero actualmente, en un momento en que el 48% de la abogacía son mujeres, y cuando además tenemos un gran nivel de calidad tanto de abogadas como de juristas, juezas o fiscales, ahí ya es falta de voluntad. Yo, cuando me invitaron, lo primero que hice fue preguntar cuántas mujeres íbamos a participar en esa mesa, porque si voy a ir yo sola, me niego.
P. Uno de los grandes problemas de la abogacía, especialmente de los jóvenes, es la precariedad del mercado. De hecho, la mitad ejerce como falso autónomo. ¿Puede involucrarse el Colegio en esta cuestión desde el punto de vista deontológico? A veces se ha alegado que es materia de la jurisdicción social.
R. El problema que hay es que el Colegio no puede interceder en la relación laboral que tengan en un despacho. No puede ser juez y parte. No puede imponer una sanción por el incumplimiento de algo que no se ha reconocido en la jurisdicción laboral. Lo que sí puede hacer, y lo llevamos en nuestro programa, es establecer mecanismos y asesoramiento para que esos jóvenes que son falsos autónomos tengan un conocimiento de cómo funciona la legislación laboral para que puedan hacer una reclamación de sus derechos donde corresponde. Es decir, que no puedes intervenir como Colegio, pero puedes prestar asesoramiento al colegiado orientado específicamente a los jóvenes para que sepan qué pueden hacer para evitar este tipo de situaciones.
Lo del 425 fue una auténtica vergüenza, la mujer fue completamente ninguneada
P. El Colegio mantiene privados los expedientes sancionadores en materia deontológica, de modo que los abogados no tienen información sobre qué prácticas pueden conllevar una sanción y con base en qué argumentos. Tampoco el ciudadano sabe si está contratando a un abogado sancionado. ¿Debería haber transparencia en materia deontológica?
R. Antaño sí que la hubo, las resoluciones se publicaban en un área reservada a la que tenían acceso únicamente los abogados y abogadas, pero con la Ley Orgánica de Protección de Datos eso se acabó, la base de datos ya no existe y estamos un poco a ciegas. Creo que si las resoluciones se anonimizaran, se podrían publicar, pero hay que preservar también la identidad del abogado y de la abogada. También se podría llevar a cabo algún tipo de control y hacer un estudio pormenorizado para evitar que las instrucciones de los expedientes fueran sesgadas. Porque sí sé que hay una serie de compañeros y compañeras que están dentro de estos tribunales del colegio para examinar este tipo de expedientes, que no sé si entran por sorteo o cómo es el mecanismo para poder acceder. Si el expedientado es un amigo suyo… no son demasiado objetivos. Es otro de los melones que habría que abrir.
P. Hablemos sobre conciliación. Desde el colectivo, hay muchas quejas sobre la negativa de algunos juzgados de suspender vistas por motivos médicos o similares, a pesar de que la ley reconoce este derecho a los letrados. ¿Cómo puede el Colegio proteger a los abogados teniendo en cuenta que no puede intervenir en las decisiones de los jueces?
R. Es que no es solo que te pongas malo, que también. A mí me pasó con mi primer hijo, que nació por cesárea. A los tres días tenía un juicio en Aranda del Duero y no me lo quisieron suspender, y eso que la titular del juzgado era una señora jueza. Pero no es solo estar enfermo. Yo formo parte de una asociación a nivel europeo y este verano participé en unos encuentros en Italia. Tenía reuniones cerradas desde hace tiempo con el decano del Colegio de Abogados de Nápoles, pero me agendaron tres juicios para el mismo día. Sin embargo, el juzgado se negó en redondo a aplazar la vista, a pesar de tener acreditado el billete de avión, el alojamiento y la reunión, que el Colegio de Nápoles me dio justificantes. El abogado tiene una relación muy personal con el cliente, sobre todo cuando somos pequeños despachos. Los jueces no entienden que los abogados tenemos una relación muy personal con el cliente, sobre todo cuando somos autónomos o estamos en pequeños despachos, te dicen que te busques a un compañero que te sustituya.
Lo que puede hacer el Colegio es habilitar unos mecanismos de protección ágiles. Actualmente, hay una Comisión de Defensa de la Abogacía que funciona relativamente bien, pero no es lo mismo que interceda a tu favor un funcionario o un trabajador del Colegio que el decano. Yo recuerdo que, en el caso del viaje a Nápoles, contacté con la comisión y llamaron al juzgado en repetidas ocasiones, pero nada. Si hubiera llamado el decano, a lo mejor sí hubieran suspendido. En ese tipo de actuaciones, creo que el Colegio debe de dar un paso más allá, no puedes mandar a un trabajador porque le torean y se lo pasan por el arco de triunfo. Tienes que mandar al decano, porque a él sí lo reciben.
P. Su candidatura propone auditar tanto el Colegio como el consejo. ¿Sospechan que se está incurriendo en mucho gasto innecesario o cuestionable?
R. Sí. Nosotros participamos mucho en el día a día del Colegio y tenemos la paciencia, a pesar de ser de letras, de, cada año, cuando publican la memoria anual de las cuentas, pedirlas, examinarlas y solicitar, además, que nos faciliten detalles de algunas partidas en concreto. En la de gastos de viajes, por ejemplo, nos hemos encontrado con un viaje a París para una miembro de la junta que fue modificado hasta en tres ocasiones, porque cambió la hora varias veces. Un billete que comprado con antelación puede salir por 200 euros, al final salió por 1.200. Y eso es un suma y sigue.
Un gasto superfluo son las comidas que hace el decano con representantes de grandes bufetes, de 120 euros el comensal
Otro tipo de gastos son las reuniones que tiene el decano con representantes de los grandes despachos, en las que se pegan unas comilonas de 120 euros el comensal. Yo no les estoy diciendo que se vayan a comer al McDonald's, pero creo que hay un término medio. Estamos hablando de 30.000 euros al año que se pueden dedicar a muchas otras cosas. Sobre todo a departamentos como el de Igualdad y Discapacidad, que tienen un presupuesto de 8.000 euros anuales. Es decir, se gasta casi cuatro veces más el decano en comer con grandes despachos que en los departamentos de Igualdad y Discapacidad. Por eso nosotros queremos hacer la auditoría, para poder mirar al detalle cuáles son estos gastos superfluos y poder eliminarlos o reducirlos al máximo.
P. ¿Detecta falta de transparencia o de criterios objetivos para elegir a quienes dirigen las secciones o a quienes se nombra para determinados cargos de formación (profesorado del máster, por ejemplo)?
R. La transparencia y el ICAM actualmente son antónimos. Nosotros siempre estamos reclamando una serie de documentación y, después de mucho rogar, en alguna ocasión nos han pasado los documentos, aunque con mucha información oculta. El Colegio no es transparente desde el principio de que las propias candidaturas no lo son. Nosotros somos los únicos que publicamos al detalle nuestra fuente de financiación, que son las cuotas de socios, de ingresos, de dónde vienen y gastos. Así demostramos que no tenemos que rendirle pleitesía a nadie. Esto en el Colegio no se da. Además, los colegios profesionales deben ir mucho más allá de lo que exige la ley de transparencia. Nosotros proponemos que los acuerdos de la junta de gobierno sean publicados en el área privada, pero que sean accesibles para los colegiados. Por ejemplo, que todas las reuniones en las que participan los miembros de la junta con las comisiones sean públicas. De los contratos, lo mismo, porque a día de hoy no se sabe nada y nos vamos enterando a base de escándalos. Acordaos del famoso caso Merlos.
P. Para terminar, Ángeles, quien tenga dudas de a quién votar o quien tenga dudas de si ir a votar el día 20, díganos: ¿por qué debe elegir la candidatura que usted encabeza?
R. Por la honestidad que podemos transmitirle. Nosotros, además de conocer la vida colegial, estamos recabando qué es lo que quiere la abogacía del Colegio. Nadie ha preguntado a la abogacía de a pie qué piensa, nadie ha hecho un sondeo o una encuesta para ver qué es lo que querrían los colegiados que les ofreciera el ICAM, que tan de espaldas sienten. Nosotros tratamos, no solo durante la campaña, sino a lo largo de toda nuestra trayectoria, de recabar esa información y ponerla en práctica. Creo que somos la única candidatura que tiene este conocimiento de la realidad. Además, tenemos un programa completamente viable, no estamos haciendo ningún tipo de brindis al sol. Otros prometen cooperativas de vivienda, comprar plazas de parking… Yo creo que nuestras medidas son reales, nuestra candidatura es realmente la única feminista igualitaria y somos los únicos que están siendo transparentes publicando información de ingresos y gastos de forma actualizada. No tenemos ninguna persona vinculada con ninguna editorial, ni con ninguna corporación internacional o multinacional, por lo que no estamos sujetos a revisión, ni a ningún interés, ni político ni mediático.
"Somos a quienes ves por los pasillos y con quienes charlas antes de celebrar los juicios. Somos quienes contemplamos con asombro los eventos organizados con boato y dispendio por quienes rigen el Colegio de la Abogacía de Madrid mientras sufrimos las carencias del mismo". De este modo se presenta la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), una entidad que se define abiertamente como progresista y lleva presentándose a las elecciones al ICAM desde 1993, aunque nunca ha reunido los votos necesarios para conquistar la junta de gobierno. Este año lo vuelve a hacer, esta vez de la mano de Ángeles Chinarro. En conversación con El Confidencial, la aspirante a decana hace una dura crítica al actual decano en funciones, José María Alonso, y califica su gestión al frente del ICAM de "personalista, presidencialista, déspota y soberbia". Asimismo, insiste en que el Colegio todavía tiene un largo camino que recorrer en materias como transparencia —"la transparencia y el ICAM actualmente son antónimos", asegura— o una buena gestión financiera. En este sentido, cree que hay varios gastos innecesarios que se podrían eliminar, como el coste de las comidas del decano con representantes de los grandes despachos.
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