Begoña Trigo: "Es demagógico sentarse en la junta del Colegio y decir que eres el cambio"

Si por algo se caracteriza la candidatura de Begoña Trigo es por su cercanía con el turno de oficio. De los 14 aspirantes a formar parte de la junta de gobierno, 13 están adscritos a este servicio público, y entre todos acumulan más de 220 años de experiencia. Ahora bien, la abogada niega que eso les ponga en contra de los grandes despachos. "Es otro sector y otra forma de trabajar, pero sufren lo mismo que nosotros; al menos los que van a juicio", asegura. Las largas esperas en los juzgados, el maltrato de algunos funcionarios, la insensibilidad de los jueces... problemas del día a día de los letrados que, para Trigo, siguen enquistados por la falta de acción de la dirección del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que se comporta más como una asociación privada que como una corporación al servicio de sus colegiados.

PREGUNTA. Hemos entrado en la recta final de la campaña. ¿Qué sensaciones acumula hasta ahora?, ¿es optimista?

BEGOÑA TRIGO. Sí, realmente. Es cierto que nuestra candidatura lo tiene más difícil porque se han presentado varios miembros que han estado en la junta y que son más conocidos. A nosotros no nos conocía a nadie, pero la sensación que tenemos es que cada día vamos creciendo en la prensa, nos va conociendo más gente. Nos ha costado más porque hemos partido de cero, a diferencia de otras candidaturas, pero tengo buenas vibraciones.

P. ¿Cómo es presentar una candidatura como la suya, compuesta por gente ajena al entorno institucional y que no dispone de los recursos que exhiben otros?, ¿siente que parten en desventaja?

B.T. Desventajas, quizás en cuanto a comunicación, porque ellos tienen más medios. De hecho, se ha visto en estas elecciones cómo alguno ha realizado actos de publicidad utilizando los medios del colegio, lo que nos parece poco democrático, pero es lo que hay. Creo que el hecho de estar en la junta no significa absolutamente nada, porque llevamos con juntas poco operativas desde hace varios años y los problemas de los abogados que estamos todos los días en el juzgado, como es el caso de nuestra candidatura, no los están resolviendo. La urgencia por ponerles solución es los que nos ha motivado a salir de nuestros despachos y a presentarnos.

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P. Su mensaje es el de que son la candidatura del despacho pequeño, del abogado de a pie. ¿Diría que son los grandes olvidados del colegio?

B.T. Pues es que no han hecho nada por la situación de los abogados. En mi candidatura, 13 de los 14 miembros que somos estamos en el turno oficio, pero también llevamos asuntos particulares en nuestros despachos y trabajamos con clientes particulares. No es que seamos la candidatura de los medianos y pequeños despachos. Queremos representar a todos. Lo que pasa es que los problemas que no se están resolviendo están en este sector, que somos la mayoría. Ese es el motivo por el que por el que nos presentamos. Ahora bien, no estamos en contra de los grandes despachos. Respetamos absolutamente lo que hacen, aunque es otro sector y otra forma de trabajar, pero también tienen los mismos problemas que nosotros, al menos los que van a juicio. Una vez que entras en el juzgado, todos somos iguales, da igual si vienes de un bufete grande o pequeño: las esperas, los problemas con la salud, el trato de los funcionarios… eso lo sufrimos todos.

P. ¿Cómo valora la gestión de José María Alonso?

B.T. La junta actual no ha resuelto los problemas que sufrimos. Hay ejemplos sangrantes de abogados a los que, en situación de salud crítica con partes médicos, no se les ha suspendido ni los plazos ni las vistas. Tenemos que seguir trabajando con fiebre, tras sesiones de quimioterapia, después de dos infartos... El equipo de Alonso no ha sido operativo, no se ha dedicado a los problemas de los abogados. Yo le reconozco los avances, pero son mínimos en relación con lo que nosotros necesitamos en el día a día.

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P. Usted que ha participado ya en debates con algunos de ellos, que ha leído sus propuestas, ¿qué opina que las candidaturas que salen la junta en funciones se presenten como el cambio?

B.T. Me parece absolutamente demagógico. No es posible defender esos principios cuando se está en la junta de gobierno en funciones y al mismo tiempo postulándose como candidato. Es muy poco democrático que una institución sea juez y parte. Es poco transparente y me parece que el Colegio de Abogados se merece otro nivel de calidad.

P. Ha habido alguna polémica sobre el uso del cargo institucional o la confusión con el logo e imágenes del colegio para hacer campaña. ¿Ha apreciado usted alguna cuestión mejorable en este sentido?, ¿es el proceso electoral todo lo limpio que debería?

B.T. El problema es que no está regulado. La ley dice que es de aplicación la Ley de Colegios Profesionales y, de forma supletoria, por la legislación básica del Estado, que es la Ley Electoral General (LEG). ¿Qué está pasando? Que no se está cumpliendo con ninguna. El voto por correo, por ejemplo. El ICAM aprobó una normativa en la que el votante por correo tiene que pagar el certificado, cuando la LEG te dice que es gratuito. Luego, el Estatuto de la Abogacía dice que es incompatible el cargo de diputado con uno de candidato. Lo dice expresamente y, sin embargo, no lo están respetando. Más que una corporación de derecho público, el Colegio de Madrid parece una asociación de amigos. El Colegio debe fomentar la participación, mantener su independencia y respetar los principios democráticos. Nada de esto se ha visto en estas elecciones.

Hablar de cambio cuando sales de la Junta de Gobierno me parece absolutamente demagógico

P. Menciona la necesidad de fomentar la participación. ¿Cree que hay interés real en introducir mecanismos en este sentido? Porque todo el mundo dice que quiere elevar la participación, pero después las condiciones no son las mejores.

B.T. No pienso que sea casual. En el Colegio de Málaga, por ejemplo, está instalado ya desde hace tiempo el voto electrónico. Aquí, que somos 77.000 colegiados, todavía nada, y eso que era una de las medidas que llevaba Alonso. Es estos cinco años, sin embargo, no ha visto el momento de implantarlo. Tenemos el colegio más grande de Europa, y no se entiende que vote menos de un 10%. También se propuso poner centros de votación en distintas poblaciones para los abogados que vienen de El Escorial, Aranjuez o Alcalá de Henares. Pero tampoco se hizo. Yo considero que quieren concentrar el voto, porque así se aseguran el triunfo como se lo han asegurado hasta ahora. Desde aquí llamo la participación de todos los colegiados, no para que me voten a mí, sino para que participen. Quien gana unas elecciones con un 50% de participación tienen más legitimidad que quien lo hace con un 8%.

P. 13 de los 14 miembros de su candidatura forman parte del turno de oficio. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a los abogados que prestan este servicio?

B.T. En primer lugar, lo que nosotros planteamos es la dignificación, y para ello hay que dejar de relacionar el turno de oficio con la justicia gratuita. El TOF es un servicio que cubre un derecho fundamental como es el de defensa. No podemos entender que se aluda a una cuestión vocacional, como hacen algunos políticos o parte de la Administración, para garantizar este derecho, nos parece poco serio. Por eso proponemos que en vez de justicia gratuita se llame justicia pública. Queremos el mismo respeto y queremos la misma dignidad que tienen otros servicios públicos, como es la sanidad o la educación. Y desde alguna dotación suficiente.

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P. Una de las medidas en las que insiste tanto usted como el resto de candidatos es la actualización de los baremos del turno de oficio, que llevan congeladas desde 2003. ¿Cree que el colegio y el Consejo de la Abogacía han hecho lo suficiente para que el Ministerio apruebe avances en este sentido?

B.T. Evidentemente no, porque no hemos tenido resultados. Al colegio tampoco, porque eso supone enfrentarse al poder institucional, y parte de la junta está muy vinculada a las instituciones. No es su interés principal, y mucho menos el del Consejo General de la Abogacía Española, que ni siquiera nos transmite en que se gastan las dietas ni tienen una voluntad de democratizar o ser transparentes. No hemos tenido ningún resultado en estos años. Al revés, nos han bajado los baremos en algunos aspectos. La media que se cobra por un expediente del turno de oficio son 260 o 270 euros, independientemente de lo que dure el proceso. Las propuestas que nosotros llevamos es que nos abonen la gasolina de los viajes a la comisaría o el juzgado, las dietas o la nocturnidad. Que nos paguen los días festivos, igual que al resto de trabajadores.

Otra propuesta novedosa que traemos es la fijación de un doble baremo. Ahora se cobra igual por un expediente que tiene dos tomos que por uno que tiene 30 folios. Proponemos que haya una parte troncal, que será fija para todos los expedientes, y una parte variable que variará según la complejidad del asunto. También queremos quitar la retención del IRPF, que es del 15%, porque entendemos que la cantidad que cobramos ya es ridícula, no es necesario retener de ahí.

La media que se cobra por un expediente del turno de oficio son 260 o 270 euros, independientemente de lo que dure el proceso

P. Propone la creación de un turno de oficio específico para atender los litigios contra Hacienda. ¿Por qué cree que es necesario?

B.T. Creemos que es algo necesario y que está dentro de la función social del Colegio, que es lo que da sentido a la profesión. Todos conocemos la voracidad de Hacienda, y muchos la padecemos. Actualmente, no hay ninguna institución u organismo que actúe como resistencia a estos excesos de la administración, y entiendo que el ICAM debe hacer algo en defensa de la ciudadanía, que para eso tiene una función social. Es por eso que queremos establecer un turno de oficio específico para las reclamaciones contra la Agencia Tributaria formado por letrados especializados. Por otro lado, queremos ampliar la defensa a la fase administrativa. ¿Por qué? Mira, los procedimientos contra AEAT son complejos, las primeras notificaciones tienen un lenguaje incomprensible. Los ciudadanos tienen que formular ellos las alegaciones, porque no está cubierta la asesoría jurídica en ese tramo. Pero esas alegaciones son vinculantes, por lo que cuando llega a la fase judicial, el abogado se tiene que ceñir estrictamente a lo que argumentó en primer lugar el ciudadano. Eso es abusivo y, de hecho, Hacienda ya ha sido condenada en los tribunales por eso.

P. Desde el colectivo hay muchas quejas sobre la negativa de algunos juzgados de suspender vistas por motivos médicos o similares, a pesar de que la ley reconoce este derecho a los letrados. ¿Cómo puede el Colegio proteger a los abogados teniendo en cuenta que no puede intervenir en las decisiones de los jueces?

B.T. Por encima de la Ley de Enjuiciamiento Civil está la Constitución, y el derecho a la salud es un derecho fundamental. No se concibe cómo a una persona que tenga un parte de baja médica no se le suspenda un juicio o un plazo, y estamos hablando de situaciones ya muy graves. Ante la negativa de un juez hay otros caminos, y si el ICAM tiene que ir a la vía judicial para consolidar este derecho, deberá litigar el colegio y no el abogado. Por otro lado, proponemos la creación un departamento de sustituciones que hagan un juicio o lo que sea necesario para garantizar el derecho a la salud del letrado. Es que son casos muy hirientes. Yo no me imagino a un abogado solicitando al juez o al fiscal que se sometan a un informe forense par acreditar que están enfermos. Es un cuestionamiento que revela una falta de respeto grande al sector.

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P. ¿Debería haber más transparencia en materia deontológica?

B.T. Yo entiendo que debe ser el abogado quien decida si los quiere publicar o no. Nosotros queremos sugerir que solo se tramiten las quejas que realmente tengan fundamento. En deontología hay a veces unas exigencias que son inhumanas. Se tramitan quejas muy absurdas. Hace poco hablaba con una compañera y me contaba que le había puesto una queja su cliente porque el abogado contrario le había saludado y veía mal tanta enemistad. Bueno, pues esa queja se tramita. Luego, queremos que se introduzcan una serie de derechos para el abogado, además de obligaciones para los clientes. No tenemos por qué soportar que cuestionen tu profesionalidad, desprecien tu trabajo o te llamen a las siete de la mañana un domingo. Estos actos deben tener una repercusión si realmente queremos dignificar al abogado.

P. ¿Prevé su candidatura bajar las cuotas colegiales?

B.T. Pues en principio no lo hemos valorado, porque no nos parece que sea excesiva. Lo que se tiene que hacer es destinar ese dinero a cosas efectivas y prioritarias. Por ejemplo, para desarrollar derechos fundamentales como la salud o la conciliación. Crear guarderías, residencias para los mayores, aumentar el patrimonio inmobiliario para facilitar las necesidades de vivienda y profesionales de los jóvenes... lo podemos hacer, no son medidas populistas. Hay que buscar medidas que reviertan económicamente y que produzcan ingresos, que haya un retorno. Nosotros proponemos proyectos con institutos y escuelas para que los niños puedan estar realizando diversas actividades y la mamá o el papá pueda seguir trabajando tranquilamente. Si no va a ser imposible la conciliación. Igual con personas dependientes, con mayores. Debemos tener proyectos que reviertan al colegiado y que supongan un coste bajísimo.

No nos parece que la cuantía de las sea excesiva. Lo que se tiene que hacer es destinar ese dinero a cosas efectivas y prioritarias

P. ¿Cree que hay gasto superfluo que podría recortarse?, ¿limitaría las actividades que financia el colegio, como propone algún otro candidato?

B.T. Yo no me opongo a que se puedan realizar determinadas actividades siempre que las prioridades estén cubiertas.

P. ¿Qué le pareció la decisión del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) de subir las cuotas colegiales y la decisión de Alonso de no oponerse a esta medida?

B.T. Sobre el Consejo, la cuestión es que, en una situación de crisis tan brutal como la que hemos tenido con el covid, no ha hecho absolutamente nada en favor de los abogados. Hemos tenido que seguir pagando las cuotas de la mutualidad, los alquileres, impuestos... hemos estado una situación de precariedad absoluta. Eso sí, hemos tenido que asistir a juicios sin las medidas de protección porque para eso sí somos una actividad esencial. Y en todo eso, al CGAE no se le ha visto. Pero curiosamente sí ha aparecido para solicitar una subida de cuotas. Esto ha enfadado mucho a los abogados. No por la cuantía, que es mínima. Es porque se suben las cuotas para cuadrar unas cuentas a las que no nos dejan acceso y la contestación que dan cuando solicitamos revisarlas es que son cuestiones privadas.

Sobre la decisión de Alonso, nos sorprende mucho que en una junta en funciones con varios candidatos a decano, dentro que manifestaron su oposición, haya salido, sin embargo, una respuesta positiva. Esto nos hace entender la mala operatividad de las juntas transversales.

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P. En su programa, propone fiscalizar las cuentas del CGAE para "evitar abusos de sus dirigentes y que no se ponga en duda la honradez de la profesión". ¿Se compromete, si es decana, a impulsar mejoras en la transparencia y buen gobierno del CGAE?

B.T. Por supuesto. No es de recibo que yo con mis cuotas esté abonando parte de los ingresos del Consejo y no tenga derecho a saber en qué se gastan el dinero, qué dietas perciben o en qué concepto. Creo que es algo que cualquier persona que tenga un poco de conciencia democrática entiende sin ningún tipo de explicación.

P. ¿Considera que el ICAM es una institución transparente?

B.T. La verdad es que no. Tenemos que tener una memoria económica más descriptiva, no puede haber conceptos de gastos generales, necesitamos una mayor concreción. Si no, es un paripé. Esa es nuestra propuesta: definir los conceptos de las memorias económicas para que no tengan conceptos generales y hacer una normativa para que los colegiados tengan acceso en cualquier momento. Que se detallen los gastos de cada miembro de la junta y no hacer partidas generales indeterminadas, que engloban a lo mejor millones de euros y no sabemos muy bien qué significa porque no tiene un desglose suficiente.

P. ¿Qué razones le expondría a un abogado que tenga dudas de a quién votar, que se decante por su candidatura?

B.T. Yo primero quiero llamar a la participación, que los abogados alcen la voz y vayan a votar, y quien gane sea por más del 10%. Tenemos que dignificar entre todos el ICAM, y una forma es demostrar la implicación en el cambio y en la mejora, porque si no lo hacemos nosotros, ninguna institución lo va a hacer. Y sobre mi candidatura, diría que deben votarnos porque tenemos el mejor programa y la mejor voluntad, una voluntad firme y decidida de hacer el cambio posible, porque nos interesa. Tenemos que recuperar la dignificación de nuestra profesión.