La primera firma de abogados de élite a la carta se conjura para ingresar 5 M en 2025

El pasado mes de octubre, Lawyers for Projects, la firma de servicios jurídicos alternativos con sede en Barcelona, cumplió su quinto aniversario. En ese tiempo, la entidad presume de haber cosechado un crecimiento sostenido tanto en lo que respecta al negocio —"en el último año hemos duplicado nuestra facturación", aseguran, aunque rechazan dar cifras concretas— como en tamaño. Frente a los 10 abogados con los que arrancaron en 2017, la firma supera actualmente los 120 letrados y asesores fiscales, y entre todos suman una media de 15 años de experiencia. Sus planes a futuro no son menos ambiciosos: pretenden cerrar 2022 con una subida de ingresos del 64% respecto al ejercicio anterior y aspiran a superar los 200 profesionales y cinco millones de euros en ventas para 2025.

"La respuesta del mercado está siendo muy positiva", celebra Laia Moncosí, CEO de la organización, si bien admite que no siempre ha sido un camino de rosas. En 2017, las siglas ALSP todavía eran grandes desconocidas en el sector legal español y cualquier iniciativa que se saliera de lo tradicionalmente entendido como un bufete era mirado con recelo. "Los dos primeros años fueron predicar en el desierto. A los clientes les gustaba el enfoque, pero costaba que dieran el paso de contratación", relata. Poco a poco, sin embargo, y tras mucho trabajo de pedagogía, Lawyers for Projects fue abriéndose paso en el mercado. Actualmente, su cartera de clientes incluye empresas del Ibex 35 y grandes compañías como Isdin, Nissan o Mondelez, pero también otros despachos de abogados.

Asimismo, y en línea con el desarrollo experimentado en los últimos años, la firma ha creado una nueva herramienta de inteligencia artificial que se encargará de asignar los encargos de los clientes al abogado de su red de colaboradores que mejor encaje con cada asunto. "Era una tarea que antes hacíamos manualmente, pero que ahora pasará a ser automática", explica la directiva. Por el momento, la herramienta está en fase de testeo, aunque se implantará definitivamente a finales de este año.

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El modelo de negocio de Lawyers for Projects se enmarca dentro de los servicios legales flexibles (FLS), uno de los subtipos diferenciados dentro de la etiqueta de ALSP que también siguen otras firmas en España como Ambar o Attolon Law. Se caracterizan por trabajar por proyectos de complejidad media-alta y cuentan con una red de colaboradores compuesta por abogados altamente cualificados. Cubren todo tipo de operaciones del mundo de la empresa. "Mercantil, laboral, fiscal, compliance, derecho administrativo… En resumen, todo lo que sea asesoramiento a personas jurídicas", resume Raquel Arenas, socia y directora del Departamento de Client Solutions.

¿Cómo funciona el sistema? En primer lugar, el cliente envía los detalles del asunto. La herramienta de IA analiza el encargo y busca entre toda su red de colaboradores el letrado (que la firma bautiza como flex counsel) que mejor encaja. Una vez seleccionado, la firma se pone en contacto con él y le propone el proyecto. El profesional puede rechazarlo o aceptarlo, en cuyo caso informa a la entidad de cuáles serían sus honorarios y, tras una negociación, comunica al cliente el precio final del servicio. Por regla general, los abogados ejercen en calidad de autónomos, si bien dependiendo del proyecto, el cliente debe contratar laboralmente al profesional. "Por ejemplo, si una empresa nos pide a alguien para que esté en sus oficinas con carácter full time", ejemplifica Arenas.

Un modelo cada vez más atractivo

Se trata, según asegura Moncosí, de un modelo muy atractivo para los letrados, ya que les otorga una flexibilidad que difícilmente podrían conseguir en otro tipo de estructuras. De hecho, en los dos últimos años han experimentado un interés creciente por su sistema, ya no solo por parte de los abogados de bufete, sino también de los in house. "Antes de la pandemia, nosotros íbamos a buscar colaboradores, pero ahora la gente nos escribe de forma espontánea", observa. Un cambio de tendencia que la letrada enmarca en el reajuste de prioridades que muchos parecen haber experimentado tras el confinamiento y por el que cada vez más profesionales buscan un equilibrio entre la vida laboral y la personal.

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Para incorporarse a la red de colaboradores de Lawyers for Projects, los abogados deben cumplir con dos requisitos esenciales. Primero, contar con un mínimo de cinco años de experiencia, ya que para algunos proyectos tienen que trabajar de forma autónoma "y eso exige cierto recorrido", precisa Moncosí. Y segundo, deben provenir de un despacho de reconocido prestigio o la asesoría jurídica interna de una compañía de cierta entidad. "Casan mejor con nuestra tipología de clientes", subraya la abogada.

"Antes de la pandemia, nosotros buscábamos colaboradores, pero ahora nos escriben de forma espontánea", indica la CEO de LFP

Aunque busquen perfiles con experiencia en bufetes de élite, ambas directivas insisten en que no son su competencia. Su objetivo, matizan, es ser una extensión de las asesorías jurídicas internas y dar acompañamiento a los letrados en su día a día. No suelen cubrir temas de alto riesgo o impacto, como puede ser una operación de M&A. "Ahí las compañías suelen buscar el sello de un gran despacho. Si nos lo pide el cliente, podemos hacerlo, pero no es nuestro foco", concretan. La función de los letrados de Lawyers for Projects, por tanto, consiste en introducirse en las estructuras de los departamentos internos y dan apoyo a los in house con el exceso de trabajo que se genera con las operaciones de gran volumen.

Sus servicios, matiza, se asemejan más a los que ofrecen las big four o las ALSP internas de algunos despachos anglosajones, como es el caso de Peerpoint de Allen & Overy. "El día que los bufetes lancen sus modelos flexibles al mercado español, ahí competiremos", zanja.