David vs. Goliat: los talleres luchan en la UE contra los "abusos" de las aseguradoras

Es una nueva representación, en versión confrontación legal, del relato bíblico de David contra Goliat. En este caso, con los talleres de reparación de vehículos en el papel de joven pastor israelí y las grandes compañías aseguradoras como gigante (y aparentemente invencible) filisteo. Los primeros acusan a las segundas de "malas prácticas y abusos", lo que les ocasiona "graves perjuicios económicos". Una situación irregular que, afirman, se encuentra amparada por la legislación nacional y la inacción de los poderes públicos españoles, en contra de lo que establece la normativa europea. Por eso han decidido no solo plantarse ante esta forma de actuar, sino acudir a dar la batalla a las instituciones de la Unión Europea.

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La ristra de abusos y malas prácticas que describen los talleres es larga. En primer lugar, acusan a las aseguradoras de fijar los precios de sus servicios, sin respetar el establecido por los propios mecánicos y el importe a abonar por el siniestro, ni que se reconozcan las horas de trabajo empleadas en la reparación del daño. La defensa de los talleres, encabezada por el bufete Navas & Cusí, asevera que estas maniobras vulneran el artículo 101.1.a) del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que prohíbe la limitación del juego de la competencia dentro del mercado interior, como conllevaría el establecimiento de precios de compra o de venta.

En segundo término, señalan que algunas aseguradoras imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar, lo que vulnera la Directiva de servicios del mercado interior. La iniciativa de los reparadores también describe que hay compañías que comercializan pólizas que impiden al cliente elegir dónde reparar su vehículo, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor, lo que podría suponer una cláusula abusiva en contra de la normativa. El caso más grave, sería cuando esta imposición se da en los accidentes imputables a terceros.

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Además, indican que los peritos de las aseguradoras tasan el tiempo y el coste de los materiales en detrimento del taller, lo que podría constituir una práctica "desleal y agresiva" de acuerdo con el artículo 8 de la Directiva 2005/29, que regula las prácticas desleales en el territorio comunitario. "La dependencia de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación", exponen desde el bufete, pues siguen el mandato y actúan en beneficio de la aseguradora. "Existe, pues, una dependencia vertical y, por ello, abuso de derecho en perjuicio del consumidor y del taller", rematan.

Dicha práctica incumpliría, a juicio de los letrados, la Directiva 2016/97, sobre distribución de seguros (en su artículo 17.3), que ordena que los Estados garanticen que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. Un deber que, en cambio, la legislación española no garantizaría en su regulación del seguro de automóviles, lo que, según los impulsores de la iniciativa, desprotege al consumidor y vulnera la libre competencia entre talleres.

Y, finalmente, la iniciativa de los talleres explica que "se refuerza la idea de colusión tácita y la fijación de precios unilateral" por el hecho de que el importe del módulo —el precio de referencia con el que se compensan y liquidan los saldos entre aseguradoras— se fija anualmente y es independiente del coste real de los daños del vehículo. Con este sistema, la compañía del vehículo culpable pagará el mismo precio y la otra compañía tratará de reducir el coste de la reparación frente al precio del módulo, incrementando su beneficio y perjudicando la retribución del taller. La compañía del asegurado que ha sufrido el daño, y que va a realizar y asumir la reparación, tiene interés en tasar dicho daño en el menor coste posible; es decir, hay un acuerdo tácito entre compañías porque todas participan del mismo interés. Una colusión de precios que censura el TFUE.

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La demanda, interpuesta por Navas & Cusí en nombre de cuatro de las grandes patronales de talleres, ingresó en el Parlamento Europeo antes de verano. Esta semana, la Comisión de Peticiones, que preside la diputada 'popular' Dolors Montserrat, ha decidido dar traslado de la misma a la Comisión Europea solicitando su estudio. Las asociaciones firmantes son CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, que representa a 25.000 empresas del sector), CONEPA (empresarios profesionales de automoción españoles, con 18 asociaciones de talleres en toda España), FAGENAUTO (agentes oficiales de la automoción, 1.684 pymes y 16.936 empleos directos y más de 3.000 autónomos ) y GANVAM (vendedores de vehículos a motor, reparación y recambios, que supone 350.000 empleos y una facturación de casi 100.000 millones de euros).