Inflación, crisis energética y recesión: guía legal para pilotar las curvas del curso 22-23

El mes de septiembre ha supuesto el pistoletazo de salida de un nuevo curso que no va a resultar en absoluto sencillo desde el punto de vista económico. Y no es para menos. Tras las dificultades provocadas por la pandemia, la sociedad en general y el mundo empresarial en particular tendrán que afrontar un periodo fuertemente marcado por la inflación, la crisis energética, agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y el miedo generalizado a una recesión. Todo ello en un contexto de intensa actividad legislativa en la que se prevén cambios en ámbitos de gran relevancia para las compañías, como es fiscal o concursal.

Ante este escenario, El Confidencial ha consultado a una docena de los principales bufetes del país para conocer cuáles son los grandes hitos legales de los que deben estar pendientes empresas, fondos, bancos y el resto de actores económicos. Estas son sus respuestas.

Mercantil y fiscal

En el ámbito mercantil, el curso 2022-23 será un periodo de intensos cambios legislativos. Sin ir más lejos, en las próximas semanas se espera la aprobación de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, "que agilizará los trámites para constituir sociedades, eliminará obstáculos para el desarrollo de actividades económicas y mejorará el acceso a la financiación", señala Carlos de Cárdenas Smith, director del Área Mercantil de Uría Menéndez. Asimismo, el abogado destaca dos normativas que actualmente se encuentran en proceso de tramitación: la Ley de Startups y el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y Empresas de Servicios de Inversión. Esta última, matiza, de gran calado, ya que establecerá un marco específico para las denominadas SPAC, entre otras cuestiones.

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La digitalización marcará buena parte de la agenda de los fiscalistas en este próximo curso. Como subraya Alicia de Carlos, socia de fiscal en Cuatrecasas, en las próximas semanas se aprobará una nueva normativa "que obligará a todas las empresas a facturar electrónicamente las operaciones con otros empresarios y profesionales". A ello se suma otra regulación en ciernes que impondrá, entre otros aspectos, que las facturas contengan un código QR, para de este modo facilitar el acceso a la información a la Agencia Tributaria. Por último, la abogada destaca el proyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes (cuya entrada en vigor está prevista para 2023) que, entre otras medidas, modifica el régimen fiscal de los impatriados para atraer a trabajadores residentes en el extranjero, "incluidos los llamados nómadas digitales", agrega.

Laboral, concursal y reestructuraciones

El teletrabajo seguirá siendo uno de los grandes protagonistas en el ámbito laboral este curso que viene. Tras la implantación del modelo remoto de urgencia a raíz de la pandemia, las compañías están comenzando a diseñar planes definitivos. Y, como señala Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados, probablemente "prime la flexibilidad sobre la rigidez en la forma de trabajar. Por otro lado, el letrado considera que, en el próximo año, aumentará la conflictividad laboral en dos ámbitos. El primero, en las negociaciones de los convenios, ya que los representantes legales buscarán incrementar salarios para acomodarlos a la inflación. Y segundo, en las reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales (igualdad, no discriminación, etcétera) "por la batería de normas dictadas recientemente por el Gobierno y su consiguiente interpretación por los tribunales".

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La recién aprobada reforma de la Ley Concursal será, para Gómez-Acebo & Pombo, el principal reto jurídico en el área de los concursos. La entrada en vigor de la norma se junta, además, con la complicada situación en la que se encuentran las organizaciones, afectadas por la inflación, la crisis energética y, en muchos casos, un endeudamiento excesivo tras la pandemia. "Los que nos dedicamos al sector de las reestructuraciones esperamos meses y años intensos en los que tendremos que trabajar con una nueva herramienta, que no tiene precedentes. Esto implica un mayor nivel de incertidumbre, pero también de oportunidades", matiza su socio, Miguel Lamo de Espinosa.

En la misma línea se pronuncia desde Garrigues Adrián Thery, socio responsable del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias del bufete, que espera que la nueva normativa ponga fin a la tradicional infrautilización en España de los procedimientos concursales. En la misma línea, el abogado indica que habrá que estar atentos a la coincidencia en el tiempo del fin de la moratoria concursal, el deterioro de la situación económica y la nueva normativa, "señaladamente relativa a los planes de reestructuración y los 'pre-packs', de un lado, y, de otro lado, los procedimientos especiales".

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Por último, Thery pone el acento en la plataforma electrónica que están diseñando desde el Ministerio de Justicia para liquidar bienes procedentes de procedimientos especiales de liquidación de microempresas y que deberá estar lista a principios de 2023. "El éxito o fracaso del procedimiento especial dependerá en buena medida del buen o mal funcionamiento de esta plataforma", asegura.

Mercado de capitales y bancario

La reforma concursal también jugará un importante papel en el ámbito bancario y financiero, como así lo adelanta Ignacio Ruiz-Cámara, socio responsable de esta área en Allen & Overy. "Si bien es una tendencia anunciada hace ya tiempo que no ha acabado de materializarse, creemos que los próximos meses verán mucha actividad en el segmento de reestructuraciones e insolvencias. En este sentido, la recentísima norma y la interpretación que hagan los juzgados de lo mercantil añade un elemento de incertidumbre", puntualiza. Por otro lado, el letrado ve probable que se impulsen nuevas normas que brinden más protección a los consumidores a raíz de una eventual desaceleración económica.

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En lo que respecta al mercado de capitales, Yolanda Azanza, socia de Clifford Chance, destaca dos futuras normas como los hitos principales que marcarán este nuevo curso. Por un lado, la Ley del Mercado de Valores, "que introducirá novedades en el régimen de mercados primarios mejorando la capacidad de financiación no bancaria, incluirá en su ámbito de aplicación cualquier instrumento financiero que sea un criptoactivo e incluirá previsiones que permitirán utilizar la tecnología blockchain", enumera. Por el otro, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que tendrá como objetivo regular las SPAC.

Derecho público y energía

La subida generalizada de precios estará en el centro de las novedades en Derecho Público, especialmente en lo referente a las contrataciones. "Es previsible que se planteen modificaciones contractuales, revisiones de precios o reequilibrios de las prestaciones", augura Juan Rodríguez Cárcamo, socio de Pérez-Llorca. Asimismo, el letrado opina que, en los próximos meses, veremos más medidas administrativas de contención de precios como las que se han tomado con la gasolina, aunque esta vez dirigidas al sector energético. Unos cambios que, no obstante, "provocarán un eventual aumento de la litigación contencioso-administrativa, vinculada a la futura adopción de medidas que traten de paliar los efectos de la inflación", vaticina el abogado.

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Coincide con esta opinión Jorge Toral, 'managing associate' del grupo de Energía de Linklaters en España. "El crítico panorama actual de los mercados energéticos en Europa no tiene precedentes. La Comisión Europea y los Estados Miembros están estudiando y aprobando medidas absolutamente excepcionales que, en otro contexto, serían claramente contrarias a los principios que rigen el mercado interior de electricidad y gas de la Unión Europea", declara.

Ahora bien, esta no es la única cuestión que provocará choques judiciales en el sector energético. Como explica Toral, el pasado agosto se publicó la orden ministerial que establecía la retribución de la distribución eléctrica para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. El texto cayó como una bomba en el sector, ya que las cuantías que fijaba estaban muy por debajo de las que se propusieron inicialmente. "¿Es posible que estemos ante la próxima batalla judicial entre las empresas eléctricas y el Gobierno?", se pregunta el letrado.

"El crítico panorama actual de los mercados energéticos en Europa no tiene precedentes", afirma Jorge Toral, de Linklaters

Derecho digital, privacidad y propiedad intelectual

En lo que respecta a Derecho Digital y Tecnología, el equipo de IP Tech de Baker Mckenzie considera que, este curso, los grandes cambios vendrán de Europa. "Habrá que prestar atención al paquete de medidas que está tramitando la UE con el fin de adaptar la regulación a una sociedad cada vez más digital, así como de promover la soberanía digital de los Estados Miembros", aseveran. Entre algunas de estas iniciativas legislativas destacan el Reglamento de Inteligencia Artificial, el 'Data Governance Act' y el 'Data Act', que afectarán de manera transversal a buena parte de los sectores de actividad. También se espera la aprobación de dos normativas, la Ley de Servicios Digitales y la de Mercados Digitales, que tendrán un gran impacto sobre las plataformas.

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Estas últimas normativas también tendrán un gran protagonismo en el ámbito de la protección de datos y la privacidad. Como apunta Javier Torre de Silva, socio en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ambos textos, que deberán conjugarse con el Reglamento General de Protección de Datos, "serán el culmen de un proceso que lleva años tramitándose". En el ámbito nacional, el abogado prevé la aprobación de la conocida como ley 'whistleblowing', que establece nuevas —e importantes— obligaciones para las empresas, como la creación de un canal de denuncias anónimo para denunciar irregularidades en el seno de la organización.

Por último, el socio de Elzaburu Enrique Armijo Chavarri opina que la principal novedad en el mundo de la propiedad intelectual es la reciente decisión de atribuir a la Oficina Española de Patentes y Marcas las acciones de nulidad y caducidad de marcas. Hasta ahora, esta competencia correspondía a los jueces, que ahora estarán a cargo, únicamente, de revisar las decisiones de la OEPM. "Estamos ante un trueque jurisdiccional sin precedentes y muy excitante", afirma.