Un abogado, condenado a pagar 9.000 € a un cliente al que tildó de culpable

La Audiencia Provincial (AP) de Zamora ha condenado a un abogado a indemnizar con 9.000 euros a un excliente al que, después de lograr su absolución en un procedimiento penal, tildó de culpable. Una acusación que realizó en el marco del pleito que mantuvieron posteriormente por discrepancias en el cobro de sus honorarios. En sus escritos, el letrado empleó frases como "se puede observar que todos los delitos estaban cometidos" o "la Inspección no puede comprobar la actuación fraudulenta de los querellados porque han sido tan perspicaces y previsores que no figuran en el instrumento público de la mercantil (...), pero ello no quiere decir que no actuaran fraudulentamente".

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Según el tribunal, dichas imputaciones suponen un "claro y patente daño moral" al afectado. Un perjuicio que se agrava, continúa, si se tiene en cuenta que el demandado había sido su abogado, lo cual dota a sus afirmaciones "de toda credibilidad por terceros". Eso sí, los magistrados también valoran que las mismas no trascendieron en los medios de comunicación ni se difundieron al público en general por otros canales.

Con su indemnización, la Audiencia enmienda parcialmente la sentencia de primera instancia, que también había condenado al letrado pero con una cuantía mucho menor: 1.000 euros. Ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Zamora, el profesional justificó sus expresiones alegando que "solo se trataban de términos enérgicos" y que, aunque pudieran considerarse "innecesarias o de mal gusto", estas no habían trascendido. Además, expuso en su defensa que durante el procedimiento penal previo había actuado con total diligencia y eficacia.

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Sin embargo, el juez de instancia se inclinó en favor de los argumentos del demandante, representado por un letrado de Asufin, al subrayar que las imputaciones proferidas son "objetivamente atentatorias contra el honor del actor" al atribuírsele un delito que, "al no haber sido probado, no existe para el derecho". Unas expresiones que se agravan al ser manifestadas "de forma consciente y deliberada" por quien había sido su letrado, lo que le confería un "conocimiento privilegiado de lo acontecido, de suerte que resulta imposible restar credibilidad a sus manifestaciones o calificarlas de mero exceso argumentativo". Asimismo, tampoco entiende el magistrado "qué necesidad o utilidad" tenían estas en el marco de una reclamación de honorarios.

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La falta de difusión de las expresiones, no obstante, llevó al juzgado a fijar la indemnización en 1.000 euros, cuantía que fue recurrida por el demandante, que solicitaba un pago de 15.931 euros. La Audiencia da la razón al excliente, e identifica como "deontológicamente reprochables" las manifestaciones del abogado, pues provienen de "quien se presume que tiene conocimiento fehaciente y exclusivo del desarrollo de los hechos (...) dando lugar con ello a una mayor gravedad a la lesión padecida" por el actor. Es más, entiende que la intención del profesional era que sus imputaciones no quedaran "en el ámbito privado".

Sin embargo, los casi 16.000 euros solicitados se antojan excesivos para los magistrados, que fijan la indemnización en 9.000 euros, cuantía que entienden "justa y adecuada" en función de las circunstancias del caso y dado que el demandado tampoco ha aportado elementos que permitan valorar el daño en la cuantía demandada.