El Gobierno cuela la modificación de un impuesto en una ley sobre transparencia

El pasado 8 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 14/2022, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ahora bien, a pesar de este título, la normativa introduce una novedad muy significativa que poco o nada tiene que ver con estas cuestiones, y es que modifica de forma sustancial el impuesto de gases fluorados. El cambio viene recogido en una de las disposiciones finales y fue introducido a través de una de las enmiendas impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se trata de un tributo que ya existía, pero que únicamente se repercutía sobre los que vendían directamente los gases fluorados al consumidor final. Con la nueva reforma, sin embargo, la Administración extiende los efectos del tributo para llegar a todos los actores que tienen alguna relación con estos gases, como la fabricación, la importación, la adquisición intracomunitaria y la tenencia irregular. Es decir, que no solo se graba sobre quien comercializa la bombona en sí, sino también sobre quien vende otros productos que puedan contener gases fluorados, como puede ser un aire acondicionado o un congelador.

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Con este cambio, el número de contribuyentes que debe hacer frente a este tributo aumenta considerablemente "y alcanza a sectores como la automoción, la hostelería, los supermercados, la industria alimentaria, los grandes almacenes que vendan aparatos de calor y frío o el transporte refrigerado", indica Antonio Fernández de Buján y Arranz, 'senior manager' en el área de Tributación Indirecta en KPMG Abogados.

La modificación ha generado un gran número de críticas por varios motivos. En primer lugar, por la manera en la que se ha tramitado su aprobación, ya que se ha vehiculado a través de una ley que nada tiene que ver con gases fluorados o cuestiones fiscales. De hecho, de los 13 folios que ocupa la ley, cuatro están dedicados a transparencia y los otros nueve al impuesto. Una omisión de información que, para el abogado, supone una infracción de la Ley General Tributaria, que exige que las leyes y reglamentos que contengan normas tributarias lo mencionen expresamente en su título.

Segundo, por la relevancia de los cambios. Al ser tan sustanciales, el letrado de KPMG considera que, más que una modificación, estamos ante un nuevo tributo. "El nuevo régimen jurídico es completamente distinto al anterior. Es como si se hubieran cargado el anterior impuesto y hubieran creado uno nuevo", asevera. Una afirmación con la que coincide Laura Pla, abogada de Cuatrecasas y especialista en IIEE y medioambientales. "Ha cambiado totalmente", confirma.

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Por último, los letrados lamentan la falta de información sobre cómo debe tramitarse. "La nueva regulación planea cambios relevantes, no solo en la estructura del impuesto, sino también en su gestión", explica Pla. En el texto se dan algunas pinceladas de cuáles son estas modificaciones, pero la Administración debe concretar estas cuestiones a través de reglamentos y órdenes ministeriales que todavía no han sido aprobadas.

A ello se le suma el hecho de que la nueva normativa tiene fijado el 1 de septiembre de 2022 como fecha de entrada en vigor. "Justo al volver de las vacaciones, que están a la vuelta de la esquina", matiza la abogada. Por lo tanto, las compañías solo tienen el mes de agosto para adaptarse a las nuevas obligaciones en materia fiscal. Un plazo que, a ojos de la abogada, resulta muy reducido teniendo en cuenta que muchas de las organizaciones que pasan a ser sujetos obligados del impuesto todavía no son conscientes de esta obligación.