Cani Fernández: "La labor de la CNMC ahorra 1.700 millones de euros a la sociedad"

La labor de control que hace la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) repercute de manera directa en la vida de los ciudadanos y las empresas. En concreto, genera un ahorro estimado de 1.700 millones de euros anuales para la sociedad. Así lo ha afirmado la presidenta del organismo, Cani Fernández, durante la apertura del Congreso 'Gobernanza económica, regulación y Administración de Justicia', organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la CNMC y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que ha tenido lugar este jueves en Madrid.

Durante el acto, que se alargará durante los próximos días, Fernández ha asegurado que regulación económica "juega un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento, y es, por tanto, un motor fundamental para maximizar el bienestar de la sociedad". En la misma línea, ha precisado que la actividad de control que ejecutan desde el órgano tiene un impacto positivo sobre el ahorro, que se traduce en más de 1.700 millones de euros al año, "y probablemente podemos mejorar nuestra actuación", ha matizado.

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Europa Press

La labor de la CNMC no es la única íntimamente ligada con la economía. El poder judicial y la actividad de los tribunales también tienen un fuerte impacto sobre las cuentas del Estado, como así lo ha subrayado Carlos Lesmes, presidente del CGPJ. "Hoy en día no es ningún secreto para nadie que, al igual que ocurre con los buenos niveles democráticos, el buen funcionamiento del sistema judicial tiene un indiscutible impacto en el desarrollo de la economía y de los mercados y sirve como garantía de la paz social y del progreso del país".

De este modo, un sistema judicial ágil y eficienteaportará seguridad jurídica y será un elemento atractivo para los inversores tanto internacionales como internacionales. Por el contrario, una administración de justicia lenta y colapsada se traduce en desconfianza entre aquellos que barajan invertir en nuestro país, además de una paralización de dinero en las cuentas judiciales. En España, de hecho, el atasco judicial bloquea cerca de 11 mil millones de euros al año, según un estudio de Sigma Dos publicado en febrero de este año.

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Además, Lesmes ha insistido en que la ineficiencia de las instituciones jurídicas se convierte en un obstáculo para mitigar la pobreza. Un objetivo especialmente relevante en la actualidad, teniendo en cuenta los estragos que ha causado la crisis sanitaria a nivel nacional y global. "Nuestras instituciones ya hicieron frente a la crisis económica y financiera de 2008, durante la que hubieron de aunarse esfuerzos institucionales, europeos y nacionales, para promover la recuperación económica y poner freno a las desigualdades sociales. Vivimos ahora un momento también crítico. Estamos logrando dejar atrás la etapa más grave de una crisis sanitaria sin precedentes, que ha impactado notablemente en la economía y sin duda han afectado más severamente a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la población", ha remarcado.

Por ello, el presidente del CGPJ ha insistido en la necesidad de adecuar el marco legislativo global para que garantice la participación equitativa en el desarrollo y "evite la exclusión de los sectores sociales más desfavorecidos". Una tarea en la que, en su opinión, también debe estar incluido el máximo órgano de representación del poder judicial, que ya viene desarrollando una labor de control regulatorio.