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La presión política, el principal factor por el que los españoles no confían en la Justicia
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Análisis de la Comisión Europea

La presión política, el principal factor por el que los españoles no confían en la Justicia

España está entre los países con una peor percepción ciudadana de la independencia de los jueces y tribunales, según un informe de la Comisión Europea

Foto: Foto: iStock.
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La mayoría de los españoles cree que en nuestro país apenas hay independencia judicial. Algo más del 50% califica de mala o muy mala la calidad de los tribunales, mientras que solo un 38% considera que es buena o muy buena. Se trata de uno de los peores índices registrados en todo el territorio comunitario; de hecho, España se sitúa en la sexta posición por la cola al medir la percepción que tiene la ciudadanía sobre su Justicia.

Únicamente los ciudadanos de Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Croacia piensan que sus tribunales son todavía menos independientes que los españoles, cuyo porcentaje de población insatisfecha con sus jueces es, en todo caso, muy superior al de la media europea, que alcanza el 35%. Estas son algunas de las conclusiones del índice sobre los sistemas judiciales en la UE de 2022 ('The 2022 EU justice scoreboard'), un informe que elabora anualmente la Comisión Europea para medir la imagen que tienen de la Justicia dentro de cada país.

¿Cuáles son las causas que empeoran la percepción de la independencia de los magistrados? El informe cita tres elementos principales. En primer lugar, las interferencias por parte de políticos o gobiernos. Esta es, de hecho, la razón que genera más desconfianza en España. No en vano, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva encallada más de tres años y obligó recientemente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a llamar la atención del Gobierno de España y pedirle explicaciones tras las denuncias presentadas por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

En este sentido, cerca del 66% de los encuestados señaló las presiones políticas como uno de los grandes culpables de la falta de neutralidad judicial, mientras que la media europea apenas supera el 50%. Los recelos hacia la objetividad de los jueces son aún mayores entre las compañías: casi el 70% cree que las presiones políticas influyen en el criterio de los jueces, frente al 57% comunitario.

Conscientes del problema español con la falta de separación de poderes, desde el Consejo de Europa llevan años publicando un informe que se conoce como Greco. En él, analizan el nivel de corrupción entre los jueces de cada país y hacen una serie de recomendaciones para evitar injerencias, entre las que destaca la eliminación de la intervención política en la elección de cargos del CGPJ, además de una revisión del método de elección del fiscal general y del régimen disciplinario de los fiscales. España, sin embargo, parece hacer caso omiso de estos consejos. En los últimos seis años, nuestro país solo ha cumplido satisfactoriamente seis de las 11 sugerencias, otras cuatro solo las ha adoptado parcialmente y la restante (la renovación del CGPJ), directamente, la ha ignorado.

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. (EFE)

Presiones económicas y estatus de los jueces

Por otro lado, y en segunda posición, se encuentran las interferencias económicas u otros intereses específicos. Casi la mitad de los españoles considera que este es un elemento importante que afecta a la imparcialidad de los profesionales de la Justicia y otro 30% opina que interfiere de alguna manera sobre el criterio de los jueces. Por el contrario, cerca del 60% de los europeos descarta que esta realidad tenga un impacto sobre los magistrados a la hora de dictar sentencia.

Foto: Foto: Istock.

En tercer lugar, el informe cita el estatus y la posición de los jueces como otra de las causas que más daño provocan en la apariencia de neutralidad. Un elemento que, sin embargo, únicamente es relevante para apenas un tercio de la población española, mientras que sí lo es para la mitad de los croatas o el 45% de los polacos o eslovacos.

España, a la cola en magistradas

Por último, el informe hace una comparativa de la presencia de mujeres en los altos tribunales de todos los países europeos. Y, de nuevo, España se sitúa entre los últimos de la fila. En concreto, el penúltimo, al contar con tan solo un 20% de magistradas en el Tribunal Supremo, un porcentaje que apenas ha variado en los últimos años. Este dato se traduce en dos mujeres dentro de la Sala de Gobierno del TS: María Luisa Segoviano, magistrada y presidenta de la Sala IV—la primera mujer en alcanzar este puesto— y Susana Polo, que se incorporó en septiembre de 2018.

Solo hay una menor presencia femenina en el Supremo de República Checa, donde ellas solo ocupan el 14% de los puestos. Estas cifras chocan con la realidad de la carrera judicial, donde ellas representan una abrumadora mayoría. De hecho, en la última promoción, en noviembre del año pasado, se nombró a un total de 188 jueces, de los cuales 134 eran mujeres y 54 hombres.

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Miembros del Tribunal Supremo, junto con Felipe VI, durante el acto de apertura del año judicial de 2022.

En contraposición, Rumanía y Bulgaria (77% ambos) son los países con más mujeres juezas en los tribunales de mayor rango. Estos, junto con Letonia, Hungría, Francia, Luxemburgo y Eslovaquia, son los únicos Estados de la Unión Europea cuyos altos tribunales están formados en más de un 50% por mujeres.

La mayoría de los españoles cree que en nuestro país apenas hay independencia judicial. Algo más del 50% califica de mala o muy mala la calidad de los tribunales, mientras que solo un 38% considera que es buena o muy buena. Se trata de uno de los peores índices registrados en todo el territorio comunitario; de hecho, España se sitúa en la sexta posición por la cola al medir la percepción que tiene la ciudadanía sobre su Justicia.

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