Los negocios Piqué-Rubiales dejan expuesto al FC Barcelona en caso de irregularidades

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Kosmos Holdings, la empresa propiedad de Gerard Piqué, no son los únicos afectados por las dudas sobre los acuerdos para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Diversos expertos en Derecho Penal consultados por este diario alertan de que la aparición de irregularidades en los contratos arrastraría también judicialmente al FC Barcelona. Un escenario que se produciría porque, de acuerdo con la actual legislación, los clubes de fútbol están obligados a controlar los asuntos en los que se involucran sus jugadores, muy especialmente si estos pueden tener algún tipo de incidencia en la actividad del club.

Los Supercopa Files, desvelados esta semana por El Confidencial, revelan que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y Gerard Piqué pactaron una serie de condiciones en los contratos con Arabia Saudí que, según los penalistas, encienden todas las alarmas de posibles conflictos de interés e, incluso, delitos de corrupción en los negocios o de tráfico de influencias. Especialmente controvertido es que el acuerdo con Riad incluya una penalización si Real Madrid o FC Barcelona no participan en la Supercopa, y que una parte del variable de Rubiales dependa de esta circunstancia, por suponer ambos elementos un incentivo para que la RFEF facilite su mejor clasificación en LaLiga.

Los especialistas también cuestionan el propio traslado de la Supercopa a un tercer país —que ni siquiera cumple los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos—, porque entienden que esa actuación es contraria a los objetivos que tiene una entidad "de utilidad pública" como es la Federación. Su propia normativa la define como una organización "sin ánimo de lucro" (artículo 1.4 de sus Estatutos) y que debe guiarse, entre otros principios rectores, por "la promoción de que los valores deportivos prevalezcan sobre los intereses comerciales" (artículo 2.e de sus Estatutos). Sin embargo, el propio Rubiales admitió, en su comparecencia del pasado miércoles, que la finalidad de llevarse la competición a Arabia Saudí era incrementar los ingresos de la RFEF, lo cual tendría también el efecto de aumentar los suyos propios.

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¿Por qué el FC Barcelona debería preocuparse por las sospechas de irregularidades si los acuerdos son de la RFEF y de Kosmos? Precisamente, por la condición de futbolista de la plantilla del Barça del propietario de la segunda, Gerard Piqué. El artículo 31 bis del Código Penal impone que las organizaciones deben establecer un sistema de controles efectivo para prevenir los delitos que puedan cometer sus empleados o directivos; los denominados programas de 'compliance'. La ausencia de estos programas, o su falta de aplicación efectiva, conllevará la imputación de la persona jurídica (en este caso, el Barcelona) en caso de que su personal cometa alguno de los delitos que pueden salpicar a las corporaciones, como son la corrupción en los negocios o el tráfico de influencias.

"Es impensable que el FC Barcelona permita que uno de sus jugadores establezca relaciones comerciales con el regulador de la competición, en este caso la Federación, porque ahí empiezan a aparecer los incentivos para alterar la competición", explica Felipe García, socio del bufete Círculo Legal y miembro de la World Compliance Association. Una opinión que comparte el exfiscal especialista en Delitos Económicos, Juan Antonio Frago, socio de Frago & Suárez Abogados. "La existencia de un delito de corrupción en los negocios o de tráfico de influencias nos llevaría también a un supuesto de responsabilidad penal del Barça, porque Piqué es empleado del club", describe.

"Un beneficio directo o indirecto"

El 31 bis del Código Penal establece que las corporaciones "serán penalmente responsables" por los delitos cometidos por sus directivos y empleados, y que les reporten "un beneficio directo o indirecto". Que los contratos puedan favorecer el interés de la RFEF en que el FC Barcelona quede primero o segundo en LaLiga, o el club catalán obtenga una mayor retribución por participar en la Supercopa en Arabia Saudí, opina Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y socio del bufete Del Rosal, Adame & Segrelles, sin duda podría considerarse como una ventaja para el Barça propiciada por Gerard Piqué que, en caso de irregularidad, podría arrastrar judicialmente a la institución.

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El propio Código Ético del FC Barcelona admite que sus normas, entre las cuales se encuentra el evitar los conflictos de interés, son de aplicación a todo el personal del club, lo cual incluye, según su artículo 1, a "los profesionales deportivos de la entidad (jugadores y cuerpo técnico)". El artículo 4 determina que "los obligados a esta norma no colaborarán con terceros en la violación de ninguna ley, ni en acciones que, aunque sean legales, puedan comprometer el respeto al principio de legalidad, dañar la reputación del FCB (...)". Y el precepto 4.6 señala que, "si bien el FC Barcelona reconoce y respeta la participación del personal en actividades financieras y empresariales diferentes a las desarrolladas por la entidad (siempre que sean legales, éticas y no colisionen con las responsabilidades hacia el club), se deberán evitar en todo momento las situaciones que puedan suponer un conflicto entre los intereses personales y los del club, o que permitan valerse de su posición en el FC Barcelona para obtener ventajas patrimoniales o personales u oportunidades de negocio".

En caso de que se produzca una situación en la que el profesional del club tenga dudas, el Código Ético le obliga a consultar al 'compliance officer' de la entidad. El Confidencial trasladó ayer al FC Barcelona la consulta de si Gerard Piqué había preguntado al responsable de Cumplimiento sobre sus negocios con la RFEF, pero no obtuvo respuesta al respecto.

"Las relaciones entre Kosmos y la Federación harían saltar las alarmas de cualquier 'compliance officer", señala a este respecto el exfiscal Frago. Un criterio que suscribe otro penalista, que prefiere no revelar su nombre. Este jurista señala que es indiferente que no exista un contrato entre Kosmos y la RFEF, y ambos cobren directamente de Arabia Saudí. "La empresa de Piqué nunca habría podido cobrar directamente de la Federación, pero desde una perspectiva de riesgo y prevención del fraude, resulta igualmente inadmisible el hecho de que lo haga con Riad en un negocio en el que es imprescindible la participación de la RFEF". Un extremo al que también tendría que haberse opuesto el FC Barcelona en caso de contar con unos controles adecuados.

Opinión

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No obstante, los expertos en la materia recuerdan la tormentosa relación que en los últimos tiempos ha tenido el Barça con 'compliance officers'. En julio de 2020, aún bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu, el club despidió a Noelia Romero por sus intentos de investigar el 'Barçagate'; meses después, el juez calificó su cese como improcedente, y dio la razón a quienes atribuyeron su destitución como una represalia por sus pesquisas. Hace unas semanas, el actual presidente, Joan Laporta, ha prescindido de Xavi Mas cuando ni siquiera llevaba un año en el cargo (fue contratado en junio de 2021). Su sucesor al frente del área de Cumplimiento del club es Sergi Atienza.

"Los sistemas de 'compliance' del Barça y de la Federación chirrían desde el momento que se permitió a Piqué, un jugador en activo, comprar otro club de fútbol, el Andorra, con el que podía tenerse que enfrentar en alguna competición o podía medirse a alguno de los filiales del equipo catalán. Ahí ya tendrían que haber saltado todas las alarmas", concluye Felipe García, que asevera que eso no se habría permitido en ningún otro sector económico.