Juan S. Mora Sanguinetti: "El atasco de los tribunales afecta a tu bolsillo, litigues o no"

Hay una manera de mejorar la situación del alquiler en Madrid y Barcelona sin necesidad de intervenir el mercado, y es quitando carga de trabajo a los jueces. En concreto, reducir un punto la tasa de congestión de los tribunales supondría 3.400 viviendas más en la capital y 3.100 en la Ciudad Condal. Lejos de ser una aproximación hecha a la ligera, este cálculo esconde detrás años de análisis y estudio. Es además uno de los numerosos ejemplos que cita Juan S. Mora Sanguinetti, economista titulado en el Banco de España, abogado y consejero académico de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide), para evidenciar hasta qué punto la Justicia está íntimamente ligada a la economía de un país.

En su libro 'La factura de la injusticia' (Tecnos), Sanguinetti explica con un lenguaje claro y sencillo que la lentitud del sistema judicial afecta al bolsillo de todos los ciudadanos, independientemente de si llegan a pisar un juzgado en su vida o no. Pero no solo eso. A lo largo de las páginas, el autor desmonta muchos mitos y creencias populares, como que los tribunales españoles son excesivamente lentos (sus tiempos son similares o, incluso, inferiores a los de los tribunales de países vecinos), que litigar es caro (no más que en otros Estados europeos) o que en España hay un número excesivo de abogados.

PREGUNTA. ¿Por qué decidiste especializarte en la relación entre Justicia y economía?

RESPUESTA. Hay una respuesta lógica y otra pasional. La primera es que yo tengo una formación doble, que es por un lado de jurista, como abogado, y por el otro, de economista. Tengo ese 'background' mezclado. Luego hay un factor emocional, y es que estoy convencido de que el desarrollo económico de un país depende enormemente del comportamiento del sistema judicial. De su fiabilidad, de la seguridad jurídica. Hay pocas preguntas más interesantes que pueda contestar un científico social, ya sea abogado, economista o politólogo, que sea el desarrollo de un país.

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P. En tu libro afirmas que el atasco de los tribunales afecta al bolsillo de todo el mundo, a pesar de que no litiguen en ningún momento de su vida.

R. Exactamente. Uno piensa que la Justicia te hace daño o te beneficia solo si tienes un interés concreto en el juzgado, pero afecta al mercado del alquiler y al tamaño de las empresas. Te importa como emprendedor, como inversor. Puede determinar tu vida a la hora de encontrar una casa o de invertir. Nos concierne a ti o a mí a la hora de buscar una hipoteca, porque el estado de los tribunales influye en la seguridad de la economía y aumenta o reduce la posibilidad de que el banco conceda una hipoteca. Todos somos perjudicados o beneficiados de la Justicia aunque no hayamos tenido un pleito.

P. Sorprende que, a pesar del peso de los tribunales sobre la economía, la Justicia siempre suele estar relegada a un papel secundario tanto desde el punto de vista político como social. ¿Falta concienciación?

R. Sin duda. Tal vez pasa porque la economía y el derecho son ramas del conocimiento que han tenido su desarrollo propio y usualmente se dan la espalda. Y resulta curioso, porque a nivel académico los temas que tratan son los mismos, pero con perspectivas diferentes. Mercado de trabajo, empresas, factores de crecimiento... Las dos ramas hablan sobre la estabilidad necesaria para el desarrollo económico y del bienestar social de país. De hecho, el campo de conocimiento mixto es de una enorme riqueza, que podría aprovecharse enormemente por las dos partes. Incluso a nivel de negocio.

P. ¿En qué sentido?

R. El análisis económico ayuda de forma muy clara a diseñar estrategias jurídicas, y el conocimiento en el derecho ayuda a enfocar las cuestiones económicas. Están muy interrelacionadas, aunque a veces los profesionales de uno y otro campo se dan la espalda e, incluso, desconfían de las respuestas contrarias. Es una pena, porque hay un campo de conocimiento mutuo enorme. De hecho, las mejores facultades de Derecho del mundo, Harvard por ejemplo, dan mucha importancia a esta perspectiva mezclada. Ese enfoque en España todavía es residual. Falta esa visión mutua, y eso que es muy demandada en los grandes despachos.

"Todos somos perjudicados o beneficiados de la Justicia aunque no hayamos tenido un pleito"

P. Haces cálculos muy precisos de cómo afectaría una mejora de la eficacia de la Justicia a la disponibilidad de crédito, al mercado inmobiliario, a la inversión, al emprendimiento, a la creación de empresas. ¿Cómo se miden esos extremos?

R. Esta parte es justo la que he intentado evitar un poco en el libro. Quise entrar lo mínimo en el detalle técnico para que el libro fuese amigable y atractivo para profesionales que no trabajen en el área del derecho o la economía. Pero detrás del libro hay 15 años de trabajo de artículos académicos y 'papers' construidos con análisis econométrico y razonamientos estadísticos que estudian cuántas viviendas ha habido en propiedad y en alquiler en cada lugar de España a lo largo de la historia y lo relacionan con cuál ha sido la seguridad jurídica en cada lugar de España. Eso te identifica una relación estadística de muy largo plazo de cuánto importa la seguridad jurídica en que, por ejemplo, haya alquiler o no. Y se observa que los propietarios se asustan cuando no hay seguridad jurídica. Se asustan y retiran la vivienda, que se queda vacía sin poder ser disfrutada.

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P. En España existe ese complejo de inferioridad que nos lleva a pensar que estamos a la cola de muchas cosas. En justicia, pasa lo mismo. Pensamos que tenemos la peor Justicia de Europa, pero la realidad que muestras es que nuestros tiempos están por debajo de la media. ¿A qué se debe esta percepción? ¿Influye negativamente en la economía?

R. Es complicado interpretar cómo hemos podido llegar a tener como sociedad una percepción de que la Justicia no funciona bien. Lo que nos dicen los datos es que no funciona tan mal. Es la gran noticia del libro. Al utilizar metodologías fiables y comparar los datos españoles con los de nuestros vecinos franceses, italianos o ingleses, llegamos a una clara conclusión: el sistema judicial español está en la media. Tanto si se mira la lentitud, como el coste, como la predictibilidad. No es justo tachar a los tribunales españoles de defectuosos. Otra cosa sería preguntarse si debemos conformarnos con esto. En absoluto. Nuestro sistema judicial, como el de cualquier otro país, es un instrumento básico de desarrollo económico y hay que apostar por él.

P. Precisamente, una de las grandes reivindicaciones por parte de los operarios de Justicia es la falta de inversión por parte de la clase política. Sin embargo, en tu libro destacas que España destina lo mismo o más que muchos países de nuestro entorno. ¿Invertimos 'mal'?

R. Aquí siempre me gusta recordar una frase muy potente de Santos Pastor, un economista y analista de estas cuestiones, que dijo que por supuesto que hacen falta más medios, pero no en todo, ya que lo que se debe hacer es gastar mejor. Es decir, para invertir 'bien' hay que identificar qué funciona mejor, y los datos señalan a la tecnificación. Y mejorar las herramientas de estadística judicial (controlar qué entra, cómo se gestiona) ayuda a mejorar la productividad de los jueces y, por ende, reducir la lentitud. Sin duda hay que destinar más, pero habrá que pensar si podemos hacerlo mejor y si nuestra inversión en tecnología es útil o no.

"Sin duda hay que destinar más, pero habrá que pensar si podemos hacerlo mejor y si nuestra inversión en tecnología es útil o no"

P. Hablas de la necesidad de invertir en digitalización, pero ahí hay un hándicap. Una cosa es invertir en herramientas, pero de poco sirve si los profesionales no saben utilizarlas.

R. No podemos echar toda la culpa a los jueces y juzgados en esto. La tecnificación de los tribunales depende mucho del nivel de digitalización de ciudadanos y empresas, de que tengan la disposición y los conocimientos suficientes para utilizar el sistema de forma telemática. Los datos nos dicen que España está haciendo un esfuerzo muy grande en este sentido, pero esfuerzo no implica necesariamente resultado. Habrá que esperar. En 2011, y según los datos de la OCDE de ese año, España estaba en una mala posición. Ahora el nivel ha mejorado, pero habrá que ver.

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P. En el libro, profundizas sobre el coste de litigar. Según estimaciones del Banco Mundial, un litigio civil cuesta aproximadamente el 17% de la cantidad que se demanda. En Europa, la media es superior al 24%. ¿Es nuestra Justicia cara? ¿Debería abaratarse?

R. No tengo una respuesta contundente para esta pregunta. España tiene mecanismos de justicia gratuita, tenemos una altísima competencia en el mercado de la abogacía, por lo que cabe deducir (y según apoyan varios estudios) que no es un sector caro, entonces todo nos apunta a respuestas un tanto sosainas.

Lo que sí es un debate importante del libro, y entro con cuidado en él, es el tema de las tasas. Es una cuestión que hay que pensar con valentía y con respeto a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero quiero señalar una realidad. Poner un impuesto a la justicia puede violentar su acceso, que es un derecho, pero también es verdad que un sistema judicial colapsado es la negación absoluta del derecho al acceso de la justicia. Además, todos los países tienen tasas judiciales menos España. Con todo esto, creo que sería muy interesante hablar de este tema con calma y valentía. Lo que dice el TC es que no puede haber tasas indiscriminadas, pero sí pueden articularse como instrumento puntual, como hacen otros países.

P. Hablas de la altísima competencia del mercado de la abogacía. Hay un dicho que se escucha mucho, y es que solo en Madrid hay más abogados que en todo Francia. ¿Tienen parte de culpa los letrados de la alta litigiosidad española?

R. Es un tema complicado. Para empezar, te diré que no es verdad que España tenga un número excesivo de abogados. Esa frase, tan trillada, es cierta, pero es una caricatura. No se puede comparar Madrid, una de las capitales jurídicas de Europa probablemente solo después de Londres, con un país como Francia, con una tasa per cápita de abogados extremadamente baja. Es hacer trampa. Al comparar el mercado de la abogacía español con el italiano o el de Reino Unido, la conclusión es que no destacamos.

"No se puede comparar Madrid, capital jurídica de Europa, con Francia, con una tasa per cápita de abogados extremadamente baja"

Hace unos años, desarrollé con mi compañero Nuno Garoupa una modelización a nivel estadístico para ver si había una relación entre número de abogados y la litigiosidad. Parece ser que en España, en la década de 2010, había una relación estadística que indicaba que un aumento del 1% de abogados generaba un aumento del 1,4% en litigación. Pero estos resultados hay que tomarlos con cuidado porque en ese momento no había mucha evidencia de lo que en estadística se conoce como endogeneidad. Es decir, que los resultados no eran del todo circulares y no evidenciaban un vínculo litigación-abogados y abogados-litigación. El libro se dedica a desmontar muchos mitos contra la abogacía, una profesión muy vilipendiada.

P. Hablas mucho de los problemas que aquejan a la Justicia, pero también nombras posibles soluciones. Mencionas los métodos alternativos de resolución de conflictos, pero la más importante según el libro es invertir en educación para fomentar la confianza entre los ciudadanos. ¿Utopía o realidad?

R. Quizás utopía, porque es una evolución social que puede llevar décadas o siglos y puede que nunca se alcance plenamente. Pero soy optimista, no digo que lo lograremos en 10 años, pero si comparamos la España de hoy con la de hace uno o dos siglos, sin duda vemos un cambio. Y es algo hacia lo que hay que seguir avanzando. Uno puede poner parches al sistema hasta cierto punto, pero gran parte de los litigios viene de la falta de confianza. Si hay mucha conflictividad es porque no confiamos los unos en los otros, no nos fiamos del tendero, de quien nos presta servicios, del vecino, del inquilino... Eso es un tema de valores, de educación, de capital social. Muchas veces te encuentras con que las administraciones, no sé hasta qué punto conscientemente, apoyan la creación de asociaciones, fundaciones, sindicatos... Eso es tejido social que ayuda a crear relaciones de confianza.

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P. Llama la atención que tu libro vaya de analizar los problemas desde las cifras y los datos para llegar a una conclusión de tintes culturales.

R. Es lo lógico. Nuestro marco social se reduce a tres pilares: las instituciones informales (es decir, las costumbres, la educación, la confianza), la ley y por último la cabeza de cómo ejecutas esto que es el sistema judicial. Este último es importante a largo plazo, incluso por encima de la ley, porque es la rama que ejecuta las normas. Pero el sustrato que queda abajo son las instituciones informales. Esa capa contiene el código ético de una sociedad, de las personas que están abajo, y sobre ella se construyen las leyes. Y eso evoluciona con el tiempo, cambia la moral y cambia todo lo de encima.

"El libro se dedica a desmontar muchos mitos contra la abogacía, una profesión vilipendiada"

P. Es llamativo que el derecho sea tan rígido siendo parte de algo tan abstracto como es la ética o la moral.

R. A mí me resultó un poco cruel cuando, durante mis estudios, en la asignatura de Filosofía del Derecho, me dijeron que uno de los grandes puntos era hacer entender a los estudiantes que el derecho es una manifestación distinta de la ética o la moral. Que había que separar ambas cosas. Es una visión que deshumaniza el derecho completamente, lo hace feo. Pero hay que hacer ese esfuerzo.

P. Ahora toca escribir un libro de filosofía para explicar cómo hacerlo.

R. Veremos [ríe].