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Rivera, Cospedal, Aznar... el complejo encaje de la puerta giratoria entre política y abogacía
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Las firmas buscan agenda y contactos

Rivera, Cospedal, Aznar... el complejo encaje de la puerta giratoria entre política y abogacía

Aunque el salto a los despachos es habitual entre los que han sido cargos públicos, se trata de una salida que no siempre sale bien por las diferencias entre ambos mundos

Foto: María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados. (EFE)
María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados. (EFE)
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Apenas dos años después de que se anunciara su fichaje a bombo y platillo, Albert Rivera abandona el despacho Martínez-Echevarría en lo que, sin duda, va a ser uno de los divorcios (empresariales) del año. Desde que el lunes El Confidencial avanzara el portazo del exlíder de Ciudadanos, ambas partes se han dirigido un cúmulo de reproches y acusaciones cruzadas. Por un lado, el bufete le achaca una "bajísima productividad" al expolítico, mientras que Rivera alega que el bufete incumplió los compromisos plasmados en el contrato suscrito por ambas partes. Unos reproches que deberán transformarse en argumentos jurídicos una vez que este asunto llegue a los tribunales, lo que parece inevitable después de que Martínez-Echevarría cerrara la puerta a cualquier negociación.

A la espera de los nuevos capítulos que depare a este particular culebrón, lo cierto es que el salto de la política al mundo de la abogacía es un movimiento en absoluto infrecuente. María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, José María Aznar, José Bono, Carme Chacón, Rafael Catalá, Francisco Caamaño... la lista de quienes han emprendido dicha travesía es larga. Y no es para menos, ya que, 'a priori', supone un movimiento interesante para ambas partes. Por un lado, los bufetes ven a los expolíticos como una potencial fuente de negocio; confían en que su agenda de contactos y la influencia ganada durante los años en la Administración les abra puertas y nutra su cartera de clientes. A los dirigentes, por su parte, les permite seguir en activo en un sector que puede proveerles de retribuciones muy superiores a las que se tiene en la política.

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Sin embargo, como pone en evidencia el 'Riveragate', el desembarco de los políticos en los despachos no siempre es una historia de éxito. Acostumbrados a liderar estructuras absolutamente jerárquicas y a ostentar un poder omnímodo (sistemas organizativos en las antípodas de los 'partnership'), los dirigentes no siempre saben encajar en el ecosistema de una firma de abogados de primer nivel, en donde el nombre y la trayectoria no son suficientes para triunfar. Si la aportación al negocio no es la esperada, pronto surgen los recelos del resto de socios, que no reconocen en el paso por la política que un mérito que justifique rebajar a sus nuevos compañeros el nivel de exigencia que ellos mismos soportan —aquí la lucha de egos también puede jugar un papel importante—. Ante estos riesgos, hay algunos grandes despachos, como Garrigues o Uría Menéndez, que tienen como norma no escrita no fichar expolíticos.

Foto: Albert Rivera. EFE/Zipi

Una decisión que, para Javier Moreno, 'headhunter' y socio fundador de IurisTalent, resulta de lo más acertada. "En términos generales, fichar a políticos me parece un error", asevera. Una opinión que comparte Sancho Peña, cazatalentos especializado en altos directivos del sector legal en Page Executive, para quien la incorporación de estos profesionales "cierra más puertas de las que abre".

¿A qué se debe estos recelos? Los 'handicaps' son numerosos. En primer lugar, está el rechazo que puede generar hacia los clientes la llegada de un político de un determinado signo o ideología. Sobre todo, si ha ejercido en un cargo de mucha relevancia pública y ha tomado decisiones complicadas. "Puede ser que alguno no se sienta cómodo", indica Peña. Un malestar, tanto interno como externo, con el que lidió Cuatrecasas cuando, en marzo de 2019, anunció el fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría. Algunos socios y clientes en Cataluña expresaron su malestar a la cúpula del bufete por haber contratado, según su visión, a una de las dirigentes políticas que había impulsado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Al riesgo de identificación política, circunstancia de la que huyen por regla general los bufetes, hay que sumar el valor que para estas organizaciones tiene la reputación y el pánico que les genera encontrarse bajo la lupa mediática por algún escándalo. Una sombra, sin embargo, que acompaña a muchos personajes políticos. Buen ejemplo de ello es el de María Dolores de Cospedal.

En 2018, la publicación de las grabaciones de Villarejo frustró su fichaje por el bufete internacional Hogan Lovells. A comienzos de 2020, sin embargo, el despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo sí decidió asumir los riesgos de su fichaje, puesto que ya estaba vinculada con la investigación judicial de la operación Kitchen. Tras su imputación en junio de 2021, la situación se tornó insostenible para la firma, que comunicó que Cospedal abandonaba temporalmente todas sus funciones en CMS Albiñana. En la actualidad, la exministra de Defensa no se encuentra imputada —el magistrado García-Castellón la exculpó en su auto de apertura de juicio oral—, pero esta situación podría cambiar si la Audiencia Nacional atiende el recurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Foto: María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. (Limited Pictures)

Ritmos de trabajo diferentes

El factor reputacional no es la única razón por la que la entrada de los políticos en los despachos resulta complicada. "Los ritmos de trabajo entre política y firmas no se parecen en nada", destaca Moreno. Con más crudeza se expresa Peña, que indica que los perfiles con un pasado profesional en el ámbito público "están acostumbrados a que les saquen la alfombra roja cuando llegan. Y los bufetes son sitios donde se 'curra' mucho", subraya. Este cambio de dinámica en las exigencias puede levantar ampollas entre unos y otros, y abocar la relación profesional al fracaso.

Asimismo, cabe señalar que en los bufetes suele imperar un ambiente de competitividad constante. Las promesas y las palabras deben traducirse en resultados, y tener una magnífica agenda no es suficiente. Las reuniones y los contactos deben materializarse en clientes. "Y eso es complicado", asevera el 'headhunter', que señala el abismo que existe entre que te cojan el teléfono o te reciban en una reunión, y que te contraten. Buen ejemplo de ello es la frustración que provocó Albert Rivera en Martínez-Echevarría.

Las promesas vacías y los discursos vacuos no tienen cabida en las firmas, donde lo que se valora son los resultados

Es importante distinguir, asimismo, las funciones con las que el político se incorpora al despacho. Sáenz de Santamaría, Cospedal, Carmen Chacón en Ramón y Cajal Abogados, Francisco Caamaño en CCS Abogados o Manuel Pimentel, 'of counsel' en Baker McKenzie se unieron a sus firmas como abogados, lo que conlleva que, además de esa función de abrir puertas, desarrollen el trabajo de asesorar legalmente a clientes y asuman unas exigencias de facturación. Otros dirigentes se dedican a ejercer funciones comerciales, de desarrollo de negocio o de asesoramiento u orientación de la estrategia.

Esa es la función de José María Aznar en Latham & Watkins (que anteriormente ejerció en DLA Piper) o la que Adolfo Suárez Illana ejerció durante ocho años en Ontier, en donde ocupó la presidencia internacional del despacho. También Josep Piqué y Rafael Catalá, que se integraron en este cometido en el consejo asesor de Herbert Smith Freehills, aunque el último actualmente es socio de Carles Cuesta Abogados (ya sí, por tanto, con funciones de asesoramiento jurídico). Mismo cometido que unió a José Bono y a Cremades & Calvo Sotelo.

Foto: Foto: IStock.

Finalmente, también hay políticos que, siendo juristas de formación, en lugar de integrarse en otras estructuras optan por montar su propio despacho. Buena muestra de ello es MA Abogados, fundada por los exministros en la época de Aznar, José María Michavila y Ángel Acebes, o Ruiz Gallardón Abogados, la firma fundada por el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Apenas dos años después de que se anunciara su fichaje a bombo y platillo, Albert Rivera abandona el despacho Martínez-Echevarría en lo que, sin duda, va a ser uno de los divorcios (empresariales) del año. Desde que el lunes El Confidencial avanzara el portazo del exlíder de Ciudadanos, ambas partes se han dirigido un cúmulo de reproches y acusaciones cruzadas. Por un lado, el bufete le achaca una "bajísima productividad" al expolítico, mientras que Rivera alega que el bufete incumplió los compromisos plasmados en el contrato suscrito por ambas partes. Unos reproches que deberán transformarse en argumentos jurídicos una vez que este asunto llegue a los tribunales, lo que parece inevitable después de que Martínez-Echevarría cerrara la puerta a cualquier negociación.

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