Albert Rivera deja el bufete Martínez-Echevarría dos años después de su fichaje

Casi dos años después del mediático anuncio de su fichaje, Albert Rivera y el despacho de abogados Martínez-Echevarría rompen su relación. Según confirman a El Confidencial fuentes cercanas al expresidente de Ciudadanos, tanto el propio Rivera (presidente ejecutivo) como José Manuel Villegas (vicepresidente ejecutivo) han decidido abandonar el bufete y así se lo han comunicado a la propiedad del mismo. A partir de ahora, tendrán que negociar los términos de una salida cuyas razones no han trascendido de momento. Los contratos que vinculaban a ambos con la firma eran de cinco años, por lo que aún les faltaban tres por cumplir.

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Desde el despacho, sin embargo, aseguran que desconocían la voluntad de Rivera y Villegas, y afirman que se han enterado de la misma a través de este diario. Fuentes de Martínez-Echevarría señalan, en todo caso, que esta debe ser la reacción de ambos al requerimiento de mayor rendimiento que se les trasladó recientemente desde la cúpula de la organización. "Su productividad estaba alcanzando niveles preocupantes, muy por debajo de cualquier estándar razonable", explican a El Confidencial.

La contratación de Rivera se hizo pública a comienzos de marzo de 2020, cuatro meses después del batacazo de Ciudadanos en las elecciones de noviembre de 2019, cuando la formación pasó de 57 a 10 diputados. Un duro golpe que tuvo como consecuencia inmediata el anuncio por parte de su máximo dirigente de que dejaba la política y volvía a ganarse la vida en el sector privado. En apenas siete meses, los transcurridos desde los comicios de abril (que hubo que repetir por falta de acuerdo entre las fuerzas parlamentarias para la elección de presidente del Gobierno), el partido naranja había perdido dos millones y medio de votos.

Desde Martínez-Echevarría explican la salida como reacción al toque de atención que por su bajo rendimiento habían dado a Rivera y Villegas

Según explicó el propio Rivera tras su contratación, Martínez-Echeverría le hizo llegar su propuesta en diciembre de 2019, en un almuerzo con su socio fundador, Rafael Martínez-Echevarría, y el CEO del despacho, Vicente Morató. Tras varias semanas de conversaciones, en las que pudo conocer con más profundidad el proyecto, en febrero decidió aceptar la oferta. "Es una apuesta a largo plazo", llegó a declarar Rivera en una entrevista en 'Confilegal' pocos días después, en la que insistió en que asumía "una presidencia real, no simbólica o vacía de contenidos, sino ejecutiva". Sin embargo, en el sector legal todos le veían más como un 'abridor de puertas' que como un gestor efectivo del día a día de la organización.

A pesar de ello, algunas de las decisiones que ha adoptado el bufete durante su presidencia han contado con su sello personal. La principal ha sido la incorporación, en abril de 2020, del propio José Manuel Villegas, su número dos en Ciudadanos y también abogado de profesión, como vicepresidente ejecutivo de Martínez-Echevarría y director de la oficina del bufete en Madrid. Junto con la reestructuración de su consejo de administración, el despacho también tendrá que modificar la denominación del bufete, que en septiembre de 2020 pasó a ser Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, para volver a su nombre original, prescindiendo del apellido del presidente saliente.

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En la multitudinaria rueda de prensa en la que anunció su fichaje —algo absolutamente inusual en el discreto mundo de los despachos de abogados—, el exdirigente de Ciudadanos afirmó que su objetivo al frente de la firma era "crecer, crecer y crecer". Una meta que la pandemia truncó en su primer año como presidente, cuando el bufete apenas incrementó sus ingresos en un 1,2% (de 17,81 millones de euros en 2019, a los 18,02 en 2020), pero que sí había empezado a carburar el pasado ejercicio. Hace unos días, el despacho comunicó unos ingresos de 19,6 millones en 2021, lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto del año anterior.

La cúpula gestora de Martínez-Echevarría era consciente, desde el primer momento, de los riesgos que asumía con la contratación de Rivera. A nadie se le ocultaba que el potencial en forma de generación de negocio que aportaban sus contactos, su popularidad y su trayectoria, tenía como contrapartida la indomabilidad de una figura como la suya y la inevitable tentación de seguir participando (aunque fuera de forma indirecta) en la vida política. Una identificación ideológica a la que es alérgico el mundo de los negocios en general y mucho más todavía la abogacía de primer nivel. Por ello, son muchos los despachos de abogados que tienen como norma no escrita el no contratar a políticos (Garrigues o Uría, por ejemplo), y quienes sí lo hacen optan por que adopten un perfil muy bajo, centrándose en su cometido y esquivando cualquier controversia pública (como el caso de Soraya Sáenz de Santamaría en Cuatrecasas).

Desde el entorno de Albert Rivera y José Manuel Villegas señalan que ambos seguirán en el sector privado, lo que descarta el retorno a la vida política de ambos exdirigentes.