Ecija ultima el lanzamiento de una filial dedicada al negocio 'cazaherencias'

Ecija ultima el lanzamiento de una filial dedicada al denominado negocio 'cazaherencias'. Esta actividad, que se ha disparado tras la pandemia, consiste en la detección de herencias para las cuales no constan herederos conocidos, la búsqueda de familiares con derechos sobre las mismas y, finalmente, la tramitación de la entrega de sus bienes o derechos a cambio de una suculenta proporción del patrimonio legado. Esta comisión, según señalan algunos abogados especializados en esta actividad, puede alcanzar el 30% del total legado.

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Según consta en el Registro Mercantil, el presidente ejecutivo de la firma, Hugo Écija, es uno de los administradores mancomunados una sociedad denominada Legacy Solutions SL funada recientemente. Su objeto social es "la búsqueda de herederos, investigación de herencias y patrimonio, establecimiento de filiación de cualquier persona y trabajos relacionados con la genealogía". También la "intermediación en el asesoramiento jurídico y servicios de consultoría, y en la prestación de servicios fiscales, contables y laborales". Según explican fuentes del mercado, el bufete participa de la sociedad y le dará respaldo jurídico y tecnológico externo, pero no integrará este servicio dentro de su porfolio de forma directa.

El negocio 'cazaherencias' no es nuevo en nuestro país, aunque se ha incrementado durante la crisis del covid por el aumento en el número de fallecidos. En España, según datos del Notariado, al menos una de cada cinco personas que mueren no deja testamento. Cuando esto sucede, y si nadie reclama los bienes del fallecido, el Estado inicia los trámites para quedarse ese patrimonio sin dueño. Uno de los pasos de este proceso es la publicación en el BOE, por parte de Hacienda, de un anuncio para que cualquier persona con derechos hereditarios pueda reclamar.

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Aquí es donde entran a jugar su partida los letrados cazadores de herencias. Si tras analizar el montante del legado, el bufete llega a la conclusión de que este es lo suficientemente cuantioso como para ser rentable, se ponen en funcionamiento y activan una investigación en la que no solo participan juristas, también otros profesionales como historiadores, detectives o genealogistas. Su comisión varía, explican, entre el 10% y el 30% de la masa hereditaria neta.

Desde 2010, el Estado ha ingresado unos 80 millones de euros procedentes de personas que murieron sin dejar herencia y de las que no se encontraron herederos legítimos. Se espera que, tras el incremento de la mortalidad provocado por la pandemia, esta cuantía se eleve en los próximos años.