El terreno nuevo generado por el volcán pasará a ser propiedad del Estado

Las coladas de lava procedentes del volcán que entró en erupción el pasado domingo en La Palma siguen ganando terreno de forma imparable, aunque en los últimos días han perdido velocidad. Ahora, el comité científico que asesora al gabinete de crisis duda de que el magma, que se desplaza a apenas cuatro metros por hora, llegue a desembocar en el mar y todo dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas horas.

A pesar de que no hay forma de saber cuánto tiempo durará la expulsión de magma, los dos precedentes vividos en la isla invitan a pensar que el fenómeno se alargará unas cuantas semanas. En 1971, el Teneguía entró en erupción durante 25 días, y en 1949 La Palma vivió una explosión aún más larga: la del volcán San Juan, que duró 38. En ambos casos, la acumulación de lava al llegar al océano hizo crecer la extensión de la isla de forma considerable (unos dos millones de metros cuadrados en la explosión del 71). Una realidad que, según los expertos, también se dará en este caso si finalmente la lava llega al mar. Ahora bien, ¿a quién pertenecerá ese nuevo terreno volcánico?

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Todos los expertos consultados por este diario coinciden en que el nuevo propietario sería el Estado. "La extensión pasaría a ser de dominio público marítimo-terrestre, como así lo recoge la Constitución española", aclara José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores. Este aspecto viene regulado en el artículo 132.2, que define que son bienes de dominio público estatal "la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental". Una definición que, según Tabarés, incluye el terreno formado por lava solidificada.

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La Constitución no es el único amparo legal que tendrá el Estado para reclamar el nuevo suelo volcánico. La Ley de Costas, que fue aprobada en 1988, también prevé otorgar titularidad pública a los terrenos que lindan con el mar. La normativa no recoge un porcentaje exacto de terreno destinado a protección, sino que permite a la Administración realizar lo que denomina como deslinde. Este fenómeno consiste en dibujar una línea que determine el límite entre el terreno que pertenece al mar y las playas (y, por tanto, de carácter público) y el terreno interior, susceptible de pertenecer y ser gestionado por particulares.

Aunque pueda parecer una cuestión remota, los jueces ya han tenido que resolver conflictos entre el Estado y propietarios que disputan por el terreno creado por la lava. Hace unos años, en 2006, el Tribunal Supremo atendió el conflicto entre varios vecinos de La Palma contra una orden del ministro de Medio Ambiente que amplió más de 500 metros el terreno costero de titularidad pública. El suelo que se disputaban fue fruto de las coladas de la erupción del volcán San Juan, en 1949, y que años después habían formado una playa, la de la Bombilla. En su sentencia, los magistrados subrayaron que la normativa sobre costas califica de terreno de dominio público marítimo-terrestre "las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas".

La excepción del Teneguía

Pero esto no ha sido siempre así. Antes de la aprobación de la Ley de Costas en 1988, nada obligaba a reservar parte del terreno costero al dominio público, lo que dejaba en el aire quién ostentaría la titularidad de los metros extra creados por la lava. Lejos de ser un caso hipotético, este conflicto llegó a darse en 1971 tras la explosión del Teneguía, ya que el magma extendió por el mar la finca de la familia Cabrera, residente de Fuencaliente.

En los periódicos de la época, se aseguraba que el nuevo terreno pasaría a formar parte del Estado. En un artículo publicado el 5 de noviembre del 71, 'La Vanguardia Española' citaba una normativa que asignaba titularidad pública a "los terrenos que se unen al terreno marítimo-terrestre por accesiones o aterramientos producidos por causas naturales". Según este decreto, aprobado en abril de 1969, los millones de metros cúbicos de isla nuevos formados a raíz de la acumulación de magma en la costa de La Palma pasarían a ser patrimonio del Estado, mientras que los propietarios de las fincas solo tenían derecho a poseer la lava que se acumulaba en su terreno.

Sin embargo, fueron los Cabrera los que acabaron ostentando la titularidad de las nuevas tierras. Como explica el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, el contrato que tenían establecía que la propiedad lindaba con la ribera del mar, "así que al crecer este límite, el nuevo suelo pasó a formar parte de los dueños". El caso, no obstante, no acabó ante los tribunales al no existir reclamación contra la familia.

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Ahora bien, esta situación sería impensable en el caso del Cumbre Vieja. Como indica Luis H. Giudicelli, de Morín Hernández Abogados, esta anomalía se dio porque el contrato era "abstracto y difuso" y no existía la Ley de Costas. Actualmente, no tiene dudas de que el nuevo terreno pasaría a formar parte del dominio estatal, ya que la mencionada normativa guarda obligatoriamente un porcentaje del litoral para dominio público, "lo que incluye el nuevo suelo volcánico formado por la erupción".

Un volcán de propiedad privada

¿Qué ocurre si el terreno donde surge el volcán es suelo privado? En este caso, Ignacio Rodríguez de la Riva, socio en De la Riva y Pastor Abogados, señala que se aplica el derecho de accesión, una figura del Código Civil que establece que cualquier elemento que se incorpora a un terreno de forma artificial o natural pasa a formar parte de la finca. Así que, como resume el letrado: "Si aparece en tu finca un volcán, es tuyo".

Si el volcán surge en suelo privado, pasaría a ser propiedad del titular de la finca

Lejos de ser una cuestión hipotética, se trata de una caso real que protagoniza, de nuevo, el Teneguía, perteneciente a la citada familia Cabrera. "El volcán nació en una finca privada y sigue siendo privado", narra Alonso. "Desde entonces, hemos querido comprarlo, pero 50 años después seguimos en las mismas porque desde la Administración no tenemos recursos. La familia quiere venderlo, pero de momento no ha podido ser".

Que sea de titularidad privada no implica que la familia tenga la última palabra sobre el terreno. Como indica el regidor, en los años noventa, el Gobierno decretó toda la zona afectada por la erupción como protegida y aunque la finca (y consecuentemente el volcán) sigue siendo propiedad de la familia, la Administración puede tomar decisiones sobre el terreno, siempre y cuando estén destinadas a su protección y defensa.

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Compartir la titularidad puede ser una buena solución, en la medida en que los intereses de ambas partes coincidan. Pero de no ser así, Rodríguez de la Riva indica que la Administración podría, en último caso, expropiar el territorio si existe una utilidad pública e interés social. "Por ejemplo, si la Administración quiere crear un parque natural o un espacio destinado al turismo del lugar". Se trata pues de dos consideraciones que, a su juicio, se cumplen en este caso.

No es el único volcán situado en terreno de dominio privado. El volcán de Santa Margarita, situado en el municipio de Santa Pau (Girona), se encuentra en el Parque Natural de la Garrocha, cuya extensión pertenece en un 98% a particulares.