Se busca falso autónomo por 600€: un limbo legal permite publicar ofertas de empleo ilícitas

La oferta de empleo fue publicada en Infojobs el pasado 11 de julio. En ella, un despacho de abogados de Orihuela (Alicante) indica que busca incorporar de forma inmediata a un letrado con, al menos, un año de experiencia y capacidad de gestionar a entre una y cinco personas a cargo. El puesto, con horario de jornada completa, requiere, eso sí, que el profesional esté dado de alta como autónomo. Su retribución sería de entre 600 y 900 euros mensuales.

Esta propuesta provocó la indignación de Pere Vidal, letrado laboralista y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que la valoró así a través de su cuenta de Twitter: "Debería darles vergüenza publicar esta oferta de #FalsoAutónomo precarizado". Un comentario que fue respondido por muchos colegas y estudiantes de Derecho que compartían el enfado, no solo por unas condiciones que interpretaban contrarias a la legislación, sino porque estas fueran planteadas, para más 'inri', por un despacho de abogados. "Tipo de contrato: autónomo a jornada completa. #ConUnPar", remataba el también laboralista Fabián Valero.

El de este bufete "no es un caso aislado", explica en conversación con El Confidencial Vidal, que no se ha limitado a indignarse, sino que ha decidido pasar a la acción. A través del portal Osoigo.com, el letrado ha lanzado una iniciativa para promover que se modifique la legislación laboral y se sancione a los portales de empleo que publican ofertas de trabajo ilegales. De momento, lleva casi 90 firmas de las 500 que son necesarias para dirigir una pregunta al Parlament de Cataluña. Si el movimiento fuera un éxito, podría plantearse ir más allá y dirigir la cuestión al Congreso de los Diputados; para ello, se requieren 1.500 adhesiones.

"El problema", explica el texto que describe la iniciativa, "es que este tipo de ofertas se publican en portales 'online' como Infojobs, LinkedIn o incluso en los colegios de abogados", y estos portales o instituciones "no realizan ni siquiera un mínimo control previo de legalidad de lo que están publicitando, más allá de las abiertamente discriminatorias" (como que excluyan a mujeres o a las personas de una determinada edad o raza). "Porque una cosa es que una oferta laboral sea ilegal o precaria de forma encubierta y no esté en manos del portal poder gestionarlo, pero otra bien distinta es publicitar una oferta claramente ilegal", expone la propuesta (cuyo contenido íntegro puede consultar aquí). Todo ello, concluye, con la agravante de que algunos de estos portales, como Infojobs, cobran por su difusión; "es decir, están obteniendo un rédito económico por publicar ofertas de trabajo ilegales".

Sin cobertura legal

A pesar de que el artículo 15.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos) tipifica como "muy grave" el dar "publicidad por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo que no responden a las reales condiciones del puesto ofertado, o que contengan condiciones contrarias a la normativa de aplicación", Vidal explica que el problema es que la ley no contempla los portales de empleo como figuras sometidas a la norma. Sí constan los empresarios, las agencias de colocación, las ETT y las empresas usuarias, pero nada dice su artículo 2, que regula los "sujetos responsables de la infracción", de las webs y plataformas intermediarias.

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Esto provoca, en opinión del letrado, que los portales se encuentren en una suerte de limbo legal porque, a pesar de participar en el mercado laboral difundiendo la oferta, no están sometidos a responsabilidad alguna. Así, en caso de que se produjera una denuncia contra Infojobs por un anuncio como el mencionado, razona Vidal, esta "tendría muchos números para quedar en nada" porque no se cumple el principio de tipicidad. "El descaro con que se publican ofertas así denota la falta de control que hay en este asunto", remata.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, señalan al respecto que la Inspección de Trabajo actúa cada vez que detecta una oferta que no cumple la normativa laboral vigente. Eso sí, las acciones se dirigen contra la empresa que ha abierto el proceso de selección y "tan solo podrían tomarse medidas contra el medio que está publicando esa oferta si este actuase como agencia de colocación". Es decir, si cumpliera las funciones de intermediario laboral de conformidad con el texto refundido de la Ley General de Empleo. La norma define como intermediación las acciones "que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo" para proporcionarles "un empleo adecuado a sus características", definición que no alcanza a las plataformas, que, más allá de alojar la oferta, no llevan a cabo ninguna acción en positivo para conectar a empleador y empleado.

El Ministerio de Trabajo admite que solo puede actuarse contra el portal de empleo si actúa como agencia de colocación

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), confirma que, en la actualidad, no existe un mecanismo legal que permita actuar contra los portales si se trata de ofertas que son ilegales, pero no discriminatorias. El modo de proceder con quien difunde estos procesos de selección es solicitar su retirada una vez confirmada la actuación infractora de la empresa y la respuesta, asegura, es de colaboración. En todo caso, y aunque admite que una mayor implicación de las plataformas sería bien recibida, plantea la duda de si se les puede atribuir una función de vigilancia de la legalidad de las ofertas, una competencia que corresponde a la Inspección de Trabajo. "En lo que sí debemos insistir es en que las personas que vean este tipo de anuncios, si creen que son ilegales, que lo denuncien. Pero no a través de perfiles en redes sociales, sino dirigiéndose directamente a nosotros, bien a través de una comunicación anónima o una denuncia formal", expone Ercoreca.

Infojobs defiende sus filtros

Las condiciones públicas que expone Infojobs en su web, en efecto, hacen hincapié en evitar las propuestas discriminatorias. "No aceptamos ninguna oferta que discrimine a las personas por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social", indica el portal. Tampoco admiten, entre otros anuncios, los que soliciten a los candidatos realizar algún tipo de pago, que estén promocionados por empresas piramidales o que estén vinculados con la industria del entretenimiento para adultos o el ocio nocturno.

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No obstante, Mónica Pérez, directora de Comunicación de Infojobs, va más allá y asegura a El Confidencial que solo admiten "ofertas de contratos legalmente válidos". Para ello, cuentan con un equipo que "revisa" todos los anuncios "antes de publicarse en el portal, a través de un sistema de filtros". También existe un procedimiento de revisión aleatoria posterior, así como un sistema de alertas de los propios usuarios, e Infojobs tiene guías que instruyen a los demandantes de empleo para detectar propuestas "sospechosas". Si una publicación logra esquivar todos estos filtros, cuando es descubierta, es dada de baja y se contacta con la empresa autora de la misma para comprobar si se trata de un error o si, efectivamente, incumple la normativa.

La 'tercera vía'

¿Es necesario ir más allá y legislar sanciones para la publicación de ofertas de empleo con condiciones ilícitas? Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, recela y subraya los riesgos de imponer a las plataformas un excesivo celo en la vigilancia de sus contenidos. En la actualidad, detalla, la Directiva de Comercio Electrónico y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que la traspone exoneran de responsabilidad a los portales, solo exigiéndoles la retirada de aquellas publicaciones que fueran claramente ilegales de que tuvieran conocimiento.

Borja Adsuara: "La exoneración de responsabilidad es lo que ha permitido el desarrollo de las plataformas"

El peligro de una propuesta como la planteada por Pere Vidal, señala el experto, es convertir a los intermediarios en medios de comunicación, que son responsables de todas sus publicaciones, por lo que llevan a cabo una "censura previa" de los contenidos. "Precisamente, la exoneración de responsabilidad es lo que ha permitido crecer a las plataformas", por ello Adsuara propone una suerte de 'tercera vía' entre la exención total y la sanción por la mera publicación. "Es exagerado imponer que la presencia de un contenido ilegal conlleve, directamente, una multa contra el portal. Sin embargo, no resultaría excesivo regular un régimen por el cual, si se notifica una publicación ilícita y los responsables no la borran, entonces sí exista una infracción", detalla.

Esta fórmula, en todo caso, podría provocar que las webs adoptaran una actitud demasiado defensiva y optaran por borrar cualquier contenido que pudiera resultar mínimamente sospechoso. Por ello, el jurista completaría el sistema con un contrapeso: imponer multas también si se borran publicaciones legales. "Esto serviría para introducir algo de presión a los responsables de los portales, que tendrían que mojarse, y se evitarían además restricciones injustificadas de la libertad de expresión", concluye Adsuara.