Pasar por un mediador antes de ir a juicio: así es la ley que quiere desatascar los tribunales

Se dice que los jueces son uno de los primeros detectores de las recesiones económicas. Al fin y al cabo, las crisis financieras vienen acompañadas de un aumento de los litigios, como reclamaciones por impagos, desahucios o despidos. De cara a aliviar la eventual avalancha de pleitos que se prevé para los próximos meses, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado el anteproyecto de ley de eficiencia procesal. La propuesta, que se prevé sea aprobada a principios de 2022, incluye muchas novedades, pero hay una que es de especial relevancia: la obligatoriedad de pasar por medios alternativos de resolución de conflictos antes de interponer una demanda.

De publicarse tal y como está (ahora se encuentra bajo revisión del Congreso de los Diputados, que podrán presentar las enmiendas que estimen oportunas), el ciudadano que quiera acudir a los tribunales tendrá que probar antes que ha intentado llegar a un acuerdo amistoso con la otra parte. De no hacerlo, el juez podría rechazar tramitar la demanda. Esta condición, no obstante, está limitada a los litigios dentro de la jurisdicción civil (es decir, arrendamientos, divorcios, contratos, sucesiones, etcétera).

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"La ley ya permite solucionar conflictos civiles por mediación y otras vías, pero en la práctica no son métodos que se usen con frecuencia", subraya Pablo Berenguer, director de la práctica de resolución de litigios comerciales en Bird & Bird, que opina que la medida es una buena solución para descargar de trabajo a los jueces. Y no solo porque fuerza a las partes a intentar llegar a un pacto amistoso, sino porque, además, ayuda a fomentar la cultura de la negociación y la resolución amistosa de conflictos. "Además, cambiará la forma de trabajar de los letrados muy acostumbrados al pleito, que vinculan sus honorarios al éxito de un juicio", apostilla.

No obstante, el abogado señala que el texto no obliga a resolver las controversias por medios alternativos, sino a intentarlo. "Si no se alcanza un acuerdo, se puede ir a juicio", recuerda.

Además, la propuesta agrega que el cumplimiento de este requisito "tendrá un impacto positivo en la tasación de costas de un futuro proceso judicial". Por lo general, el que pierde en un juicio suele ser condenado a afrontar los gastos relacionados con el juicio en que incurre la parte contraria, como notificaciones, tasas o los honorarios del letrado. Sin embargo, con la nueva ley, el juez valorará la predisposición negociadora de las partes y premiará a quien hubiera intentado llegar a un acuerdo amistoso "incluso si pierde el pleito", destaca Berenguer.

¿Qué vale y qué no?

Ahora bien, ¿a qué vía de resolución debe recurrirse? "A cualquiera, el documento no concreta ninguna", resume el letrado, y explica que la propuesta legislativa habla con carácter general de medios alternativos para solucionar conflictos y no fija una vía específica. Valdría incluso demostrar que los abogados de cada parte han intentado llegar a un pacto amistoso que no ha sido posible. En todo caso, el letrado confía en que en el periodo de enmiendas se afine este extremo.

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Sí que se mencionan, no obstante, algunos métodos a modo de ejemplo, como la mediación y el arbitraje. El primero consiste en que un tercero independiente, que no necesita una formación específica, escucha los intereses de ambas partes y les sugiere una solución. En caso de que alguna de las partes no estuviera de acuerdo con lo propuesto, podrían resolver sus discrepancias ante un juez, pero en ningún caso lo discutido ante un mediador puede ser utilizado en juicio.

Por otro lado, el arbitraje es más similar a un proceso judicial, ya que se requiere de un profesional titulado (el árbitro) que trata el asunto y al final dicta un laudo, que es similar a una sentencia. La ventaja de esta vía es que los laudos son privados, al contrario que los fallos judiciales, por lo que las partes ven preservada la confidencialidad del caso.

La propuesta habla con carácter general de los medios alternativos y no fija una vía específica

El texto también sugiere otras vías alternativas que aún no son muy conocidas en España, como la opinión neutral de un experto independiente. Un método que, como señala el letrado, está más desarrollado en Estados anglosajones, "aunque es cuestión de tiempo que gane fuerza en nuestro país".

Impulsar los juicios 'online'

Asimismo, el anteproyecto pretende acelerar aún más la digitalización de los tribunales dando un impulso a los juicios 'online'. En este sentido, establece la preferencia de los interrogatorios y las declaraciones de testigos por medios telemáticos cuando estos no residan en el partido judicial.

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Por otro lado, y también dentro de la jurisdicción civil, el anteproyecto propone ampliar los supuestos en que se pueden dictar sentencias orales, siempre y cuando intervengan letrados y posteriormente se documente por escrito la resolución. "Son más rápidos porque no hay que esperar a que se redacte el fallo", resume Berenguer. Así, la ley propone que se resuelvan por juicio verbal todos aquellos procedimientos que impliquen una cuantía de al menos 15.000 euros (actualmente, el límite son 6.000).

Por último, el texto introduce un nuevo modelo de tramitación de conflictos denominado 'procedimiento-testigo'. Está diseñado para resolver pleitos masa en los que se ejerciten muchas acciones individuales prácticamente idénticas relativas a condiciones generales de contratación (como puede ser los conflictos con cláusulas suelo o tarjetas 'revolving'). De esta forma, cuando se dé un caso de estas características, el juez podría elegir un único procedimiento que se tramitará con carácter preferente. Mientras, se suspenderían los que sean idénticos del resto. Una vez que se dicte sentencia firme, los afectados podrán solicitar la extensión de los efectos del fallo de referencia.