Los grandes despachos asumen el reto de integrar a las personas con discapacidad

Andrei Nicolae es de origen rumano. Con nueve años, aterrizó en España junto a su familia. Ahora tiene 23, vive en Coslada y está prometido. El 14 de octubre de 2019 —conserva la fecha grabada a fuego en su memoria— entró a trabajar en Deloitte Legal. "Empecé con unas prácticas y, tras seis meses, me contrataron", relata. Según cuenta, ese primer contrato de trabajo, como auxiliar administrativo, ya era para él todo un logro. Meses más tarde, Fernando Bazán, socio de laboral de la firma, le animó a dar un paso más en su carrera y prepararse para poder ayudar en cuestiones legales. "Fernando me dijo que por qué no me planteaba sacarme el título de asistente jurídico. Yo le respondí: '¡Uf! No sé... no te prometo nada". Con el tiempo, sin embargo, esa inseguridad se fue diluyendo, gracias al ánimo que también le insuflaron su prometida y su tutora en Deloitte Legal, Olga Rodríguez. "Recuerdo que Olga me preguntó si estaba seguro y le respondí: 'Nunca he estado más seguro". Andrei tiene una discapacidad intelectual, pero eso no le impidió tomar la decisión de estudiar Derecho.

Andrei es uno de los siete alumnos que, en unas semanas, terminarán el primer año del Curso de Asistente Jurídico para Personas con Discapacidad Intelectual puesto en marcha por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y codirigido por Marta Albert y Mabel López. Junto a sus compañeros, conforma la primera promoción de este título, que tiene una duración de dos años. "Hay una parte de la formación que es teórico-práctica, pero luego hay otra muy importante de 'soft skills' o habilidades blandas; trabajamos la seguridad en uno mismo, la confianza o la capacidad de hablar en público. Desarrollar estas capacidades es esencial con las personas con discapacidad", explica Silvia Organista, coordinadora del grupo de trabajo Di-Capacidad de la Fundación FIDE.

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Para Mabel López, uno de los aspectos más relevantes es la asunción por parte de los alumnos de que son ciudadanos de pleno derecho. "Las personas con discapacidad nunca han elegido la formación a la que pueden optar. Se les predetermina a ser jardineros, limpiadores u ordenanzas, pero jamás se les ha ofrecido hacer una titulación cualificada. Impresiona y emociona ver cómo, conforme van estudiando, además de prepararse para una profesión, van tomando conciencia de sus derechos", describe. En Europa y en la mayoría de países de nuestro entorno, no existe un curso como este. Según un estudio preliminar elaborado por la propia URJC, solo en Chile se ha habilitado una programa similar.

Una iniciativa de varios bufetes

El grupo de trabajo de FIDE nació hace tres años fruto de la iniciativa de varios bufetes que querían mejorar la incorporación de personas con discapacidad en sus plantillas. Su objetivo, en palabras de Fernando Bazán, era doble. Por un lado, no limitar la función de estos profesionales en las firmas a tareas administrativas, sino integrarlos, en la medida de sus posibilidades, en la labor esencial de la firma: la jurídica. Y, por otro, que ellos mismos percibieran los despachos como un destino laboral al que pueden aspirar. "Queríamos transmitir que estos perfiles diversos tienen posibilidades también en el sector legal. Somos conscientes de que prácticamente ninguno de ellos se plantea echar un currículo en un bufete y lo que queremos es gritar al mercado que sí, que aquí hay oportunidades", relata.

Fernando Bazán (Deloitte Legal): "Queremos gritar al mercado que en los despachos hay oportunidades para estos perfiles"

Deloitte Legal es solo una de la veintena de firmas que se han ido adhiriendo al grupo de trabajo. También forman parte del mismo Allen & Overy, Andersen, Ashurst, Atienza Asesores, Auren, Baker McKenzie, Broseta, Clifford Chance, Cuatrecasas, DLA Piper, Ejaso ETL Global, Elzaburu, FTI Consulting, la Fundación Fernando Pombo, Gómez-Acebo & Pombo, Garrigues, King & Wood Mallesons, KPMG Abogados, Linklaters, Pérez-Llorca, PwC Tax & Legal, Ramón y Cajal Abogados, y Uría Menéndez. "No es habitual ver a 20 despachos remando en la misma dirección. Queremos visibilizar esta iniciativa", remarca Bazán.

El título de asistente jurídico es el segundo gran hito del proyecto. El primero fue la elaboración y publicación de la 'Guía de buenas prácticas para la incorporación y desarrollo profesional de las personas con discapacidad en los despachos de abogados'. Las firmas que la suscribieron se comprometían a tomar medidas para favorecer la integración de este tipo de perfiles, así como visibilizar su labor en el seno de las firmas.

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"Nos dimos cuenta de que había que retroceder un paso. No podíamos hablar de integración de personas con discapacidad en los bufetes si quienes llegaban a los despachos solo sabían tareas administrativas. Así que decidimos dar marcha atrás y dirigirnos a quien debe proveer de profesionales a las firmas: la universidad", señala Silvia Organista. La Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Esfera, organización dedicada a la gestión de centros y servicios para la atención a la diversidad, recogieron el guante y pusieron en marcha el primer título. Pero, según relatan desde FIDE, ahora hay otros centros universitarios que han mostrado su interés por un curso de estas características, como la Udima, la Carlos III de Madrid, el CEF o Deusto. "Queremos llamar la atención de cuantas más instituciones mejor", explica Organista.

Acto de clausura

El próximo 17 de junio, la URJC, la Fundación Esfera y el grupo Di-capacidad de FIDE celebrarán el acto de clausura del primer año del título de asistente jurídico, al que asistirán Andrei Nicolae y sus siete compañeros. Entre ellos se encuentra Jéssica Molina, alumna becada por la Fundación Profesor Uría (que financió el curso completo, con un coste de 8.500 euros) y que, si así lo desea, podrá cursar sus prácticas en la firma. "Hasta su posible incorporación, hacemos seguimiento de su desarrollo cada seis meses", expone Óscar Parreño, responsable de RRHH en Uría Menéndez.

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Durante este primer año, los estudiantes han aprendido habilidades relacionales y de comunicación, estrategias de aprendizaje, organización y planificación, y expresión corporal, y han dado sus primeras asignaturas jurídicas. A partir del próximo curso empieza el grueso de las materias de derecho, entre otras, trabajo, empleo y servicios sociales; medidas tributarias; refuerzo de contenidos jurídicos, o manejo de bases de datos jurídicas. Además, en el segundo año, los alumnos deberán realizar unas prácticas de 60 horas en un bufete. El objetivo es que, cuando acaben su formación, los estudiantes puedan hacer tareas de "auxiliar de abogado", describe Óscar Parreño.

Tras las clases, de 9:00 a 13:30 —y que se imparten en el campus de la URJC de Manuel Becerra—, Andrei entra a trabajar en la Torre Picasso, sede de Deloitte Legal. "Hay días que me cuesta un poco eso de llegar a casa, cenar y tener que ponerme a estudiar. El esfuerzo está siendo grande", reconoce, sin querer tampoco lamentarse demasiado. "La fortaleza y la capacidad de esfuerzo de estas personas ya las querría yo para muchos abogados. Lo que ellos nos pueden aportar es muchísimo", resume Bazán.